Expropiación del Country Club en Bogotá, le saldrá cara al Distrito

La idea del alcalde Enrique Peñalosa de convertir el Country Club en un gran parque, que lo llevó en su primera administración (1998-2000) a expropiar 7,5 hectáreas de las 103 que tiene éste, le saldrá cara al Distrito. El avalúo de un perito designado por el Estado determinó que la Alcaldía le tendría que pagar al Club alrededor de $190.000 millones por daño emergente y lucro cesante. Es decir, los bogotanos tendrán que indemnizar al Country por esa expropiación.

El multimillonario avalúo lo dieron a conocer las directivas del club a sus socios a través de un comunicado en el informan que, según el avalúo, el Distrito tendrá que pagar a la organización $139.655 millones por daño emergente y $50.753 millones por lucro cesante. “La situación a la que se ve abocado el Distrito es normal cuando un Estado respetuoso de los derechos de los ciudadanos y de la propiedad privada expropia un predio para atender necesidades del bien común”, agrega el oficio.

Andrés Fernández de Soto, presidente de la junta directiva del Club, explica que esta es apenas la notificación y que las partes podrían pedir alguna aclaración, por lo que el estudio aún no está en firme. “El Club presentó un recurso. No sabemos si el Distrito hizo lo mismo. Tendremos que esperar a que quede en firme para seguir adelante con la expropiación, que terminará en el pago. Esto podría quedar definido en seis meses”.

El pleito

El lote de la disputa es un terreno de 7,5 hectáreas ubicado al frente del centro comercial Unicentro, en la calle 127 con carrera 11, donde funcionaba la cancha de polo del Country Club. Es una pequeña pero valiosa parte del gran terreno propiedad del Club, que mide casi 100 hectáreas y que compraron sus socios a finales de la década de los 40 por $105.000. El Country fue catalogado como zona verde metropolitana en 1979.

En su primera administración, el alcalde Enrique Peñalosa intentó comprar los terrenos, pero los directivos se negaron a vender. Peñalosa decidió expropiar en el 2000 con la idea de recuperarlo como espacio público. Su meta era más ambiciosa y apuntaba a convertir todo el Club en un gran parque metropolitano y, de paso, extender la carrera 15, entre la calle 127 y la 134. Para ese momento, calcularon el costo de las casi 100 hectáreas en $150.000 millones. El plan de la administración era pagarlo con cobro de valorización y un proyecto inmobiliario.

Los socios del Country demandaron el decreto de expropiación. Pedían que se declarara nulo y que se le ordenara al Distrito pagar los daños materiales, morales y el lucro cesante. En su momento, calificaron la decisión de Peñalosa como una prueba de la animadversión que, supuestamente, él sentía por el Club.

Mientras avanzaba el proceso judicial, los dueños del predio se lo entregaron de forma anticipada al Distrito en 2007. Para ese momento el avalúo parcial de las 7,5 hectáreas era de $10.543 millones. La administración adelantó el pago de la mitad: $5.271 millones. Desde entonces, el parque se ha usado para actividades de recreación pasiva y festivales como Jazz al Parque.

En 2011, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá se pronunció en primera instancia avalando la decisión de Peñalosa y respaldando la expropiación. La corporación privada apeló. El proceso pasó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó la decisión. Finalmente, el proceso llegó al Consejo de Estado, que en junio de 2014 ratificó el fallo.

Y aunque el Distrito ya administraba el terreno, faltaba un paso para que quedara escriturado y cerrado el pleito: el avalúo del bien y la indemnización a favor de Club. Para ello, se designó un perito especializado en avalúo de inmuebles. Casi dos años después, el especialista dio a conocer el monto que, de quedar en firme, tendrá que pagar el Distrito: $190.000 millones. Una vez se surta este trámite y el terreno quede escriturado a nombre de la Alcaldía, se podrán definir las inversiones que adelantará la Alcaldía.

