Falta de liderazgo y coordinación facilitaron los desmanes en las protestas: Probogotá

El homicidio de Javier Ordóñez, bajo custodia policía, ha generado tal indignación que ni los empresarios de Bogotá se mantuvieron al margen de la situación. Por eso, a través de un oficio dirigido a la alcaldesa Claudia López desde Probogotá Región, no solo lamentaron el crimen y se sumaron al llamado para que se dé pronta justicia. También hicieron una fuerte crítica a las autoridades por la falta de coordinación y liderazgo durante las protestas. Eso sí, aprovecharon para expresar su respaldo a la Policía, cuestionar las ideas de reformas e hizo una serie de recomendaciones a la mandataria para tratar de mejorar la seguridad en la capital.

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El oficio, firmado el presidente de la organización, el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, si bien reconoce que el asesinato derivó en “indignación y en una protesta social legítima”, destaca que la manifestación fue empañada y aprovechada por organizaciones armadas, pandillas y bandas delincuenciales en las calles capitalinas, quiénes con mucha violencia se dedicaron a cometer no solo actos de vandalismo, sino incluso de terrorismo. Toda esta situación, según la entidad, tiene una razón: La ausencia de coordinación impidió dar señales claras a la ciudadanía para evitar la pérdida de vidas humanas. La protesta social pacífica se vio desbordada.

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“La falta de liderazgo evitó adoptar medidas encaminadas a garantizar el orden público e impidió proteger a la ciudadanía de modo que quedó expuesta a delincuentes, células de terrorismo, estructuras de microtráfico y bandas organizadas”, indicó Pinzón, quien agregó: “Somos de la convicción de que condenar a la Policía por el actuar reprochable de algunos de sus agentes, sin el debido proceso y sin liderar el orden público, nos puede conducir a escenarios no deseados de inestabilidad y de inseguridad”.

La carta fue una oportunidad también para criticar la propuesta de reformar a la Policía, al considerar que proponer cambios que respondan a la coyuntura, sin el análisis y la comprensión apropiada de los problemas, puede profundizar la ruptura entre la sociedad y las agencias de Estado, algo poco recomendable en medio de una crisis social global exacerbada por la pandemia, donde se requiere es garantizar la seguridad y la estabilidad.

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“Sin estos elementos, sin orden, será muy difícil proteger la vida, los derechos, y generar el ambiente económico apropiado para la inversión, la recuperación económica y la generación de empleo”… “La modernización y las reformas orientadas al fortalecimiento institucional solo pueden ser abordadas de la mano del gobierno nacional y desde una perspectiva integral del sistema de defensa, seguridad y convivencia ciudadana del país sin dejar de lado la revisión de las competencias de todas las entidades que lo componen como conjunto”.

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Finalmente, antes de enlistar nueve sugerencias para mejorar la seguridad, Pinzón indicó que los empresarios respaldan a la Policía, como una de las instituciones que ha contribuido a la construcción de la democracia, a la derrota de los carteles de la droga, del terrorismo, a enfrentar la criminalidad en las calles y en los campos y a la construcción de oportunidades de convivencia pacífica y defensa de los derechos de los ciudadanos en nuestro país. “Incluso ofrendando la vida e integridad de sus hombres y mujeres”, puntualiza el oficio.

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Nueve propuestas:

Resaltando que una de las misiones de Probogotá es formular propuestas orientadas al desarrollo de la ciudad-región, basadas en el análisis basado en el conocimiento, la experiencia y la comparación internacional, enlista nueve acciones que podrían fortalecer la Policía Nacional como actor central de la seguridad y la convivencia de los ciudadanos, “para el mejoramiento, la construcción de confianza y la disminución de riesgos en el servicio de policía”.

1. Instituciones y gestión de la seguridad: La administración distrital debe brindarle el apoyo a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia -SDSCJ- para que ejerza un liderazgo basado en la gestión, en el que su papel consista en la recolección, análisis y estructuración de información que permita identificar los orígenes de los factores de riesgo, diseñar y generar las capacidades para hacerles frente y administrar las relaciones fuerza pública – ciudadanía, siendo el gerente general de un sistema local de seguridad. Así mismo, asegurar la coordinación con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares, las autoridades judiciales, las instituciones de atención de emergencias, y cualquier otro agente público o privado que contribuya a la seguridad y convivencia de los ciudadanos.

