“Excusas del Gobierno han impedido avanzar”: Distrito sobre hacinamiento carcelario

Después de las declaraciones del ministro de Justicia, Néstor Osuna, en respuesta a los pronunciamientos de la alcaldesa Claudia López sobre el hacinamiento en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), la Secretaría de Seguridad aseguró que las decisiones de Gobierno Nacional han impedido enfrentar esta situación, y además no se ha avanzado en las gestiones para aumentar la capacidad carcelaria de la capital del país.

En ese sentido, la entidad distrital aseguró que el Gobierno ha incumplido en convención para financiación de nueva cárcel distrital, que fue firmada en abril de 2021, para la construcción del penal, el cual contará con una capacidad de 3.000 cupos.

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No obstante, la Secretaría de Seguridad aseguró estar a la espera de un predio en las inmediaciones de La Picota para la construcción de segunda Cárcel Distrital.

“Las excusas del Gobierno Nacional no han permitido que el proyecto de la Cárcel Distrital II avance y año tras año han aplazado este compromiso que tiene con los bogotanos, mientras el hacinamiento y la impunidad siguen creciendo”, indicó la Secretaría de Seguridad, a través de un comunicado.

Cabe señalar que el minsitro Osuna calificó como irresponsable las declaraciones de la alcaldesa López y aseguró que “la ley, no este Gobierno, distribuye las cargas en esa materia del siguiente modo: personas condenadas o sindicados de alta complejidad están a cargo de las cárceles nacionales y detenidos preventivamente a cargo de los municipios. Quisiera decir que entre agosto de 2022 y el día de ayer, el INPEC ha recibido 2.059 personas privadas de la libertad sindicadas en Bogotá en cárceles nacionales”.

Frente a esto, según el Distrito, en 2019, debido a la medida del Gobierno anterior de cerrar las cárceles nacionales, como resultado de la pandemia, en el país disminuyó en un 50 % el hacinamiento en las cárceles, a costa de una incrementó del 200 % en las URIS y estaciones de policía.

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Además, agregó que en los últimos dos años, se invirtieron $17 mil millones para la habilitación de más de 1.600 cupos para personas privadas de la libertad, así como en estudios para ampliar la capacidad ya instalada.

“En esta Alcaldía no negociamos con delincuentes, el lugar donde deben estar es en la cárcel, no en las calles. Nuestra lucha es contra la impunidad. Confiamos en las instituciones y en la justicia para que aquellos que ponen en riesgo la seguridad de los bogotanos paguen por sus delitos”, concluyó la entidad.

Alerta de la Procuraduría

Alimentos en descomposición, falta de camas, medicamentos y acceso al sistema de salud, así como una posible vulneración de los derechos de las personas designadas para el cuidado de los detenidos, fueron algunas de las denuncias que reveló la Procuraduría General de la Nación después de una reciente visita a los centros de detención temporal en la capital del país.

Esta visita se da después de una visita del ente de control a en ocho estaciones de policía (Usaquén, la Candelaria, Kennedy, San Cristóbal, Engativá, Suba, Mártires, Rafael Uribe Uribe), tres Unidades de Reacción Inmediata (URI) y el instituto penitenciario y carcelario de la Picota en Bogotá, que son, según la Procuraduría, los puntos en los que más quejas recibidas en la capital del país.

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Como parte del informe de la visita, el ente de control indicó que la mayoría de los detenidos en estos puntos duermen en lugares improvisados con colchonetas, hamacas u otros artículos, y reiteró que se encontró que no hay baterías sanitarias suficientes para la totalidad de las personas recluidas en estos lugares.

“El acceso al sistema de salud es precario e insuficiente para los reclusos, no hay acceso a los medicamentos y a los tratamientos que se suma a las condiciones insalubres en que usan a diario; por lo que, algunas de las enfermedades que sufren como tuberculosis y leptospirosis son contraídas en estos sitios”, indicó la Procuraduría.

