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Basuras, escombros, el pasto largo y las calles en mal estado. Ese es el panorama de uno de los sectores del barrio Corinto, que colinda con La Carolina, ambos en el occidente de la localidad de Suba. Al ser una zona que limita con la parte media del humedal Juan Amarillo, los espacios verdes son comunes, pero están olvidados. Los mismos habitantes reconocen que al abandono se suma la inseguridad cerca de los lugares que parecen ser centros informales de acopio de escombros.
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Según un líder del barrio, en Corinto hay 48 cámaras de seguridad y, pese a la vigilancia, la situación persiste. En la noche arrojan los escombros; en las mañanas la empresa de aseo hace la recolección y en la noche se repite la situación. Un círculo vicioso, que también se presenta en Suba Compartir, Atenas, El Batán, Niza 9 y Baviera, y en otras localidades como Kennedy, en el barrio Patio Bonito, donde las cámaras registraron cuando en minutos vuelven los desechos. La situación, como queda en evidencia, es un problema que crece.
Escombros y falta de cultura
Generalmente, los operadores de aseo dividen la recolección de escombros en dos: de usuario conocido y clandestinos. Con los primeros no hay lío. Actualmente, en Suba se reciben 180 solicitudes mensuales, en las que cada usuario paga por el servicio. La empresa recoge y traslada los desechos a Granulados de Colombia, punto de aprovechamiento donde se les da segundo uso, salvo que sean cerámica, baldosa o madera lacada, que van directo a una escombrera.
El problema está con los clandestinos, que son los que dejan en cualquier esquina. En Suba, por ejemplo, se recogen aproximadamente 154 toneladas diarias en las calles, potreros y predios abandonados (4.000 toneladas mensuales). Todos se llevan al relleno Doña Juana y a El Uval (en Usme), que controla la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp). Aunque hacerlo resulta gratis para el infractor, los costos los terminan pagando los ciudadanos, no solo por los efectos de la disposición irregular en los barrios, sino a través de la tarifa de aseo.
Detrás de este problema hay uno mayor. Aunque existe un trámite para solicitar la recolección de escombros, muchos prefieren hacerlo por su cuenta. Y es ahí donde se agudiza el problema: a falta de escombreras cerca, dejan los desechos en cualquier lado. Así lo advierte Alberto Uribe, ingeniero civil y máster en gestión de residuos, quien resalta que en Bogotá son escasos los espacios para disponer correctamente los escombros. “Eso hace que los ciudadanos y los recolectores oficiales tengan que moverse bastante y hacer largos recorridos para llevar a cabo la disposición”.
Según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en el departamento hay 61 escombreras, de las cuales ocho están suspendidas y una sin vigencia. Asimismo, de las 52 en funcionamiento, apenas una queda en Bogotá, pero recibe solo materiales de excavación, tierras negras, excavaciones orgánicas, materiales de demolición y de mantenimiento vial.
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Y ese es un problema aún más complejo de solucionar, ya que físicamente no hay dónde recibir el resto de materiales. “Por lo tanto, toca salir de la ciudad y buscar escombreras autorizadas. Sin embargo, no es un trámite fácil, pues cada municipio (Funza, Cota o Mosquera) maneja sus propias licencias y condiciones ambientales”, recalcó el ingeniero.
Aunque la ciudad está en obra, las obras oficiales no son problema, ya que los encargados de arreglos y construcciones de entidades del Distrito, como el IDU, Acueducto o el Metro, o de constructoras reconocidas, deben tener permisos y una escombrera seleccionada a la cual enviar los escombros, algo que verifican los interventores.
El problema son los escombros clandestinos, que provienen de pequeñas remodelaciones. “El desconocimiento de los ciudadanos a la hora de disponer de los escombros es la raíz del problema, seguido por la escasez de sitios autorizados que deberían estar en la ciudad y el costo del servicio de recolección”, señaló Uribe.
Y eso es algo en lo que también coincide uno de los líderes del barrio Corinto, quien cuenta que los habitantes prefieren pagarle $10.000 a un trabajador informal para deshacerse de los materiales, que llamar al operador de aseo y cumplir con el debido proceso. Para la Uaesp, aunque las empresas de aseo atienden los puntos críticos con frecuencia, estos rápidamente son invadidos de nuevo.
A la fecha se han identificado 743 puntos críticos de arrojo irregular de residuos en la ciudad, siendo Engativá la localidad con más zonas, con 156, seguida por Kennedy, con 77; Suba, con 61; Bosa, con 61, y Barrios Unidos, con 60. En estos puntos se recolectan a diario cerca de 700 toneladas de materiales, lo cual le cuesta al Distrito $30 mil millones al año.
Para la empresa Área Limpia (operadora de aseo en Suba) todo obedece a un tema de falta de cultura ciudadana: “Llevamos tres meses haciendo la campaña Juntos Cuidemos a Bogotá, en donde dejamos un punto de acopio vigilado, pero no lo usa toda la comunidad. Las personas prefieren pagarle al carretero para que se lleve sus residuos, en vez de aprovechar las estrategias que se tienen y emplear los medios adecuados”, señaló Daniel Ramírez, coordinador operativo de Área Limpia.
Por su parte, el ingeniero Héctor Sánchez Mayorga, jefe de operaciones de escombros en la empresa de aseo, indica que se trata de un problema de autoridad. “Hay puntos críticos identificados por la comunidad, donde permanente tiran este tipo de residuos y no se aplica la norma que corresponde o la autoridad no hace lo suficiente para sancionar estas prácticas”.
Vale recordar que este año se han impuesto alrededor de 700 comparendos a habitantes por arrojar residuos en sitios prohibidos. Estas multas tienen un costo de $1′019.000 y, además de afectarle el bolsillo, también les cuesta al medio ambiente, a su salud, al Distrito y a los espacios públicos de Bogotá.
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¿La solución?
El diagnóstico del ingeniero Uribe apunta a otras causas: la falta de información del proceso de recolección y de mecanismos para facilitar la logística, ya que en varios casos el manejo de escombros es un proceso complejo. “Hay unas iniciativas que quedaron plasmadas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) –que se encuentra suspendido–, que consistían en crear centros de acopio para recibir el material, hacer una selección y obtener una cantidad considerable de escombros, para disminuir los viajes y los costos”.
Para él, esa es una estrategia que puede funcionar. Sin embargo, educar a los ciudadanos para que aprendan a hacer una correcta disposición de residuos y la creación de escombreras acabaría con el paisaje de ratones, inseguridad, malos olores y afectación del espacio público a causa del mal manejo de estos desechos. La tarea queda en manos del Distrito.
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