2. Inteligencia y contra inteligencia: El Gobierno Nacional y las administraciones locales deben trabajar en el desarrollo de capacidades y planes en estas áreas, que les permitan a los organismos de seguridad y en especial a la Policía Nacional fortalecer sus políticas de integridad y transparencia, y la capacidad de anticipación frente a organizaciones dispersas en los territorios para el aprovechamiento de coyunturas de inestabilidad. Dado que estas organizaciones conforman regularmente redes de crimen organizado local y bandas delincuenciales, el trabajo en este frente representa un esfuerzo con beneficios en varias dimensiones. Debe ser una prioridad del sistema de inteligencia identificar los grupos con intenciones violentas para prevenir sus acciones y judicializar debidamente los casos.

3. Reconsideración de la visión territorial de la seguridad: Durante los últimos años, las explosiones de vandalismo y violencia en el marco de protestas ciudadanas han tenido su inicio en áreas determinadas de la ciudad, es necesario que la SDSCJ en asocio con la Policía Metropolitana desarrollen un modelo de despliegue territorial para generar un equilibrio del sistema que disminuya el riesgo de quiebre del orden.

4. Reconocimiento de los roles y misiones, optimización de recursos y comprensión de límites en el servicio: La debilidad de los planes de actuación en el marco de la pandemia; la imposibilidad de poner en marcha un esquema de comando y control de respuesta a esta, y el desconocimiento de la relación entre roles – misiones y disponibilidad para el servicio han aumentado exponencialmente el riesgo de enfrentamiento entre funcionarios policiales y ciudadanía. El desgaste por cuenta de este panorama deriva en un debilitamiento de la legitimidad institucional con impactos profundos en la provisión del servicio de seguridad y la lucha contra el crimen. Dos son las fuentes de este escenario: la desmoralización de los funcionarios policiales y el aumento de la conflictividad del ciudadano hacia el policía. De no ser corregida esta dinámica a tiempo, el deterioro de la ciudad será sostenido llevando a nuevos niveles de capacidad criminal a bandas delincuenciales y de crimen organizado, asimismo un deterioro profundo de la convivencia ciudadana.

5. Pie de fuerza: Se requiere un sistema de cofinanciación del aumento de pie de fuerza con urgencia, con unidades especializadas en la dinámica específica de la ciudad. En Bogotá hacen falta 5.000 policías para llegar a un mínimo de 300 policías por cien mil habitantes. El desarrollo de la policía comunitaria y del modelo del plan cuadrantes depende del nivel de pie de fuerza apropiado, de recursos suficientes y del entrenamiento comunitario que acerque a la policía con la comunidad.

6. Tecnología: El uso de cámaras corporales y equipos de comunicación para todos los componentes en el servicio de vigilancia representa un factor de autocontrol del funcionario policial y un elemento disuasorio hacia ciudadanos que quieren aprovechar la debilidad en el control de los procedimientos para abusar de sus derechos.

7. Innovación: Profundizar la utilización de herramientas de analítica de datos que permitan predecir de una manera más efectiva el comportamiento de los diferentes riesgos asociados a la convivencia y seguridad ciudadana.

8. Apostar a la expansión de infraestructuras de entrenamiento: La ciudad requiere que su personal policial cuente con conocimiento experto de las condiciones sociales, geográficas, económicas, culturales, entre otras, del entorno donde presta el servicio. Con un sistema de entrenamiento y reentrenamiento distrital robusto, tanto la administración como la Policía podrán desarrollar un sistema de lecciones aprendidas y mejores prácticas que impacten la calidad del servicio y en la mejora sostenible de las condiciones de seguridad de la ciudad.

9. Revisión de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión de la

Seguridad: Es necesario diseñar nuevos mecanismos de participación ciudadana para la gestión de la seguridad. Además de los frentes de seguridad, es importante el diseño de una estrategia para incrementar el alcance de los procesos de rendición de cuentas y el involucramiento de los ciudadanos en la gestión de la seguridad.

