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Casi cinco años después de que a Bogotá la sacudiera el atentado en el centro comercial Andino, que dejó tres personas muertas y otras nueve heridas, las autoridades siguen con una deuda pendiente para hacer justicia por ese hecho. Y es que por ese hecho, ocurrido el 17 de junio de 2017, fueron capturadas y judicializadas once personas a quienes la Fiscalía General de la Nación señaló de ser los responsables del atentado.
Los sospechosos, capturados ocho días después de la explosión (25 de junio), fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario tras la orden de los jueces de control de garantías. Ante los lentes de las cámaras de los noticieros quedaron registrados sus rostros y nombres y, para la Fiscalía y la Policía, las pruebas encontradas en la investigación eran “contundentes”.
Sin embargo, con el paso de los meses y de los años, la contundencia de esos señalamientos se fue desmoronando ante los tribunales. Tan es así, que a marzo de 2022 los once imputados por ese acto terrorista se encuentran en libertad por vencimiento de términos debido a que pasó el tiempo estipulado por la ley para que iniciara el juicio en su contra.
Estos escenarios se repiten con frecuencia en los estrados judiciales: procesos que no avanzan, pruebas que son más fuertes en los medios que en las audiencias y judicializaciones que quedan en el letargo del sueño de los justos. Pero, ¿por qué pasa esto? Para responder esta pregunta, El Espectador le explica cómo es el proceso para procesar a los ciudadanos ante la justicia y también le lleva los conceptos de dos expertos para entender cuáles son los errores de la Fiscalía que pueden llevar a que un caso se caiga, no avance o sea nulo.
¿Qué es el sistema penal oral acusatorio?
Desde 2005, en Colombia los procesos judiciales se rigen a través de un sistema penal oral acusatorio, luego de que entrara en vigor la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal). Bajo este procedimiento, la forma de juzgar a una persona por la comisión de un delito se hace basado en la oralidad, en que las actuaciones son de carácter público y en la transparencia para garantizar la agilidad y la efectividad.
Las principales características de este sistema procesal se basan en el principio de igualdad en el que la Fiscalía (quien investiga y acusa) y la defensa (que vela por los intereses del acusado) tienen las mismas garantías ante un juez imparcial para buscar una condena o una absolución. Así como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, las garantías procesales y la participación de las víctimas en los procesos.
Por otro lado, las funciones de investigar, acusar y juzgar están a cargo de entidades distintas -a diferencia de sistemas como el inquisitivo en el que esas funciones están a cargo de la misma autoridad-, es decir que la Fiscalía investiga y acusa y, por otro lado, un juez es quien juzga, decide la suerte procesal del acusado y también autoriza órdenes de captura y de allanamientos.
No obstante, todas las actuaciones en los procesos penales están sujetas a verificación y revisión para garantizar que a los ciudadanos no se les vulneren sus derechos. Es allí donde adquieren mayor relevancia que en las capturas (en flagrancia o por orden judicial) no haya uso excesivo de la fuerza, que se le comuniquen los derechos al capturado y que no pueda estar más de 36 horas privado de la libertad sin que se haya legalizado la captura. Y, por otro lado, que cuando los procesos estén en etapa de investigación o de juicio se respete el debido proceso. A esto también se suma la carga de procesos que tienen los fiscales, lo que hace humanamente imposible que pueda atender todos los casos de manera óptima.
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El Espectador habló con dos abogados penalistas. Aydeé Acevedo Santos, defensora pública, y Jesús Albeiro Yepes Puerta, de la firma Jesús Yepes Abogados, sobre los errores más comunes que se presentan en las fases de los procesos penales en Colombia y posibles caminos para solucionarlos. Esto dijeron.
¿Cuál es el error más común que comete la Fiscalía en los procesos penales?
