Exfiscal Ana Noguera, también salpicada en pleito por predio La Azotea, en Bogotá

En la lista de investigaciones por posibles actos de corrupción que se adelantan en contra de Ana Catalina Noguera, exdirectora de Extinción de Dominio de la Fiscalía y funcionaria de confianza del exfiscal Néstor Humberto Martínez, hay una indagación más: ¿qué papel jugó la exfuncionaria en el complejo pleito por la propiedad de tres lotes conocidos como “La Azotea”, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá?

En la lista de investigaciones por posibles actos de corrupción que se adelantan en contra de Ana Catalina Noguera, exdirectora de Extinción de Dominio de la Fiscalía y funcionaria de confianza del exfiscal Néstor Humberto Martínez, hay una indagación más: ¿qué papel jugó la exfuncionaria en el complejo pleito por la propiedad de tres lotes conocidos como “La Azotea”, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá?

La disputa, que salpica a la exfuncionaria, es por un predio de 300 hectáreas, fraccionado en tres lotes con matrículas inmobiliarias independientes, que si bien no cuenta aún con permisos de construcción, tiene gran proyección urbanística y altísimo valor comercial, por su ubicación estratégica, en inmediaciones de los barrios más populares de Soacha y Bogotá. Su atractivo, como lo reveló El Espectador el pasado 28 de enero, ha suscitado todo un entramado de corrupción y amenazas, en medio de un largo proceso legal, entablado por personas cercanas a urbanizadores ilegales.

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Uno de los hechos relevantes se registró el 18 de marzo de 2020, cuando la Fiscalía 43, decidió incluir en proceso de extinción de dominio dos fracciones de La Azotea, en medio de un proceso que se adelanta contra la Oficina de los Sanandresitos en Bogotá, organización criminal relacionada con esmeralderos y narcotraficantes de Boyacá, Cundinamarca y Valle del Cauca. Justo, en el marco de ese proceso, hubo un hecho que ha pasado inadvertido para las autoridades: las supuestas amenazas del narcotraficante Ignacio Álvarez Meyendorff contra los propietarios de La Azotea, antes de que se iniciara el proceso de extinción.

El Espectador conoció la denuncia que radicó Gustavo Adolfo Solano, uno de los abogados de los propietarios de La Azotea, el 5 de noviembre de 2020, por amenazas y extorsión. Lo hizo después de que el narcotraficante presuntamente ejerciera presiones para que le entregaran la propiedad. Allí sale a la luz de nombre de la exfiscal Noguera.

De acuerdo con el documento, la historia comenzó en septiembre de 2019, cuando el comisionista Edilberto Herrera le dijo a uno de los dueños de La Azotea que “tenía un amigo, recién llegado de un proceso de extradición en Estados Unidos, llamado Ignacio Álvarez Meyendorff”, quien decía ser el dueño de unos predios en Ciudad Bolívar y solicitaba una reunión.

Dicho encuentro se concretó el primero de noviembre de 2019 en Bogotá. A la reunión llegó Álvarez Meyendorff con Gregorio Domingo Tirado Ortíz, un negociante inmobiliario denunciado en múltiples oportunidades por estafas con tierras y propiedades (Tirado Ortiz fue asesinado frente al estado El Campín en Bogotá pocos meses después). En el encuentro exhibió una promesa de compraventa de un predio, a nombre de su hijo Sebastián Álvarez. No obstante, uno de los propietarios de La Azotea indicó que la matrícula inmobiliaria no correspondía con ninguna de las que identifican al terreno La Azotea.

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El 13 de noviembre de 2019, el comisionista Herrera y el abogado de Álvarez Meyendorff buscaron de nuevo a los propietarios de La Azotea. Una vez más verificaron que se trataba de un predio distinto. Pero semanas más tarde, el 29 de noviembre, el narcotraficante insistió en una tercera reunión, esta vez, en el Hotel Sonesta, al norte de Bogotá, donde les dijo que él iba a “arreglar a su manera ese problema” y amenazó con incluir los predios en “una negociación que realizaba con la Fiscalía, en la Unidad de Extinción de Dominio”.

La frase la repitió en una cuarta reunión, el 30 de octubre de 2020, pero con otro dueños de La Azotea, que tiene oficinas en Medellín. Allí, no solo habló del proceso de extinción, sino que, supuestamente, se refirió directamente a la entonces fiscal directora de la Unidad de Extinción de Dominio, Ana Catalina Noguera, “con el propósito de intimidar para lograr los fines fraudulentos y extorsivos”, dice la denuncia.

Lo particular es que, seis meses después de las supuestas amenazas del narcotraficante Álvarez Meyendorff, dos fracciones de La Azotea fueron incluidas por la Fiscalía en el proceso de extinción de dominio, al que nunca fueron vinculados sus propietarios legítimos.

Un abogado que representa a Ignacio Álvarez Meyendorff, en tres procesos de extinción de dominio, consultado por este diario, desestimó estos hechos y aseguró que la Fiscalía no les había dado credibilidad, ni había llamado a su cliente a declarar por alguna eventual investigación en esa denuncia penal. Agregó que ni siquiera era posible confirmar o saber sí dichas reuniones habían ocurrido realmente.

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Sin embargo, la reciente captura de Ana Catalina Noguera, a quien señalan de haber cometido hechos de corrupción dentro del búnker de la Fiscalía, ha revelado pruebas que la relacionarían directamente con el narcotraficante Álvarez Meyendorff.

En concreto, se trata de las fotografías de una visita que Noguera habría hecho a una finca en el Magdalena Medio, a mediados de 2020, reveladas por Noticias Caracol, donde se ve a la entonces fiscal relajada y con el exnarcotraficante Carlos Ramón Zapata y con el propio Ignacio Álvarez Meyendorff.

“Hay que esperar las decisiones que tomen las autoridades en las audiencias”, declaró Simón Hernández, el abogado penalista que representa a los propietarios de La Azotea. “Desde el año 2020 mis clientes vienen denunciando la existencia de presuntos vínculos entre altos funcionarios de la Unidad de Extinción de Dominio con este tipo de individuos, por medio de los cuales, se han intentado apropiar de sus inmuebles a través de procesos fraudulentos, sobre estos hechos ya se están adelantando las investigaciones pertinentes por parte de la Fiscalía”, aseguró Hernández.

Por ahora, la denuncia de los propietarios del lote en Ciudad Bolívar sigue vigente y se espera que, tras los recientes hechos, se llegue a la verdad.