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Seis personas fueron judicializadas este lunes por pertenecer, presuntamente, a una organización que realizaba importaciones y exportaciones de manera ilegal en Bogotá y en los departamentos de Bolívar, Atlántico, Cesar y Norte de Santander.
De acuerdo con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Fiscal y Aduanera, la investigación pudo establecer que las irregularidades en las operaciones comerciales se habrían concretado con sobornos a funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y de la Policía Nacional.
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Así mismo, se sabe que los dos cabecillas de la red delincuencial ejercían las actividades ilícitas en Cartagena y Barranquilla y que eran el enlace con posibles clientes, así como los que entregaban los pagos a los funcionarios que firmaban las actas de inspección para que no se reportara alguna novedad o para conseguir autorizaciones correspondientes de levante o liberación de mercancía.
“Los investigadores identificaron el vínculo de cinco agencias de aduanas y 28 empresas en las que se evidenciaron reportes de operaciones sospechosas por un valor aproximado de $685.000 millones y tienen antecedentes por contrabando con aprehensiones registradas desde 2020″, aseguró el director Policía Fiscal y Aduanera, coronel Gelber Hernando Cortes Rueda.
En audiencias preliminares, ante un juez con función de control de garantías de Cartagena, la Fiscalía imputó a cuatro sujetos señalados de pertenecer a esta banda por los delitos de concierto para delinquir con fines de cometer delitos contra la administración pública y cohecho por dar u ofrecer.
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Por otro lado, también fueron judicializados dos servidores públicos: el inspector de la seccional Barranquilla de la Dian y el inspector de control portuario y aduanero de la Policía de Cartagena. Al primero, le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir con fines de cometer delitos contra la administración pública y cohecho impropio; mientras que al segundo, se le imputaron los delitos de concierto para delinquir con fines de cometer delitos contra la administración pública, agravado por ser integrante de la fuerza pública, y cohecho impropio.
El juez les impuso a las seis personas judicializadas medida de aseguramiento domiciliaria y otras medidas concurrentes no privativas de la libertad.
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