Exfuncionarios de Cundinamarca ayudaron a falsos docentes a sacar su pensión

Luis Alberto Acuña Robayo y Fabián Alberto Moreno Jiménez, exfuncionarios de la Gobernación de Cundinamarca, fueron condenados, respectivamente, a 72 y 84 meses de prisión, por emitir documentos y certificados adulterados, para ayudar a falsos maestros a tramitar beneficios pensionales, entre los años 2010 y 2014.

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Según la investigación de la Fiscalía, el esquema de fraude fue creado por la empresa C&C ABOGADOS SAS, cuya actividad principal correspondía a la representación de docentes. Allí, los abogados Carlos Ocho y Juan Carlos Solaque diseñaron varias modalidades para lograr desembolsos de la Unidad de Gestión de Parafiscales y Pensión (UGPP). Para esto cooptaron a los funcionarios de la Gobernación, a quiénes les pagaban honorarios, por emitir documentos con nombres de supuestos docentes (como nombramientos) para tramitar una pensión, a la que no tenían derecho.

Los funcionarios recibían a través de correos electrónicos los nombres de las personas que debían certificar, como si las hubieran nombrado en la planta docente del departamento, o a quienes debían subir en la escalera salarias. De esta manera, utilizaban el sistema de la Gobernación “Mercurio”, para general los documento falsos, utilizando la firma mecánica de la directora de la oficina de archivo de la Secretaría de Educación.

“Una vez impreso el documento lo hacía sellar de la directora para autenticarlo, pero, en este caso, se cambiaba en el documento de nombramiento el nombre de una persona por el docente que se necesitaba incluir y así lo pasaba a la firma de la jefe de sección de archivo, quien estampaba el sello de autenticidad”, relató el fiscal del caso durante el juicio.

De esta manera, los condenados emitieron de manera conjunta 1.607 certificaciones con falsedades, para obtener beneficios pensionales como sobresueldos del 20%. A cambio, los funcionarios recibieron coimas por $20 millones. Con estos documentos, la firma de abogados hacía requerimientos a la UGPP para que se solicitara el reconocimiento de pensión de gracia a los docentes incluidos en las listas.

De acuerdo con el Código Penal, solo el delito de enriquecimiento ilícito de particulares contempla una pena de prisión entre 108 y 180 meses. Sin embargo, ante las pruebas en su contra, los condenados hicieron un preacuerdo con la Fiscalía, para una reducción de penas, al aceptar su responsabilidad en estos hechos.

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De esta manera, tanto Acuña como Moreno fueron condenados por los delitos de cohecho propio, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad material en documento público. Por su parte, el Juzgado les negó la solicitud de prisión domiciliaria, que pidieron al ser padres de familia, por lo que deberán pagar la condena desde la cárcel.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Luis Alberto Acuña Robayo y Fabián Alberto Moreno Jiménez, exfuncionarios de la Gobernación de Cundinamarca, fueron condenados, respectivamente, a 72 y 84 meses de prisión, por emitir documentos y certificados adulterados, para ayudar a falsos maestros a tramitar beneficios pensionales, entre los años 2010 y 2014.

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Según la investigación de la Fiscalía, el esquema de fraude fue creado por la empresa C&C ABOGADOS SAS, cuya actividad principal correspondía a la representación de docentes. Allí, los abogados Carlos Ocho y Juan Carlos Solaque diseñaron varias modalidades para lograr desembolsos de la Unidad de Gestión de Parafiscales y Pensión (UGPP). Para esto cooptaron a los funcionarios de la Gobernación, a quiénes les pagaban honorarios, por emitir documentos con nombres de supuestos docentes (como nombramientos) para tramitar una pensión, a la que no tenían derecho.

Los funcionarios recibían a través de correos electrónicos los nombres de las personas que debían certificar, como si las hubieran nombrado en la planta docente del departamento, o a quienes debían subir en la escalera salarias. De esta manera, utilizaban el sistema de la Gobernación “Mercurio”, para general los documento falsos, utilizando la firma mecánica de la directora de la oficina de archivo de la Secretaría de Educación.

“Una vez impreso el documento lo hacía sellar de la directora para autenticarlo, pero, en este caso, se cambiaba en el documento de nombramiento el nombre de una persona por el docente que se necesitaba incluir y así lo pasaba a la firma de la jefe de sección de archivo, quien estampaba el sello de autenticidad”, relató el fiscal del caso durante el juicio.

De esta manera, los condenados emitieron de manera conjunta 1.607 certificaciones con falsedades, para obtener beneficios pensionales como sobresueldos del 20%. A cambio, los funcionarios recibieron coimas por $20 millones. Con estos documentos, la firma de abogados hacía requerimientos a la UGPP para que se solicitara el reconocimiento de pensión de gracia a los docentes incluidos en las listas.

De acuerdo con el Código Penal, solo el delito de enriquecimiento ilícito de particulares contempla una pena de prisión entre 108 y 180 meses. Sin embargo, ante las pruebas en su contra, los condenados hicieron un preacuerdo con la Fiscalía, para una reducción de penas, al aceptar su responsabilidad en estos hechos.

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