Salidas inteligentes

Fernández de Soto, presidente del Country Club, señala que desde que comenzó este pleito los directivos no querían llegar a esta instancia y por eso entablaron diálogos con las administraciones de turno para buscar alternativas. “Tanto mis antecesores como la junta han estado dispuestos a dialogar. Hubo conversaciones prolongadas, buscando soluciones inteligentes que permitieran una mejor convivencia del Club con la ciudad. Pero cuando se llegaba a un punto decisivo, los abogados decían que la expropiación no se podía echar para atrás. Somos conscientes de las necesidades de Bogotá y no queríamos llegar a esta etapa”.

Explicó que como la ciudad creció alrededor del Club, en los últimos años hubo varias propuestas a los alcaldes de turno. “La más avanzada fue con Clara López. En vez de que el Distrito expropiara 7,5 hectáreas, se trataba de que fueran 3,5 sin pagar un peso; el Club cedería a la ciudad otras tres hectáreas en otros puntos para mejorar los andenes perimetrales en la 134 y hacer un parque lineal que conectara la 127 con la 134. Sin embargo, todo eso quedó estancado”.

Ante la pregunta de si el Distrito podría devolver el terreno ante el costo tan elevado, Fernández de Soto indicó que esto ha sido un proceso producto de la expropiación y que si existe una opción distinta, el Club estaría abierto a escuchar propuestas. Agregó que, aunque se han dado breves acercamientos con la actual administración (nada de fondo) y siguen abiertos al diálogo, frente a una realidad procesal como la actual (en la que ya hay avalúo y está tasada la indemnización), cualquier decisión debe ser estudiada y aprobada por la asamblea de la corporación privada.

“Entre los socios hay resignación por haber perdido hace siete años una parte importante del club como era la hípica, porque esa era la mejor pista del país. Incluso, aún se lamentan. Por eso han aceptado los diálogos. El mensaje que queremos enviar es que hay soluciones inteligentes para que el Club y la ciudad puedan coexistir tranquilamente”, concluyó Fernández de Soto.

El Espectador consultó a la Alcaldía para conocer su opinión sobre el proceso y los pasos a seguir, pero indicaron que por ahora no se pronunciarán.

La idea del alcalde Enrique Peñalosa de convertir el Country Club en un gran parque, que lo llevó en su primera administración (1998-2000) a expropiar 7,5 hectáreas de las 103 que tiene éste, le saldrá cara al Distrito. El avalúo de un perito designado por el Estado determinó que la Alcaldía le tendría que pagar al Club alrededor de $190.000 millones por daño emergente y lucro cesante. Es decir, los bogotanos tendrán que indemnizar al Country por esa expropiación.

El multimillonario avalúo lo dieron a conocer las directivas del club a sus socios a través de un comunicado en el informan que, según el avalúo, el Distrito tendrá que pagar a la organización $139.655 millones por daño emergente y $50.753 millones por lucro cesante. “La situación a la que se ve abocado el Distrito es normal cuando un Estado respetuoso de los derechos de los ciudadanos y de la propiedad privada expropia un predio para atender necesidades del bien común”, agrega el oficio.

Andrés Fernández de Soto, presidente de la junta directiva del Club, explica que esta es apenas la notificación y que las partes podrían pedir alguna aclaración, por lo que el estudio aún no está en firme. “El Club presentó un recurso. No sabemos si el Distrito hizo lo mismo. Tendremos que esperar a que quede en firme para seguir adelante con la expropiación, que terminará en el pago. Esto podría quedar definido en seis meses”.

El pleito

El lote de la disputa es un terreno de 7,5 hectáreas ubicado al frente del centro comercial Unicentro, en la calle 127 con carrera 11, donde funcionaba la cancha de polo del Country Club. Es una pequeña pero valiosa parte del gran terreno propiedad del Club, que mide casi 100 hectáreas y que compraron sus socios a finales de la década de los 40 por $105.000. El Country fue catalogado como zona verde metropolitana en 1979.

