Explosiones en Bogotá: ¿y los responsables?

“Vamos a perseguir a los responsables y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para capturarlos… Estamos haciendo un trabajo de inteligencia no sólo en este caso, sino en otros, porque está claro que el atentado fue pensado para agredir a la Policía, nada tienen que ver con los antitaurinos. Pronto esperamos tener buenas noticias”. Estas fueron las palabras del alcalde Enrique Peñalosa tras las dos explosiones que se registraron el fin de semana en Bogotá. La última, a las 10:30 de la mañana de ayer, en la esquina de la carrera 5a. con calle 27 (sector de La Macarena) y que dejó 30 heridos (entre ellos 26 policías, uno de los uniformados presenta lesiones graves en los ojos por la metralla del artefacto, que contenía dos kilos de carga explosiva). Con esta ya van cuatro detonaciones en 2017.

Según las versiones preliminares, el petardo causó gran conmoción en el sector. Algunas personas que desayunaban cerca del lugar de los hechos dejaron la comida tirada y salieron corriendo, otras se escondieron bajo las mesas cuando los vidrios aún retumbaban por el estruendo. Al parecer, el artefacto estaba oculto en una alcantarilla que queda frente a un hostal, donde se alojan más de 20 extranjeros, quienes por suerte están a salvo. La dueña del hostal le dijo a este diario que no era la primera vez que su propiedad terminaba afectada por este tipo de situaciones.

En 2015, un petardo estalló en el mismo lugar, justo donde había un CAI móvil. “Creo que este atentado estaba dirigido a la Policía, porque a la hora en que ocurrió poca gente pasaba por acá. Sólo se veían los anillos de seguridad de las autoridades, que custodian la plaza de toros”, señala Cecilia Gómez Posada.

Lo que le preocupa ahora a Posada es que el Distrito le responda por los daños a su vivienda, pues, según ella, en la explosión de 2015 nadie le respondió, y como su casa es Patrimonio Histórico, tuvo que pagarle a un restaurador casi $100 millones. “En estos momentos no tengo dinero para asumir el gasto de las reparaciones y como sé que no puedo traer a cualquier obrero para que me solucione el problema, necesito que la Alcaldía asuma los costos”, dijo.

Esta misma preocupación la tienen los residentes de los 34 inmuebles que terminaron con los vidrios rotos por la onda explosiva. Además, los comerciantes del sector manifiestan que desde el comienzo de la fiesta brava las ventas se han reducido. “Como la gente sabe que los días de las corridas siempre hay manifestaciones, se abstienen de visitar la zona y eso ha afectado nuestras finanzas. Esperamos que el alcalde tome medidas para que no sigan los disturbios en el barrio”, pide Nelly Montenegro, administradora de la panadería La Macarena.

Por su parte, el alcalde Enrique Peñalosa, quien estuvo en el lugar de los hechos, aseguró que las reparaciones de los inmuebles afectados las asumirá el Distrito.

Al cierre de esta edición la Policía confirmó que algunos de los uniformados lesionados son los patrulleros César Marcilia Mármol, Néstor Pineda, Johanna Garzón Ortiz, Andrés García, Javier Delgado, Héctor Cruz Aldana, John Herrera González, José Flores, Cristian Castro, Katerin Serrato y los sargentos Waldeniro Castañeda y Cornelio Guzmán, quienes fueron llevados junto con los civiles heridos al Hospital Central de la Policía, al San Ignacio y al Santa Clara.

Sin resultados

La declaración del alcalde Peñalosa es prácticamente la misma que han dado secretarios y oficiales de la Policía Metropolitana en los últimos años tras cada explosión en la capital. A la fecha se han reportado alrededor de 30 casos, entre detonaciones y atentados frustrados. Sin embargo, las indagaciones no han arrojado resultados reales y se mantiene la incertidumbre sobre quiénes están detrás de estas acciones.

Las únicas capturas que intentaron relacionar con este tipo de sucesos ocurrieron en 2015. Se trató de un grupo de estudiantes y profesores a los que señalaron de ser los responsables de atentar contra las sedes de Porvenir y de Saludcoop. Sin embargo, al final las autoridades reconocieron que nada tenían que ver con esos hechos puntuales.

Entre los casos investigados se cuentan varios petardos panfletarios, ataques con granadas y atentados especializados contra la Fuerza Pública, como el de ayer, en el que los delincuentes activaron la carga explosiva a través de un teléfono celular. Este tiene referentes concretos, como para pensar que detrás hay una estructura organizada.

Por ejemplo, el 6 de febrero de 2015 en el mismo punto encontraron un artefacto con el que pretendían atacar un CAI móvil de la Policía. La carga fue descubierta a tiempo y activada de manera controlada.

En marzo de 2015, en la calle 28 sur con carrera 29 del barrio Quiroga, delincuentes activaron a control remoto el artefacto al paso de una caravana de la institución que iba rumbo a Ciudad Bolívar. Producto de la explosión, cinco uniformados y dos civiles resultaron heridos. En esa oportunidad el explosivo que usaron fue de alto poder y se usó metralla.

El último ataque contra la Fuerza Pública ocurrió hace un año, de la misma forma que el anterior, mientras se movilizaba un bus de la Armada, en el sector de Guaymaral. Diez personas resultaron heridas. Ese fue el primer campanazo de alerta para la administración de Enrique Peñalosa en lo que a actos terroristas se refiere. Y puso sobre la mesa, una vez más, la discusión sobre la vulnerabilidad de Bogotá ante estos hechos.

