Exconcejal, tras pagar 33 meses por carrusel de contratos, ya está libre y con visa

Andrés Camacho Casado, exconcejal por el Partido de La U y condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, pagó en 33 meses una condena de 69 y, tras una decisión judicial, no solo goza de libertad condicional, sino que la semana pasada el juzgado 24 de ejecución de penas le otorgó el beneficio para salir del país.

El político, quien fue hallado culpable por favorecer ilícitamente el nombramiento de personas a quienes recomendaba en cargos del Distrito, le pidió al despacho su libertad bajo el argumento de haber cumplido las tres quintas partes de la pena, según lo establece el Código de Procedimiento Penal. El juzgado acogió sus argumentos y le exigió el pago de una caución de tres salarios mínimos legales ($2,2 millones). Una vez el exconcejal firmó el acta de compromiso, se libró la boleta de libertad cuyo auto se hizo efectivo el 30 de mayo.

Transcurrió un mes de haber quedado libre, pidió a través de su abogado que lo dejaran salir del país. La razón que esgrimió es que tiene previsto visitar a uno de sus hijos que reside en el exterior y a quien no ve desde hace más de cinco años. En efecto, la semana pasada el juzgado lo notificó del beneficio y el excabildante, aunque no ha fijado la fecha de su viaje, asegura que no durará más de una semana.

“Por supuesto que tengo previsto volver (…) No me fui cuando estaba todo el rollo, antes de ser privado de la libertad, y no lo voy a hacer ahora”, le dijo Camacho Casado a este diario, quien insistió en que los beneficios que ha recibido son legales. “Que de eso no quede duda alguna”.

El proceso

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme su condena el 2 de diciembre de 2015 por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. Los hechos a los que hace referencia la sentencia tienen lugar en 2009, cuando Camacho Casado ocupaba una curul en el Concejo de Bogotá.

Según el fallo, utilizó influencias derivadas de su cargo ante el entonces director de la Unidad de Mantenimiento Vial, Iván Alberto Hernández Daza. En provecho propio y de terceros “consiguió que la entidad pública lo favoreciera ilícitamente con el nombramiento de personas recomendadas por él en cargos de la citada unidad”. La justicia logró probar, además, que usó su calidad de concejal para beneficiar a los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez.

La investigación que derivó en su condena se desarrolló tras los acuerdos entre Camacho Casado y los también concejales Hipólito Moreno y Orlando Parada (todos de La U), “a quienes el alcalde Samuel Moreno les había delegado la designación de la Unidad de Mantenimiento Vial”.

Además, se determinó que Camacho Casado, en 2010, asignó a una persona para que recibiera del representante legal de la empresa Patria S.A. (que entonces participaba en tres licitaciones), la suma de $450 millones, de los cuales el condenado tomó $350 millones como aporte para su campaña política. Desde la imputación de cargos, en noviembre de 2013, el exconcejal aceptó su culpa. Inicialmente fue condenado a 40 meses de cárcel, pero tras resolver la apelación el Tribunal Superior de Bogotá le impuso una pena de 69 meses, de los cuales redimió cinco meses con trabajo y estudio.

Desde que se entregó a la Fiscalía, en septiembre 2014, el exconcejal estuvo recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en el noroccidente de Bogotá. En diciembre de 2016, un año después de que la Corte Suprema de Justicia confirmó su sentencia, le fue concedida la prisión domiciliaria, la cual estuvo vigente hasta mayo de este año cuando recuperó su libertad.

“He cargado con el estigma”

El exconcejal insiste en que los hechos por los cuales lo condenaron no guardan relación con casos de corrupción. “Ahí hay una cosa bien difícil: mi condena fue por tráfico de influencias, por ayudarle a conseguir trabajo a unas personas. También se incluye el cargo de cohecho impropio. No fue una coima, sino fue por unos recursos que una empresa dio a mi campaña, que decidió apoyarme”.

A su vez, reitera en que quiere pasar la página de su condena. “He pagado, he cargado con el estigma que se ha creado, he hecho absolutamente todo lo que me corresponde: en audiencias ofrecí perdón y reintegré los recursos ($300 millones). Yo lo que quiero es seguir adelante, porque el núcleo familiar se ha visto resquebrajado. Eso es lo estoy tratando de recomponer”.

Camacho Casado asegura que una vez vea a su hijo volverá al país para buscar una forma de sustento. Sin embargo, por ahora no podrá volver a la política: contra él existe una inhabilidad por 13 años para ejercer cargos públicos y, además, sobre él pesa el oscuro legado del carrusel de la contratación, un .episodio del cual la ciudad aún no se recupera. 

Caso de otros concejales condenados

Hipólito Moreno

Condena de 6 años y medio de prisión (detención domiciliaria). En noviembre de 2016 el juzgado de ejecución de penas le concedió un permiso para salir del país, entre el 9 y el 16 de diciembre de ese año, para iniciar un tratamiento médico en La Habana (Cuba). 

Orlando Parada

Sentenciado a 13 años de prisión. Permanece recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en el noroccidente de Bogotá. Redimió nueve meses de la pena por estudio y trabajo.  

Jorge Ernesto Salamanca

Purga una pena de cuatro años y dos meses en la Vigésima Estación de Carabineros de la Policía. En julio de este año, un juzgado le negó la detención domiciliaria. 