En su primera administración, el alcalde Enrique Peñalosa intentó comprar los terrenos, pero los directivos se negaron a vender. Peñalosa decidió expropiar en el 2000 con la idea de recuperarlo como espacio público. Su meta era más ambiciosa y apuntaba a convertir todo el Club en un gran parque metropolitano y, de paso, extender la carrera 15, entre la calle 127 y la 134. Para ese momento, calcularon el costo de las casi 100 hectáreas en $150.000 millones. El plan de la administración era pagarlo con cobro de valorización y un proyecto inmobiliario.

Los socios del Country demandaron el decreto de expropiación. Pedían que se declarara nulo y que se le ordenara al Distrito pagar los daños materiales, morales y el lucro cesante. En su momento, calificaron la decisión de Peñalosa como una prueba de la animadversión que, supuestamente, él sentía por el Club.

Mientras avanzaba el proceso judicial, los dueños del predio se lo entregaron de forma anticipada al Distrito en 2007. Para ese momento el avalúo parcial de las 7,5 hectáreas era de $10.543 millones. La administración adelantó el pago de la mitad: $5.271 millones. Desde entonces, el parque se ha usado para actividades de recreación pasiva y festivales como Jazz al Parque.

En 2011, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá se pronunció en primera instancia avalando la decisión de Peñalosa y respaldando la expropiación. La corporación privada apeló. El proceso pasó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó la decisión. Finalmente, el proceso llegó al Consejo de Estado, que en junio de 2014 ratificó el fallo.

Y aunque el Distrito ya administraba el terreno, faltaba un paso para que quedara escriturado y cerrado el pleito: el avalúo del bien y la indemnización a favor de Club. Para ello, se designó un perito especializado en avalúo de inmuebles. Casi dos años después, el especialista dio a conocer el monto que, de quedar en firme, tendrá que pagar el Distrito: $190.000 millones. Una vez se surta este trámite y el terreno quede escriturado a nombre de la Alcaldía, se podrán definir las inversiones que adelantará la Alcaldía.

Salidas inteligentes

Fernández de Soto, presidente del Country Club, señala que desde que comenzó este pleito los directivos no querían llegar a esta instancia y por eso entablaron diálogos con las administraciones de turno para buscar alternativas. “Tanto mis antecesores como la junta han estado dispuestos a dialogar. Hubo conversaciones prolongadas, buscando soluciones inteligentes que permitieran una mejor convivencia del Club con la ciudad. Pero cuando se llegaba a un punto decisivo, los abogados decían que la expropiación no se podía echar para atrás. Somos conscientes de las necesidades de Bogotá y no queríamos llegar a esta etapa”.

Explicó que como la ciudad creció alrededor del Club, en los últimos años hubo varias propuestas a los alcaldes de turno. “La más avanzada fue con Clara López. En vez de que el Distrito expropiara 7,5 hectáreas, se trataba de que fueran 3,5 sin pagar un peso; el Club cedería a la ciudad otras tres hectáreas en otros puntos para mejorar los andenes perimetrales en la 134 y hacer un parque lineal que conectara la 127 con la 134. Sin embargo, todo eso quedó estancado”.

Ante la pregunta de si el Distrito podría devolver el terreno ante el costo tan elevado, Fernández de Soto indicó que esto ha sido un proceso producto de la expropiación y que si existe una opción distinta, el Club estaría abierto a escuchar propuestas. Agregó que, aunque se han dado breves acercamientos con la actual administración (nada de fondo) y siguen abiertos al diálogo, frente a una realidad procesal como la actual (en la que ya hay avalúo y está tasada la indemnización), cualquier decisión debe ser estudiada y aprobada por la asamblea de la corporación privada.

“Entre los socios hay resignación por haber perdido hace siete años una parte importante del club como era la hípica, porque esa era la mejor pista del país. Incluso, aún se lamentan. Por eso han aceptado los diálogos. El mensaje que queremos enviar es que hay soluciones inteligentes para que el Club y la ciudad puedan coexistir tranquilamente”, concluyó Fernández de Soto.

El Espectador consultó a la Alcaldía para conocer su opinión sobre el proceso y los pasos a seguir, pero indicaron que por ahora no se pronunciarán.