Explotación sexual infantil: otro frente “flojo” en el Plan de Desarrollo

Bogotá no ha sido ajena a los escándalos por casos de explotación sexual infantil en el país. En las últimas dos semanas las alertas se han hecho públicas. En un caso, que atendió la Policía de Bogotá, una mujer fue captada entregando a una menor de edad a un ciudadano británico que, al parecer, llevaba días en la capital con fines de turismo sexual. Las imágenes de cámaras de seguridad que rodaron en noticieros daban cuenta del hombre haciendo tocamientos a la niña de 14 años en sitios públicos. En otro caso, un sujeto fue capturado por la Dirección de Protección y Servicios Especiales por producir y vender material fotográfico y videográfico de presuntos abusos sexuales contra niños y niñas.

Bogotá no ha sido ajena a los escándalos por casos de explotación sexual infantil en el país. En las últimas dos semanas las alertas se han hecho públicas. En un caso, que atendió la Policía de Bogotá, una mujer fue captada entregando a una menor de edad a un ciudadano británico que, al parecer, llevaba días en la capital con fines de turismo sexual. Las imágenes de cámaras de seguridad que rodaron en noticieros daban cuenta del hombre haciendo tocamientos a la niña de 14 años en sitios públicos. En otro caso, un sujeto fue capturado por la Dirección de Protección y Servicios Especiales por producir y vender material fotográfico y videográfico de presuntos abusos sexuales contra niños y niñas.

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En otra investigación, realizada por el concejal Óscar Vahos, que se suma a las preocupaciones en el interior del cabildo, se dieron a conocer grabaciones en el barrio Santa Fe del ofrecimiento de servicios sexuales presuntamente de menores de edad, una realidad que se ha normalizado en esta zona y sigue perpetuándose. “Nos encontramos con jóvenes, presuntamente menores de edad, que ofrecen servicios sexuales, a plena luz del día, por $50.000, habitación incluida. Las niñas no salen del perímetro y son custodiadas permanentemente”, dijo el concejal.

Diagnóstico

En la capital el panorama se desenvuelve en los ámbitos público y privado. Lo que sucede en Santa Fe es el ejemplo claro de la fricción que generan las zonas de tolerancia y los contextos marginados por el microtráfico. En 2023, 214 niñas, niños y adolescentes (NNA) recibieron atención del Idipron, víctimas de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA). Se teme que puede haber un aumento, ya que otras cifras entregadas al concejal Julián Sastoque hablan de 116 casos de ESCNNA reportados a la Fiscalía en el primer trimestre de 2024, lo que evidencia que no solo pudo haber aumentado, sino que hay vacíos en la recolección y el análisis de los datos.

Los centros Proteger, de la Secretaría de Integración Social, atendieron en 2023 a 569 NNA víctimas de violencia sexual. Por su parte, las comisarías de familia atendieron 919 casos por violencia en los hogares. Sin embargo, la entidad mapea más de 13.000 menores en riesgo de abusos. El ICBF, entre 2023 y 2024, ha realizado 27 intervenciones en Los Mártires y Santa Fe, en las que brindó apoyo a 42 NNA, y con cinco iniciaron proceso de restablecimiento de derechos.

En un estudio que realizó el Idipron se evalúan los “mecanismos de legitimación de la explotación sexual comercial de NNA”. Allí se señala que este delito no es el ejercicio central al que se dedican las bandas criminales. “No obstante, se sostiene en un entramado de relaciones de poder orientadas al control sobre el territorio”. Cuando se da de manera privada, en su mayoría, es por medios digitales (el año pasado se reportaron 75 denuncias por explotación infantil en internet) o en contextos familiares.