Aydeé Acevedo: Hay dos factores fundamentales: uno, actualmente la falta de conocimiento de los fiscales en cuanto a las técnicas del sistema penal oral acusatorio. Muchos de ellos las desconocen por completo. Otro punto débil es que no tienen suficientes investigadores: a veces hay uno para diez fiscales. Y así, ¿qué investigación oportuna, ágil y profesional se puede hacer? Por eso hacen investigaciones bastante burdas y con eso pretenden ganar un juicio. Donde hay vacíos es por donde atacan los defensores públicos y es por falta de investigación y de profundización. Además, en los casos mediáticos, en ocasiones, la Fiscalía quiere dar resultados rápidos y por eso dañan una investigación, por no tener bases importantes para que su caso sea confiable en juicio.
Jesús Albeiro Yepes: En este punto es donde está el verdadero problema del sistema judicial: la improvisación y la falta de preparación de los casos y de la objetividad que se tiene en esa labor. No se preparan bien y no hacen un control para el contenido investigativo ni sobre la preparación de los funcionarios. A veces la Fiscalía piensa más en la noticia que en el valor de la justicia misma. Y esa ineficiencia repercute en un daño a los ciudadanos, a la sociedad y a la administración de justicia.
¿Dónde cree que esté la falla en las capturas en flagrancia?
A.A: El primero, que en Colombia no hay una policía de vigilancia debidamente capacitada para realizar capturas. Debe haber una capacitación continua a la policía, pero en Colombia no se hace. En segundo lugar, el mismo fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata, cuando conoce un caso, no es capaz de llamar al orden al policía para que le cuente lo acontecido, para ir con claridad a una imputación de cargos o a legalizar una captura. El fiscal no se entrevista con el policía que captura, pero es cierto que como vive lleno de tanto trabajo, esa situación no le da para poderlo hacer. Desde ahí empiezan los errores. Y como el policía de vigilancia no tiene esa preparación en el sitio de la captura para hacer una primera recolección de información, todo queda en su dicho, mal dicho, un dicho inflado o con situaciones que no pasaron y por eso terminan dañando la investigación y se caen las capturas.
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¿Cómo cree que se pueden corregir esas falencias?
J.Y: Cambiar el personal de las instituciones no resuelve el problema, el problema es que somos una sociedad mediocre y las sociedades así no resuelven sus problemas. No es cambiar personas, sino la cultura a una de la responsabilidad, de la transparencia y de la responsabilidad. ¿Y eso cuando se logra? Cuando cambiemos costumbres y generemos nuevas generaciones culturales. Pero por ahora, somos una sociedad mediocre, indisciplinada, incompetente y formada en el amiguismo, el arribismo y el oportunismo y eso se proyecta de arriba hacia abajo en las instituciones del Estado.
¿Considera que en Colombia se cumple con las garantías del sistema acusatorio?
A.A: Si el sistema penal oral acusatorio se cumpliera, solo el 10 % de los procesos irían a juicio. Porque primero empezaron a quitar beneficios como en la aceptación de cargos, los preacuerdos y otras figuras fundamentales para que el sistema progresara. Tantos casos que se van a juicio colapsan el sistema. Hay procesos que se pueden sacar en dos audiencias y uno como defensor público tiene la opción de hablar con el fiscal para discutir jurídicamente antes de irnos con una imputación y hacer una aceptación de cargos. Eso es legal y viable, pero hoy en día uno llega adonde un fiscal y le cierran la puerta en la cara, porque desconocen esas técnicas.
¿En su trayectoria ha conocido personas afectadas por malos procedimientos?
J.Y: En un gran número, pero no tengo cómo cuantificar, porque es un drama silencioso y casos como el caso Colmenares, en el que fui parte, hay cientos. Lo que pasa es que otros casos parecidos no logran ubicación y posicionamiento mediático, peros esos casos son más numerosos de lo que la gente imagina. La gente humilde y pobre de Colombia vive un drama por ausencia de justicia: lo digo yo que soy provinciano que vive en Bogotá.
¿Cómo definiría el sistema acusatorio para entendimiento de todos?
A.A: Es el proceso mediante el cual la Fiscalía General de la Nación es una parte y la defensa otra, el juez es un árbitro y cada una de las partes saca adelante su teoría para defender y acusar y en el que puede haber una negociación.
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