Andrés Camacho Casado, exconcejal por el Partido de La U y condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, pagó en 33 meses una condena de 69 y, tras una decisión judicial, no solo goza de libertad condicional, sino que la semana pasada el juzgado 24 de ejecución de penas le otorgó el beneficio para salir del país.

El político, quien fue hallado culpable por favorecer ilícitamente el nombramiento de personas a quienes recomendaba en cargos del Distrito, le pidió al despacho su libertad bajo el argumento de haber cumplido las tres quintas partes de la pena, según lo establece el Código de Procedimiento Penal. El juzgado acogió sus argumentos y le exigió el pago de una caución de tres salarios mínimos legales ($2,2 millones). Una vez el exconcejal firmó el acta de compromiso, se libró la boleta de libertad cuyo auto se hizo efectivo el 30 de mayo.

Transcurrió un mes de haber quedado libre, pidió a través de su abogado que lo dejaran salir del país. La razón que esgrimió es que tiene previsto visitar a uno de sus hijos que reside en el exterior y a quien no ve desde hace más de cinco años. En efecto, la semana pasada el juzgado lo notificó del beneficio y el excabildante, aunque no ha fijado la fecha de su viaje, asegura que no durará más de una semana.

“Por supuesto que tengo previsto volver (…) No me fui cuando estaba todo el rollo, antes de ser privado de la libertad, y no lo voy a hacer ahora”, le dijo Camacho Casado a este diario, quien insistió en que los beneficios que ha recibido son legales. “Que de eso no quede duda alguna”.

El proceso

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme su condena el 2 de diciembre de 2015 por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. Los hechos a los que hace referencia la sentencia tienen lugar en 2009, cuando Camacho Casado ocupaba una curul en el Concejo de Bogotá.

Según el fallo, utilizó influencias derivadas de su cargo ante el entonces director de la Unidad de Mantenimiento Vial, Iván Alberto Hernández Daza. En provecho propio y de terceros “consiguió que la entidad pública lo favoreciera ilícitamente con el nombramiento de personas recomendadas por él en cargos de la citada unidad”. La justicia logró probar, además, que usó su calidad de concejal para beneficiar a los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez.

La investigación que derivó en su condena se desarrolló tras los acuerdos entre Camacho Casado y los también concejales Hipólito Moreno y Orlando Parada (todos de La U), “a quienes el alcalde Samuel Moreno les había delegado la designación de la Unidad de Mantenimiento Vial”.

Además, se determinó que Camacho Casado, en 2010, asignó a una persona para que recibiera del representante legal de la empresa Patria S.A. (que entonces participaba en tres licitaciones), la suma de $450 millones, de los cuales el condenado tomó $350 millones como aporte para su campaña política. Desde la imputación de cargos, en noviembre de 2013, el exconcejal aceptó su culpa. Inicialmente fue condenado a 40 meses de cárcel, pero tras resolver la apelación el Tribunal Superior de Bogotá le impuso una pena de 69 meses, de los cuales redimió cinco meses con trabajo y estudio.

Desde que se entregó a la Fiscalía, en septiembre 2014, el exconcejal estuvo recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en el noroccidente de Bogotá. En diciembre de 2016, un año después de que la Corte Suprema de Justicia confirmó su sentencia, le fue concedida la prisión domiciliaria, la cual estuvo vigente hasta mayo de este año cuando recuperó su libertad.

“He cargado con el estigma”

El exconcejal insiste en que los hechos por los cuales lo condenaron no guardan relación con casos de corrupción. “Ahí hay una cosa bien difícil: mi condena fue por tráfico de influencias, por ayudarle a conseguir trabajo a unas personas. También se incluye el cargo de cohecho impropio. No fue una coima, sino fue por unos recursos que una empresa dio a mi campaña, que decidió apoyarme”.

A su vez, reitera en que quiere pasar la página de su condena. “He pagado, he cargado con el estigma que se ha creado, he hecho absolutamente todo lo que me corresponde: en audiencias ofrecí perdón y reintegré los recursos ($300 millones). Yo lo que quiero es seguir adelante, porque el núcleo familiar se ha visto resquebrajado. Eso es lo estoy tratando de recomponer”.

Camacho Casado asegura que una vez vea a su hijo volverá al país para buscar una forma de sustento. Sin embargo, por ahora no podrá volver a la política: contra él existe una inhabilidad por 13 años para ejercer cargos públicos y, además, sobre él pesa el oscuro legado del carrusel de la contratación, un .episodio del cual la ciudad aún no se recupera. 

Caso de otros concejales condenados

Hipólito Moreno

Condena de 6 años y medio de prisión (detención domiciliaria). En noviembre de 2016 el juzgado de ejecución de penas le concedió un permiso para salir del país, entre el 9 y el 16 de diciembre de ese año, para iniciar un tratamiento médico en La Habana (Cuba). 

Orlando Parada

Sentenciado a 13 años de prisión. Permanece recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en el noroccidente de Bogotá. Redimió nueve meses de la pena por estudio y trabajo.  

Jorge Ernesto Salamanca

Purga una pena de cuatro años y dos meses en la Vigésima Estación de Carabineros de la Policía. En julio de este año, un juzgado le negó la detención domiciliaria.