Entre otros hallazgos, el Idipron halló que ña ESCNNA se inicia en espacios como la calle, el ciberespacio y la escuela. “Se identificaron lugares específicos en la ciudad donde se concentra la ESCNNA, como parques, centros comerciales y zonas turísticas. Las niñas y adolescentes son las principales víctimas de la ESCNNA, aunque también hay casos de explotación de niños y jóvenes varones. Los victimarios suelen ser hombres adultos que ofrecen dinero, regalos o promesas a cambio de favores sexuales. La pobreza, la falta de oportunidades y la violencia familiar son algunos de los factores de riesgo que hacen que los niños, niñas y adolescentes sean más vulnerables a la ESCNNA”, indicó el ente a El Espectador.

Un análisis reciente de la distribución espacial de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) en Bogotá revela la concentración de este flagelo en zonas específicas de la ciudad, cada una con características y dinámicas propias, sin embargo, los estudios recientes son insuficientes a la fecha.

Zonas de Mayor Incidencia por Contexto:

• Comunitario: Usaquén, Chapinero, Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Bosa y Rafael Uribe. Cabe destacar que la representación de este contexto puede variar según las condiciones socioeconómicas y culturales.
• Prostitución: Santa Fe, Teusaquillo, Kennedy y Chapinero.
• Viajes y Turismo: Centro de la ciudad, especialmente la localidad de Los Mártires, frecuentada por nacionales y extranjeros.
• Carreteras: Fontibón y parte de Ciudad Bolívar, corredor conocido por el tránsito hacia otras zonas del país.
• Virtual: Localidad de Tunjuelito.

Fisuras del Plan de Desarrollo

Si bien la problemática involucra a múltiples entidades del orden local y nacional, dentro del plan de seguridad que presentó la Alcaldía de Bogotá, quedaron vacíos y dudas en el Concejo. Andrés García (Alianza Verde), de la bancada de la Niñez, llamó la atención sobre la ausencia de focalización en el plan frente a la niñez. “Compartimos que el objetivo 2 del plan de seguridad tenga el enfoque de ‘cero tolerancia’ a la violencia de género, pero pedimos incluir un enfoque de niñez e incorporar metas específicas, que midan los avances en cuanto a la lucha contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, así como la atención integral de las personas mayores”.

A esta crítica se sumó Heidy Sánchez (Pacto Histórico), quien señaló que el PDD de Galán no tiene objetivos claros para contrarrestar este fenómeno. “No se menciona ninguna meta con respecto a la trata de personas y explotación de mujeres y niñas. Está en el diagnóstico, pero no hay ninguna meta. Recientemente en Suba recibimos denuncias de extorsiones a mujeres migrantes que viven en pagadiarios y pueden ser víctimas de explotación. Este no es un fenómeno solo de Medellín”.

Desde la bancada del MIRA, que firmó la “Alianza por la cero tolerancia a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Bogotá”, con entidades públicas y privadas, también hubo alertas. El concejal Samir Bedoya recordó los desplantes de la pasada administración con el tema de la niñez. El ejemplo que sacó a relucir fue lo que sucedió con el Acuerdo 828 de 2021, que establece los lineamientos para el plan distrital de prevención de violencia sexual y cuya implementación debía darse en los siguientes 10 meses a la aprobación del proyecto de acuerdo, pero hoy, después de 27 meses, aún funge como propuesta.

En sus indagaciones, el concejal halló que en 2023 hubo casos de violencia sexual que no se atendieron o a los que no se pudo hacer seguimiento por “conflictos contractuales” de la Secretaría de Integración Social.

Entre los artículos del PDD también hay un punto que será importante a la hora de atender y asegurar justicia en estos casos: el “Artículo 21. Traslado de comisarías de familia”, que propone trasladar el manejo de estas comisarías, que son parte de Integración Social, a la cartera de Seguridad, movida que se haría en un período de dos años y modificaría la perspectiva de atención de casos de violencia intrafamiliar.

La capital, además de enfrentar la problemática, tiene una tarea grande desde que asumió en marzo la presidencia de la Red Nacional de Destinos Turísticos con el objetivo de prevenir la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. El trabajo mancomunado con las entidades, en concordancia con lo que propone esta administración para los fenómenos de seguridad infantil, será determinante para golpear una industria ilegal que intenta enquistarse en las ciudades del país.

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