Explotación sexual de menores: invisibilizada, pero latente

La explotación sexual de niños y adolescentes en Bogotá es un tema de dimensiones amplias, sin embargo, permanece a la sombra. Tras el asesinato, la tortura y la violación de la pequeña Yuliana Samboní, el tema volvió al foco público, pues las autoridades investigan si Rafael Uribe Noguera, principal sospechoso del crimen, era cliente de las redes delincuenciales que operan en la ciudad.

Una investigación de la Fundación Renacer, terminada en marzo pasado y que se concentró en las localidades de Chapinero, Los Mártires, Santa Fe y Kennedy, hace una radiografía de ese negocio criminal en el que niños y adolescentes terminan victimizados por proxenetas, familiares y hasta comerciantes que se hacen los de la vista gorda. Todo esto ante unas autoridades ineficientes por falta de una política pública clara frente a ese flagelo. Además de caracterizar el delito, el estudio describe modalidades y usos de la tecnología para explotar a los menores de edad.

La investigación muestra una ciudad con la mirada vendada ante la explotación sexual de menores. En los barrios, los espacios destinados a actividades legales se convierten en espacios donde proliferan las redes de explotación. Así, además de los explotadores y los clientes, entran como responsables, por omisión, por ejemplo, los comerciantes dedicados a la rumba, los dueños de hoteles e inquilinatos, incluso los de papelerías o supermercados que saben de la explotación de menores en sus negocios, pero prefieren mirar a otro lado para no ver mermadas sus ganancias.

Del flagelo no quedan exentos ni los más pequeños: “He conocido niñas de seis años. Después de que esté buena y bonita, ahí sí, como dicen, sirve pa todo”, afirma una líder comunitaria de la localidad de Los Mártires.

Según la investigación, pese a sus grandes dimensiones, el crimen “pasa de agache” en buena medida porque se ha normalizado, y en vez de verse como explotación criminal llega a tomarse como un trabajo. Una comisaria de familia de Los Mártires explica que en esa localidad muchos niños crecen “en un ambiente de naturalización del trabajo sexual”, porque tienen familiares que lo ejercen. Y eso se convierte en un factor de riesgo.

“El hecho de que una madre sea trabajadora sexual, no necesariamente puede ser considerada como explotadora. Al contrario, en el contexto de la calle, los proxenetas pueden tener acceso muy fácil a los niños de nuestra localidad. Pues si viene a buscar una trabajadora sexual adulta, ahí se pueden camuflar más fácil a las niñas e incluso a los niños”.

La investigación recoge varios testimonios de menores explotados, cuyos familiares, aunque no son los explotadores, conocen del crimen al que están siendo sometidos e, incluso, sacan partida económica, pues los niños y adolescentes aportan para los gastos del hogar.

A la complejidad de los entornos de los menores, donde se les pone en riesgo, se le suma la falta de una política pública “explícita” de prevención y abordaje de la explotación sexual. “La falta de entrenamiento de los agentes estatales y de los actores comunitarios para identificar los casos y los entornos de riesgo; la fragmentación institucional para atender la problemática; el bajo número de denuncias penales y de procesos efectivos de reparación integral a las víctimas, entre otras, son manifestaciones de esa ausencia”, señala el informe.

Esas condiciones han hecho de Bogotá un foco de explotación sexual de menores, que incluso atrae a turistas en busca de los pequeños. En la ciudad se reportan casos de trata de niños en los que la ciudad es origen, tránsito y destino de los menores, desde el interior del país y hacia el exterior.

Uno de los casos a los que hace referencia el informe es el de una niña trans, que a los 13 años salió de Santa Marta “inducida por amigas del colegio que también estaban siendo explotadas”. Llegó a Bogotá hace tres años en busca de mejores ganancias y aún mantiene el contacto con su familia, que en la distancia conoce del flagelo al que está sometida. El informe, además, enciende alarmas sobre la captación de menores de comunidades vulnerables, indígenas y afros, en esas redes, especialmente en las localidades de Los Mártires y Santa Fe.

Según la investigación de Renacer, las dinámicas de la explotación sexual han cambiado para mantenerse ocultas. En Chapinero, por ejemplo, las modalidades de enganche y contacto con los clientes se han desplazado a redes sociales y sitios web, a través de los que también se captan a los menores víctimas. Precisamente, en el caso de Uribe Noguera, las autoridades han encontrado en su computador indicios de contactos que podrían estar conectadas con este tipo de redes.

“Los teléfonos móviles y las redes sociales ofrecen una cierta invisibilidad corporal -ya no es necesario exhibir el cuerpo en calles y parques- y al mismo tiempo un manto de protección a los explotadores”, dice el estudio de la Fundación Renacer.

Para muchos niños y adolescentes víctimas de este delito, la exhibición de su cuerpo a través de cámaras y pantallas se ha convertido en una lamentable alternativa para evadir los riesgos de exponerse en las calles. “Es una cuestión de supervivencia, los chicos tratan de cuidarse. De una u otra forma para ellos es mucho mejor estar en una página web a estar parados en la calle 13 con 63. Y eso cambia muchísimo las cosas, porque no sabemos ni cuántas personas son ni cuáles son las lógicas de conexión entre los abusadores o los clientes”, sostiene una persona LGBT que fue entrevistada por los investigadores.

Además, del evidente problema que configura la explotación sexual, muchas otras secuelas quedan en los menores. En el estudio, los afectados manifestaron autoestima reducida, agresividad, depresión, adicción a drogas y alcohol, deserción escolar, embarazo precoz, abortos y enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH/Sida. Por eso, el llamado de Renacer es, en primer lugar, a que la ciudad se quite la venda, reconozca el flagelo y se disponga a combatirlo.

