Esquema de aseo, con nuevas condiciones

Esta nueva licitación, que contempla contratos a ocho años y que suman inicialmente $4,8 billones, obliga a los operadores no sólo a recoger la basura y trasladarla al relleno de Doña Juana, sino a responder por la poda de césped y árboles de áreas públicas, mejorar las frecuencias de recolección, aumentar la limpieza en las calles y contrarrestar la contaminación visual borrando grafitis en zonas no autorizadas y desmontando pendones o vallas. En cuanto al barrido de calles, la idea es pasar de barrer 186.000 km a 277.000.

Sumado a estas tareas, los concesionarios que resulten electos deberán crear un plan de recolección de llantas, material de construcción, muebles y demás desechos que dejan los ciudadanos en los espacios públicos. Además, tendrán que instalar contenedores para mejorar la separación de material reciclable de los desechos tradicionales. Para este último punto, la licitación contempla que la ciudad tenga un contenedor por cada 2.500 habitantes, ubicados en lugares claves de recolección y de fácil alcance para los recicladores de oficio, quienes en el nuevo esquema no recibirán pagos del Distrito por prestación de servicios, sino que serán los usuarios -vía factura y por medio de los operadores- quienes pagarán por su trabajo.

Finalmente, se contempla la renovación de la flota de camiones recolectores y la recolección de basuras en las zonas rurales, clasificadas en zona Norte, Sumapaz y Cuenca del río Tunjuelo, en las que están involucradas ocho localidades y en las que habitan alrededor de 16.800 personas.

Con la apertura de la licitación se espera que para noviembre, antes de que empiece a regir la ley de garantías, el nuevo esquema esté adjudicado de tal forma que para el próximo año comience su operación. De las cinco zonas establecidas, quizás una de las que contará con mayor número de oferentes será la que se encargará de ocho localidades en el suroccidente y que cubre el 30 % de la ciudad, ya que la remuneración del contrato será casi de $200.000 millones anuales. Por su parte, la segunda más atractiva será las de las siete localidades del borde oriental de la ciudad, en la que vive el 20 % de la población y contempla una remuneración cercana a los $130.000 millones anuales.

Con este modelo, según la administración, se quiere lograr una prestación del servicio “adecuado a los estándares internacionales; modernizar el mobiliario urbano de aseo, fortalecer la cultura ciudadana implementando el reciclaje y aprovechamiento sostenible, y generar estrategias para que sectores de la industria y otros actores de la cadena, utilicen materiales aprovechables en sus procesos”.

Esta nueva licitación, que contempla contratos a ocho años y que suman inicialmente $4,8 billones, obliga a los operadores no sólo a recoger la basura y trasladarla al relleno de Doña Juana, sino a responder por la poda de césped y árboles de áreas públicas, mejorar las frecuencias de recolección, aumentar la limpieza en las calles y contrarrestar la contaminación visual borrando grafitis en zonas no autorizadas y desmontando pendones o vallas. En cuanto al barrido de calles, la idea es pasar de barrer 186.000 km a 277.000.

Sumado a estas tareas, los concesionarios que resulten electos deberán crear un plan de recolección de llantas, material de construcción, muebles y demás desechos que dejan los ciudadanos en los espacios públicos. Además, tendrán que instalar contenedores para mejorar la separación de material reciclable de los desechos tradicionales. Para este último punto, la licitación contempla que la ciudad tenga un contenedor por cada 2.500 habitantes, ubicados en lugares claves de recolección y de fácil alcance para los recicladores de oficio, quienes en el nuevo esquema no recibirán pagos del Distrito por prestación de servicios, sino que serán los usuarios -vía factura y por medio de los operadores- quienes pagarán por su trabajo.

Finalmente, se contempla la renovación de la flota de camiones recolectores y la recolección de basuras en las zonas rurales, clasificadas en zona Norte, Sumapaz y Cuenca del río Tunjuelo, en las que están involucradas ocho localidades y en las que habitan alrededor de 16.800 personas.

Con la apertura de la licitación se espera que para noviembre, antes de que empiece a regir la ley de garantías, el nuevo esquema esté adjudicado de tal forma que para el próximo año comience su operación. De las cinco zonas establecidas, quizás una de las que contará con mayor número de oferentes será la que se encargará de ocho localidades en el suroccidente y que cubre el 30 % de la ciudad, ya que la remuneración del contrato será casi de $200.000 millones anuales. Por su parte, la segunda más atractiva será las de las siete localidades del borde oriental de la ciudad, en la que vive el 20 % de la población y contempla una remuneración cercana a los $130.000 millones anuales.

Con este modelo, según la administración, se quiere lograr una prestación del servicio “adecuado a los estándares internacionales; modernizar el mobiliario urbano de aseo, fortalecer la cultura ciudadana implementando el reciclaje y aprovechamiento sostenible, y generar estrategias para que sectores de la industria y otros actores de la cadena, utilicen materiales aprovechables en sus procesos”.