Un año y tres meses han pasado desde que el juez 27 con función de control de garantías envió a La Picota al mayor Andrés Alberto Salazar y a los patrulleros Fabián Mauricio Castillo Bernal y Erwin Stid Quintero, por considerarlos un peligro para la sociedad. Ellos son procesados como presuntos responsables del secuestro de un comerciante de San Andresito, para robarle $753 millones que llevaba en una maleta. No obstante, el proceso se ha visto envuelto en una serie de dilaciones, audiencias aplazadas y hasta un exilio.
Lo complejo en este punto es que, a pesar de que la Fiscalía tenía el doble del tiempo para acusar a los procesados, no lo ha hecho y el pasado 13 de julio (transcurridos 244 días sin dicho trámite), el juez primero penal de Bogotá ordenó la libertad de los dos patrulleros, por vencimiento de términos.
Al respecto, el abogado Juan Manuel Sáenz de Brigard, representante del comerciante (víctima del secuestro y el robo, en enero de 2021), explicó las demoras, dijo que su cliente tuvo que irse del país por seguimientos y amenazas, y que la otra persona involucrada está prófuga.
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¿Por qué decidieron darles la libertad a los dos uniformados?
Desde que les impuso medida de aseguramiento, la Fiscalía tenía un año para llevarlos a juicio, pero en septiembre pasado, cuando se iba a celebrar la audiencia de acusación, el abogado de los policías interpuso un incidente de nulidad, al considerar que se les había violado el debido proceso. El Tribunal Superior de Bogotá se demoró seis meses resolviendo el recurso sobre la nulidad. En marzo pasado, negó las pretensiones de defensor.
¿Y cuándo piden la libertad?
Como había pasado tanto tiempo, la defensa pidió libertad por vencimiento de términos, la cual fue negada en primera instancia, luego apelada y finalmente concedida por el juez primero penal de Bogotá, quien dijo que las personas privadas de la libertad no tienen que sufrir el retraso en la justicia.
¿La Fiscalía puede evitarlo? ¿Se puede apelar la decisión?
La Fiscalía podría nuevamente solicitar una imposición de medida de aseguramiento, pero hay que esperar a ver cómo se procede.
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¿A cuántas personas procesan por los delitos contra su cliente?
Son tres las personas privadas de la libertad: el mayor Salazar, que era el comandante del GOES (Grupo de Operaciones Especiales), de Bogotá, en servicio activo para la fecha de los hechos, y dos patrulleros, que estaban adscritos al esquema de seguridad de Juan Carlos Granados, magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Los patrulleros fueron los que recobraron la libertad, pues el mayor tiene otro abogado, quien no ha activado ese recurso.
¿Temen que pueda hacerlo?
Sin lugar a dudas lo va a intentar, porque la situación que tuvieron los patrulleros es la misma del mayor. Entonces no habría por qué tener una consideración diferente, pues lo que aquí se tiene que analizar es el tiempo que ha transcurrido. Es una situación que muy probablemente va a ocurrir, teniendo en cuenta que la Fiscalía va a acusarlos por secuestro simple y hurto calificado agravado.
¿Cómo recibió su cliente la noticia de la libertad de los uniformados?
Mi cliente tuvo que salir del país hace unos meses, a causa de unos seguimientos que le estaban haciendo unas personas en motocicleta. Con las víctimas, tanto al que secuestraron y le robaron el dinero como el dueño del dinero, estamos tramitando una medida de protección ante la Fiscalía, porque mi cliente fue víctima de amenazas. No sabemos si provengan de ellos, pero él dice que este es el único problema que tiene.
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¿Qué medidas están adoptando?
Los que estamos involucrados en el proceso estamos en máxima alerta, pues es claro que estas personas hacen parte de una industria criminal que se dedica a utilizar el uniforme de la Policía para cometer crímenes y conoce cómo operan las organizaciones, porque hacían parte de la fuerza pública. El mayor era el comandante del GOES de Bogotá.
¿Se sienten en riesgo?
No estamos hablando de cualquier persona ni de cualquier criminal. Estamos hablando de personas entrenadas por el mismo Estado para actividades contraterroristas, que pusieron sus conocimientos al servicio de una empresa criminal para atacar a la ciudadanía. Eso nos pone en una situación de altísimo riesgo y alerta por lo que pueda suceder.
¿Han hablado con la Policía sobre los seguimientos?
Todo está en conocimiento de la Fiscalía y estamos tramitando una medida de protección para prevenir cualquier situación.
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¿Qué puede ocurrir con los dos patrulleros que quedaron libres?
Está el temor de que no se presenten a las audiencias. El temor es que a mis clientes les suceda algo o que puedan interferir de alguna manera en la destrucción de elementos de prueba. Ese es el riesgo. Esperemos que la Fiscalía tome medidas para proteger la vida de esos testigos.
¿La Fiscalía sabe si participó alguien más, además de los tres capturados?
Sí, de hecho, hay una persona fugitiva y no se pudo capturar, porque evadió el cerco que la policía le realizó en su momento.
¿Y qué ha pasado en su caso?
La orden de captura sigue vigente, pero las autoridades no le han dado captura, a pesar de que está plenamente identificada. Se fugó de Bogotá y la Policía no ha podido volver a dar razón de esa persona.
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