La explotación sexual de niños y adolescentes en Bogotá es un tema de dimensiones amplias, sin embargo, permanece a la sombra. Tras el asesinato, la tortura y la violación de la pequeña Yuliana Samboní, el tema volvió al foco público, pues las autoridades investigan si Rafael Uribe Noguera, principal sospechoso del crimen, era cliente de las redes delincuenciales que operan en la ciudad.

Una investigación de la Fundación Renacer, terminada en marzo pasado y que se concentró en las localidades de Chapinero, Los Mártires, Santa Fe y Kennedy, hace una radiografía de ese negocio criminal en el que niños y adolescentes terminan victimizados por proxenetas, familiares y hasta comerciantes que se hacen los de la vista gorda. Todo esto ante unas autoridades ineficientes por falta de una política pública clara frente a ese flagelo. Además de caracterizar el delito, el estudio describe modalidades y usos de la tecnología para explotar a los menores de edad.

La investigación muestra una ciudad con la mirada vendada ante la explotación sexual de menores. En los barrios, los espacios destinados a actividades legales se convierten en espacios donde proliferan las redes de explotación. Así, además de los explotadores y los clientes, entran como responsables, por omisión, por ejemplo, los comerciantes dedicados a la rumba, los dueños de hoteles e inquilinatos, incluso los de papelerías o supermercados que saben de la explotación de menores en sus negocios, pero prefieren mirar a otro lado para no ver mermadas sus ganancias.

Del flagelo no quedan exentos ni los más pequeños: “He conocido niñas de seis años. Después de que esté buena y bonita, ahí sí, como dicen, sirve pa todo”, afirma una líder comunitaria de la localidad de Los Mártires.

Según la investigación, pese a sus grandes dimensiones, el crimen “pasa de agache” en buena medida porque se ha normalizado, y en vez de verse como explotación criminal llega a tomarse como un trabajo. Una comisaria de familia de Los Mártires explica que en esa localidad muchos niños crecen “en un ambiente de naturalización del trabajo sexual”, porque tienen familiares que lo ejercen. Y eso se convierte en un factor de riesgo.

“El hecho de que una madre sea trabajadora sexual, no necesariamente puede ser considerada como explotadora. Al contrario, en el contexto de la calle, los proxenetas pueden tener acceso muy fácil a los niños de nuestra localidad. Pues si viene a buscar una trabajadora sexual adulta, ahí se pueden camuflar más fácil a las niñas e incluso a los niños”.

La investigación recoge varios testimonios de menores explotados, cuyos familiares, aunque no son los explotadores, conocen del crimen al que están siendo sometidos e, incluso, sacan partida económica, pues los niños y adolescentes aportan para los gastos del hogar.

A la complejidad de los entornos de los menores, donde se les pone en riesgo, se le suma la falta de una política pública “explícita” de prevención y abordaje de la explotación sexual. “La falta de entrenamiento de los agentes estatales y de los actores comunitarios para identificar los casos y los entornos de riesgo; la fragmentación institucional para atender la problemática; el bajo número de denuncias penales y de procesos efectivos de reparación integral a las víctimas, entre otras, son manifestaciones de esa ausencia”, señala el informe.

Esas condiciones han hecho de Bogotá un foco de explotación sexual de menores, que incluso atrae a turistas en busca de los pequeños. En la ciudad se reportan casos de trata de niños en los que la ciudad es origen, tránsito y destino de los menores, desde el interior del país y hacia el exterior.

Uno de los casos a los que hace referencia el informe es el de una niña trans, que a los 13 años salió de Santa Marta “inducida por amigas del colegio que también estaban siendo explotadas”. Llegó a Bogotá hace tres años en busca de mejores ganancias y aún mantiene el contacto con su familia, que en la distancia conoce del flagelo al que está sometida. El informe, además, enciende alarmas sobre la captación de menores de comunidades vulnerables, indígenas y afros, en esas redes, especialmente en las localidades de Los Mártires y Santa Fe.

Según la investigación de Renacer, las dinámicas de la explotación sexual han cambiado para mantenerse ocultas. En Chapinero, por ejemplo, las modalidades de enganche y contacto con los clientes se han desplazado a redes sociales y sitios web, a través de los que también se captan a los menores víctimas. Precisamente, en el caso de Uribe Noguera, las autoridades han encontrado en su computador indicios de contactos que podrían estar conectadas con este tipo de redes.

“Los teléfonos móviles y las redes sociales ofrecen una cierta invisibilidad corporal -ya no es necesario exhibir el cuerpo en calles y parques- y al mismo tiempo un manto de protección a los explotadores”, dice el estudio de la Fundación Renacer.

Para muchos niños y adolescentes víctimas de este delito, la exhibición de su cuerpo a través de cámaras y pantallas se ha convertido en una lamentable alternativa para evadir los riesgos de exponerse en las calles. “Es una cuestión de supervivencia, los chicos tratan de cuidarse. De una u otra forma para ellos es mucho mejor estar en una página web a estar parados en la calle 13 con 63. Y eso cambia muchísimo las cosas, porque no sabemos ni cuántas personas son ni cuáles son las lógicas de conexión entre los abusadores o los clientes”, sostiene una persona LGBT que fue entrevistada por los investigadores.

Además, del evidente problema que configura la explotación sexual, muchas otras secuelas quedan en los menores. En el estudio, los afectados manifestaron autoestima reducida, agresividad, depresión, adicción a drogas y alcohol, deserción escolar, embarazo precoz, abortos y enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH/Sida. Por eso, el llamado de Renacer es, en primer lugar, a que la ciudad se quite la venda, reconozca el flagelo y se disponga a combatirlo.