El homicidio de Javier Ordóñez, bajo custodia policía, ha generado tal indignación que ni los empresarios de Bogotá se mantuvieron al margen de la situación. Por eso, a través de un oficio dirigido a la alcaldesa Claudia López desde Probogotá Región, no solo lamentaron el crimen y se sumaron al llamado para que se dé pronta justicia. También hicieron una fuerte crítica a las autoridades por la falta de coordinación y liderazgo durante las protestas. Eso sí, aprovecharon para expresar su respaldo a la Policía, cuestionar las ideas de reformas e hizo una serie de recomendaciones a la mandataria para tratar de mejorar la seguridad en la capital.

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El oficio, firmado el presidente de la organización, el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, si bien reconoce que el asesinato derivó en “indignación y en una protesta social legítima”, destaca que la manifestación fue empañada y aprovechada por organizaciones armadas, pandillas y bandas delincuenciales en las calles capitalinas, quiénes con mucha violencia se dedicaron a cometer no solo actos de vandalismo, sino incluso de terrorismo. Toda esta situación, según la entidad, tiene una razón: La ausencia de coordinación impidió dar señales claras a la ciudadanía para evitar la pérdida de vidas humanas. La protesta social pacífica se vio desbordada.

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“La falta de liderazgo evitó adoptar medidas encaminadas a garantizar el orden público e impidió proteger a la ciudadanía de modo que quedó expuesta a delincuentes, células de terrorismo, estructuras de microtráfico y bandas organizadas”, indicó Pinzón, quien agregó: “Somos de la convicción de que condenar a la Policía por el actuar reprochable de algunos de sus agentes, sin el debido proceso y sin liderar el orden público, nos puede conducir a escenarios no deseados de inestabilidad y de inseguridad”.

La carta fue una oportunidad también para criticar la propuesta de reformar a la Policía, al considerar que proponer cambios que respondan a la coyuntura, sin el análisis y la comprensión apropiada de los problemas, puede profundizar la ruptura entre la sociedad y las agencias de Estado, algo poco recomendable en medio de una crisis social global exacerbada por la pandemia, donde se requiere es garantizar la seguridad y la estabilidad.

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“Sin estos elementos, sin orden, será muy difícil proteger la vida, los derechos, y generar el ambiente económico apropiado para la inversión, la recuperación económica y la generación de empleo”… “La modernización y las reformas orientadas al fortalecimiento institucional solo pueden ser abordadas de la mano del gobierno nacional y desde una perspectiva integral del sistema de defensa, seguridad y convivencia ciudadana del país sin dejar de lado la revisión de las competencias de todas las entidades que lo componen como conjunto”.

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Finalmente, antes de enlistar nueve sugerencias para mejorar la seguridad, Pinzón indicó que los empresarios respaldan a la Policía, como una de las instituciones que ha contribuido a la construcción de la democracia, a la derrota de los carteles de la droga, del terrorismo, a enfrentar la criminalidad en las calles y en los campos y a la construcción de oportunidades de convivencia pacífica y defensa de los derechos de los ciudadanos en nuestro país. “Incluso ofrendando la vida e integridad de sus hombres y mujeres”, puntualiza el oficio.

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Nueve propuestas:

Resaltando que una de las misiones de Probogotá es formular propuestas orientadas al desarrollo de la ciudad-región, basadas en el análisis basado en el conocimiento, la experiencia y la comparación internacional, enlista nueve acciones que podrían fortalecer la Policía Nacional como actor central de la seguridad y la convivencia de los ciudadanos, “para el mejoramiento, la construcción de confianza y la disminución de riesgos en el servicio de policía”.

1. Instituciones y gestión de la seguridad: La administración distrital debe brindarle el apoyo a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia -SDSCJ- para que ejerza un liderazgo basado en la gestión, en el que su papel consista en la recolección, análisis y estructuración de información que permita identificar los orígenes de los factores de riesgo, diseñar y generar las capacidades para hacerles frente y administrar las relaciones fuerza pública – ciudadanía, siendo el gerente general de un sistema local de seguridad. Así mismo, asegurar la coordinación con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares, las autoridades judiciales, las instituciones de atención de emergencias, y cualquier otro agente público o privado que contribuya a la seguridad y convivencia de los ciudadanos.

