Fiscalía revive caso por “crisis de la basuras” en la administración Petro

Por los procesos de contratación, que se dieron entre el 2012 y 2014 y que sirvieron para estructurar un nuevo esquema de aseo en la ciudad (en el que el 52 % de la recolección de basuras quedó en manos de la empresa distrital Aguas de Bogotá), la Fiscalía imputó cargos a cinco exfuncionarios de la administración del entonces alcalde Gustavo Petro, por las presuntas irregularidades detrás de este proceso.

Se trata de Diego Fernando Bravo Borda, José William Garzón Solís, Jaime Humberto Mesa Buitrago, Mario Álvarez Ulloa y Ricardo Agudelo Sedano, quienes fueron altos directivos del Acueducto de Bogotá como de la empresa Aguas de Bogotá y a quienes investigan por peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, ante las presuntas irregularidades en la forma como se asignó a Aguas de Bogotá la operación de aseo.

Según la Fiscalía, la Empresa de Acueducto firmó dos contratos con su filial Aguas de Bogotá, la cual no contaba ni con la experiencia ni la capacidad técnica para realizar la recolección, barrido, limpieza de vías y áreas públicas. “Hay evidencia de que la finalidad del contrato fue modificada para que se ajustara al campo de acción de la empresa de Álvarez Ulloa”.

Asimismo, se cuestiona un posible detrimento patrimonial por $56.763 millones, en el proceso de compra de 278 vehículos y equipos para hacer la recolección de basura, pues el ente de control señala que hubo inconsistencias en los estudios previos, insuficiencias en los pliegos de condiciones relacionados con las especificaciones técnicas, no hubo supervisión y previsión financiera ni se contempló el mantenimiento de los automotores.

También se cuestiona la forma en cómo se atendió la crisis de las basuras que se presentó en Bogotá entre el 18 y el 20 diciembre de 2012, y a partir de la cual Petro puso en marcha la reestructuración del esquema de aseo, que dejaba la recolección de basuras en manos de la empresa pública Aguas de Bogotá.

Para dicha labor, se usaron inicialmente volquetas, hecho que para la Fiscalía desconoce “el reglamento para la prestación del servicio. Esta situación generó afectaciones e impactos económicos negativos para la empresa (Aguas de Bogotá)”. Ante esto, días después, el alcalde tuvo que firmar contratos con las empresas privadas Aseo Capital, Lime, Ciudad Limpia y Atesa para que se encargaran de la recolección de basura en el 48 % de la ciudad y de esta manera superar la crisis.

Con el cambio de administración, Enrique Peñalosa modificó el esquema y abrió una nueva licitación de la que quedó por fuera Aguas de Bogotá, ante la falta de pólizas, que exigía el proceso de licitación exigía tener. Ahora la recolección está en manos de cinco operadores privados, mientras que la empresa pública se encarga de la PTAR Salitre y la limpieza de canales.

Por los procesos de contratación, que se dieron entre el 2012 y 2014 y que sirvieron para estructurar un nuevo esquema de aseo en la ciudad (en el que el 52 % de la recolección de basuras quedó en manos de la empresa distrital Aguas de Bogotá), la Fiscalía imputó cargos a cinco exfuncionarios de la administración del entonces alcalde Gustavo Petro, por las presuntas irregularidades detrás de este proceso.

Se trata de Diego Fernando Bravo Borda, José William Garzón Solís, Jaime Humberto Mesa Buitrago, Mario Álvarez Ulloa y Ricardo Agudelo Sedano, quienes fueron altos directivos del Acueducto de Bogotá como de la empresa Aguas de Bogotá y a quienes investigan por peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, ante las presuntas irregularidades en la forma como se asignó a Aguas de Bogotá la operación de aseo.

Según la Fiscalía, la Empresa de Acueducto firmó dos contratos con su filial Aguas de Bogotá, la cual no contaba ni con la experiencia ni la capacidad técnica para realizar la recolección, barrido, limpieza de vías y áreas públicas. “Hay evidencia de que la finalidad del contrato fue modificada para que se ajustara al campo de acción de la empresa de Álvarez Ulloa”.

Asimismo, se cuestiona un posible detrimento patrimonial por $56.763 millones, en el proceso de compra de 278 vehículos y equipos para hacer la recolección de basura, pues el ente de control señala que hubo inconsistencias en los estudios previos, insuficiencias en los pliegos de condiciones relacionados con las especificaciones técnicas, no hubo supervisión y previsión financiera ni se contempló el mantenimiento de los automotores.

También se cuestiona la forma en cómo se atendió la crisis de las basuras que se presentó en Bogotá entre el 18 y el 20 diciembre de 2012, y a partir de la cual Petro puso en marcha la reestructuración del esquema de aseo, que dejaba la recolección de basuras en manos de la empresa pública Aguas de Bogotá.

Para dicha labor, se usaron inicialmente volquetas, hecho que para la Fiscalía desconoce “el reglamento para la prestación del servicio. Esta situación generó afectaciones e impactos económicos negativos para la empresa (Aguas de Bogotá)”. Ante esto, días después, el alcalde tuvo que firmar contratos con las empresas privadas Aseo Capital, Lime, Ciudad Limpia y Atesa para que se encargaran de la recolección de basura en el 48 % de la ciudad y de esta manera superar la crisis.

Con el cambio de administración, Enrique Peñalosa modificó el esquema y abrió una nueva licitación de la que quedó por fuera Aguas de Bogotá, ante la falta de pólizas, que exigía el proceso de licitación exigía tener. Ahora la recolección está en manos de cinco operadores privados, mientras que la empresa pública se encarga de la PTAR Salitre y la limpieza de canales.