Finalmente, el organismo de control indicó una importante falta de acompañamiento y capacitación a los guardas de los reclusos, que están, asegura, en exposición constante a ataques, enfermedades, desgaste físico y psicológico; además, la Procuraduría asegura que estos últimos están asumiendo responsabilidades ajenas a lo establecido por la ley como suministrar medicamentos y asegurar el acceso a audiencias.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Después de las declaraciones del ministro de Justicia, Néstor Osuna, en respuesta a los pronunciamientos de la alcaldesa Claudia López sobre el hacinamiento en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), la Secretaría de Seguridad aseguró que las decisiones de Gobierno Nacional han impedido enfrentar esta situación, y además no se ha avanzado en las gestiones para aumentar la capacidad carcelaria de la capital del país.

En ese sentido, la entidad distrital aseguró que el Gobierno ha incumplido en convención para financiación de nueva cárcel distrital, que fue firmada en abril de 2021, para la construcción del penal, el cual contará con una capacidad de 3.000 cupos.

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No obstante, la Secretaría de Seguridad aseguró estar a la espera de un predio en las inmediaciones de La Picota para la construcción de segunda Cárcel Distrital.

“Las excusas del Gobierno Nacional no han permitido que el proyecto de la Cárcel Distrital II avance y año tras año han aplazado este compromiso que tiene con los bogotanos, mientras el hacinamiento y la impunidad siguen creciendo”, indicó la Secretaría de Seguridad, a través de un comunicado.

Cabe señalar que el minsitro Osuna calificó como irresponsable las declaraciones de la alcaldesa López y aseguró que “la ley, no este Gobierno, distribuye las cargas en esa materia del siguiente modo: personas condenadas o sindicados de alta complejidad están a cargo de las cárceles nacionales y detenidos preventivamente a cargo de los municipios. Quisiera decir que entre agosto de 2022 y el día de ayer, el INPEC ha recibido 2.059 personas privadas de la libertad sindicadas en Bogotá en cárceles nacionales”.

Frente a esto, según el Distrito, en 2019, debido a la medida del Gobierno anterior de cerrar las cárceles nacionales, como resultado de la pandemia, en el país disminuyó en un 50 % el hacinamiento en las cárceles, a costa de una incrementó del 200 % en las URIS y estaciones de policía.

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Además, agregó que en los últimos dos años, se invirtieron $17 mil millones para la habilitación de más de 1.600 cupos para personas privadas de la libertad, así como en estudios para ampliar la capacidad ya instalada.

“En esta Alcaldía no negociamos con delincuentes, el lugar donde deben estar es en la cárcel, no en las calles. Nuestra lucha es contra la impunidad. Confiamos en las instituciones y en la justicia para que aquellos que ponen en riesgo la seguridad de los bogotanos paguen por sus delitos”, concluyó la entidad.

Alerta de la Procuraduría

Alimentos en descomposición, falta de camas, medicamentos y acceso al sistema de salud, así como una posible vulneración de los derechos de las personas designadas para el cuidado de los detenidos, fueron algunas de las denuncias que reveló la Procuraduría General de la Nación después de una reciente visita a los centros de detención temporal en la capital del país.

Esta visita se da después de una visita del ente de control a en ocho estaciones de policía (Usaquén, la Candelaria, Kennedy, San Cristóbal, Engativá, Suba, Mártires, Rafael Uribe Uribe), tres Unidades de Reacción Inmediata (URI) y el instituto penitenciario y carcelario de la Picota en Bogotá, que son, según la Procuraduría, los puntos en los que más quejas recibidas en la capital del país.

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Como parte del informe de la visita, el ente de control indicó que la mayoría de los detenidos en estos puntos duermen en lugares improvisados con colchonetas, hamacas u otros artículos, y reiteró que se encontró que no hay baterías sanitarias suficientes para la totalidad de las personas recluidas en estos lugares.

“El acceso al sistema de salud es precario e insuficiente para los reclusos, no hay acceso a los medicamentos y a los tratamientos que se suma a las condiciones insalubres en que usan a diario; por lo que, algunas de las enfermedades que sufren como tuberculosis y leptospirosis son contraídas en estos sitios”, indicó la Procuraduría.

Finalmente, el organismo de control indicó una importante falta de acompañamiento y capacitación a los guardas de los reclusos, que están, asegura, en exposición constante a ataques, enfermedades, desgaste físico y psicológico; además, la Procuraduría asegura que estos últimos están asumiendo responsabilidades ajenas a lo establecido por la ley como suministrar medicamentos y asegurar el acceso a audiencias.

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