“Vamos a perseguir a los responsables y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para capturarlos… Estamos haciendo un trabajo de inteligencia no sólo en este caso, sino en otros, porque está claro que el atentado fue pensado para agredir a la Policía, nada tienen que ver con los antitaurinos. Pronto esperamos tener buenas noticias”. Estas fueron las palabras del alcalde Enrique Peñalosa tras las dos explosiones que se registraron el fin de semana en Bogotá. La última, a las 10:30 de la mañana de ayer, en la esquina de la carrera 5a. con calle 27 (sector de La Macarena) y que dejó 30 heridos (entre ellos 26 policías, uno de los uniformados presenta lesiones graves en los ojos por la metralla del artefacto, que contenía dos kilos de carga explosiva). Con esta ya van cuatro detonaciones en 2017.

Según las versiones preliminares, el petardo causó gran conmoción en el sector. Algunas personas que desayunaban cerca del lugar de los hechos dejaron la comida tirada y salieron corriendo, otras se escondieron bajo las mesas cuando los vidrios aún retumbaban por el estruendo. Al parecer, el artefacto estaba oculto en una alcantarilla que queda frente a un hostal, donde se alojan más de 20 extranjeros, quienes por suerte están a salvo. La dueña del hostal le dijo a este diario que no era la primera vez que su propiedad terminaba afectada por este tipo de situaciones.

En 2015, un petardo estalló en el mismo lugar, justo donde había un CAI móvil. “Creo que este atentado estaba dirigido a la Policía, porque a la hora en que ocurrió poca gente pasaba por acá. Sólo se veían los anillos de seguridad de las autoridades, que custodian la plaza de toros”, señala Cecilia Gómez Posada.

Lo que le preocupa ahora a Posada es que el Distrito le responda por los daños a su vivienda, pues, según ella, en la explosión de 2015 nadie le respondió, y como su casa es Patrimonio Histórico, tuvo que pagarle a un restaurador casi $100 millones. “En estos momentos no tengo dinero para asumir el gasto de las reparaciones y como sé que no puedo traer a cualquier obrero para que me solucione el problema, necesito que la Alcaldía asuma los costos”, dijo.

Esta misma preocupación la tienen los residentes de los 34 inmuebles que terminaron con los vidrios rotos por la onda explosiva. Además, los comerciantes del sector manifiestan que desde el comienzo de la fiesta brava las ventas se han reducido. “Como la gente sabe que los días de las corridas siempre hay manifestaciones, se abstienen de visitar la zona y eso ha afectado nuestras finanzas. Esperamos que el alcalde tome medidas para que no sigan los disturbios en el barrio”, pide Nelly Montenegro, administradora de la panadería La Macarena.

Por su parte, el alcalde Enrique Peñalosa, quien estuvo en el lugar de los hechos, aseguró que las reparaciones de los inmuebles afectados las asumirá el Distrito.

Al cierre de esta edición la Policía confirmó que algunos de los uniformados lesionados son los patrulleros César Marcilia Mármol, Néstor Pineda, Johanna Garzón Ortiz, Andrés García, Javier Delgado, Héctor Cruz Aldana, John Herrera González, José Flores, Cristian Castro, Katerin Serrato y los sargentos Waldeniro Castañeda y Cornelio Guzmán, quienes fueron llevados junto con los civiles heridos al Hospital Central de la Policía, al San Ignacio y al Santa Clara.

Sin resultados

La declaración del alcalde Peñalosa es prácticamente la misma que han dado secretarios y oficiales de la Policía Metropolitana en los últimos años tras cada explosión en la capital. A la fecha se han reportado alrededor de 30 casos, entre detonaciones y atentados frustrados. Sin embargo, las indagaciones no han arrojado resultados reales y se mantiene la incertidumbre sobre quiénes están detrás de estas acciones.

Las únicas capturas que intentaron relacionar con este tipo de sucesos ocurrieron en 2015. Se trató de un grupo de estudiantes y profesores a los que señalaron de ser los responsables de atentar contra las sedes de Porvenir y de Saludcoop. Sin embargo, al final las autoridades reconocieron que nada tenían que ver con esos hechos puntuales.

Entre los casos investigados se cuentan varios petardos panfletarios, ataques con granadas y atentados especializados contra la Fuerza Pública, como el de ayer, en el que los delincuentes activaron la carga explosiva a través de un teléfono celular. Este tiene referentes concretos, como para pensar que detrás hay una estructura organizada.

Por ejemplo, el 6 de febrero de 2015 en el mismo punto encontraron un artefacto con el que pretendían atacar un CAI móvil de la Policía. La carga fue descubierta a tiempo y activada de manera controlada.

En marzo de 2015, en la calle 28 sur con carrera 29 del barrio Quiroga, delincuentes activaron a control remoto el artefacto al paso de una caravana de la institución que iba rumbo a Ciudad Bolívar. Producto de la explosión, cinco uniformados y dos civiles resultaron heridos. En esa oportunidad el explosivo que usaron fue de alto poder y se usó metralla.

El último ataque contra la Fuerza Pública ocurrió hace un año, de la misma forma que el anterior, mientras se movilizaba un bus de la Armada, en el sector de Guaymaral. Diez personas resultaron heridas. Ese fue el primer campanazo de alerta para la administración de Enrique Peñalosa en lo que a actos terroristas se refiere. Y puso sobre la mesa, una vez más, la discusión sobre la vulnerabilidad de Bogotá ante estos hechos.