2. Inteligencia y contra inteligencia: El Gobierno Nacional y las administraciones locales deben trabajar en el desarrollo de capacidades y planes en estas áreas, que les permitan a los organismos de seguridad y en especial a la Policía Nacional fortalecer sus políticas de integridad y transparencia, y la capacidad de anticipación frente a organizaciones dispersas en los territorios para el aprovechamiento de coyunturas de inestabilidad. Dado que estas organizaciones conforman regularmente redes de crimen organizado local y bandas delincuenciales, el trabajo en este frente representa un esfuerzo con beneficios en varias dimensiones. Debe ser una prioridad del sistema de inteligencia identificar los grupos con intenciones violentas para prevenir sus acciones y judicializar debidamente los casos.

3. Reconsideración de la visión territorial de la seguridad: Durante los últimos años, las explosiones de vandalismo y violencia en el marco de protestas ciudadanas han tenido su inicio en áreas determinadas de la ciudad, es necesario que la SDSCJ en asocio con la Policía Metropolitana desarrollen un modelo de despliegue territorial para generar un equilibrio del sistema que disminuya el riesgo de quiebre del orden.

4. Reconocimiento de los roles y misiones, optimización de recursos y comprensión de límites en el servicio: La debilidad de los planes de actuación en el marco de la pandemia; la imposibilidad de poner en marcha un esquema de comando y control de respuesta a esta, y el desconocimiento de la relación entre roles – misiones y disponibilidad para el servicio han aumentado exponencialmente el riesgo de enfrentamiento entre funcionarios policiales y ciudadanía. El desgaste por cuenta de este panorama deriva en un debilitamiento de la legitimidad institucional con impactos profundos en la provisión del servicio de seguridad y la lucha contra el crimen. Dos son las fuentes de este escenario: la desmoralización de los funcionarios policiales y el aumento de la conflictividad del ciudadano hacia el policía. De no ser corregida esta dinámica a tiempo, el deterioro de la ciudad será sostenido llevando a nuevos niveles de capacidad criminal a bandas delincuenciales y de crimen organizado, asimismo un deterioro profundo de la convivencia ciudadana.

5. Pie de fuerza: Se requiere un sistema de cofinanciación del aumento de pie de fuerza con urgencia, con unidades especializadas en la dinámica específica de la ciudad. En Bogotá hacen falta 5.000 policías para llegar a un mínimo de 300 policías por cien mil habitantes. El desarrollo de la policía comunitaria y del modelo del plan cuadrantes depende del nivel de pie de fuerza apropiado, de recursos suficientes y del entrenamiento comunitario que acerque a la policía con la comunidad.

6. Tecnología: El uso de cámaras corporales y equipos de comunicación para todos los componentes en el servicio de vigilancia representa un factor de autocontrol del funcionario policial y un elemento disuasorio hacia ciudadanos que quieren aprovechar la debilidad en el control de los procedimientos para abusar de sus derechos.

7. Innovación: Profundizar la utilización de herramientas de analítica de datos que permitan predecir de una manera más efectiva el comportamiento de los diferentes riesgos asociados a la convivencia y seguridad ciudadana.

8. Apostar a la expansión de infraestructuras de entrenamiento: La ciudad requiere que su personal policial cuente con conocimiento experto de las condiciones sociales, geográficas, económicas, culturales, entre otras, del entorno donde presta el servicio. Con un sistema de entrenamiento y reentrenamiento distrital robusto, tanto la administración como la Policía podrán desarrollar un sistema de lecciones aprendidas y mejores prácticas que impacten la calidad del servicio y en la mejora sostenible de las condiciones de seguridad de la ciudad.

9. Revisión de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión de la

Seguridad: Es necesario diseñar nuevos mecanismos de participación ciudadana para la gestión de la seguridad. Además de los frentes de seguridad, es importante el diseño de una estrategia para incrementar el alcance de los procesos de rendición de cuentas y el involucramiento de los ciudadanos en la gestión de la seguridad.