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Poco más de un mes de haber sido aprobada la ley contra el ruido, y a pesar de que faltan detalles normativos para su puesta en marcha, las autoridades han intensificado los operativos para mitigar los establecimientos y predios que exceden los límites de producción del ruido. Por ejemplo, tras la recepción de varias denuncias ciudadanas, personal de la Corporación Autónoma de Cundinamarca efectuó las primeras medidas sancionatorias contra los ruidosos.
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En las últimas horas, dos establecimientos nocturnos en los municipios de Cajicá y Cogua, fueron objeto de controles de la CAR debido a su excesiva producción de ruido.
La queja fue atendida por la dirección regional Sabana Centro de la CAR cuyos técnicos pudieron determinar que, para el caso de Cogua, el gastrobar registró 68.22 dB en horario diurno y la ley establece como tope máximo 65dB, mientras que, en Cajicá el establecimiento superó los 83,39 dB en horario nocturno y la norma registra máximo permisible de 55dB.
“Una vez emitido el concepto técnico y acogido por el área jurídica fue necesario el sellamiento de los equipos generadores de ruido en ambos municipios teniendo en cuenta que sobrepasan los límites permitidos establecidos en la Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Medio Ambiente” afirmó Liliana Ramírez, directora de la Regional CAR Sabana Centro. La funcionaria agregó que para lograr mayor precisión de estas mediciones se tiene en cuenta variables como las condiciones meteorológicas, la ubicación del sonómetro, la selección del lugar de medición, entre otros, y las visitas siempre se realizan con el apoyo de personal del Laboratorio de la CAR.
Bogotá y el ruido
Según la Red Ciudades Cómo Vamos (RCCV), Bogotá es la más ruidosa del país, seguida de Medellín y Cali. El Congreso intenta corregir los vacíos de la ley para devolverles la calma a las víctimas de la contaminación auditiva.
El ruido que produce una ciudad como Bogotá tiene consecuencias sociales y de salubridad insospechadas. Historias de personas que optaron por abandonar sus casas o piensan en hacerlo, para huir del desespero que genera el estar expuesto a un estruendo continuo, son cuentos de nunca acabar. Bogotá, la capital del país, y cuya actividad diaria ha dimanado en una inherente condición de bullicio, se ha consolidado como una de las urbes más ruidosas del continente y del país.
En los últimos dos años, Bogotá ha notado un incremento significativo de las multas por exceder la barrera de los 70 decibles (Db) en el día y los 60 Db en la noche. Mientras que en 2022 el compilado de sanciones económicas por este aspecto fue de $19.654.525, en los años 2023 y 2024, las multas a los ruidosos aglutinaron valores por los $111.215.652 y los $ 105.079.014 respectivamente.
Lo que tendrá la nueva Ley anti ruido
El 30 de noviembre, en el Senado de la República, se radicó la ponencia para el cuarto y último debate de la ‘Ley contra el ruido’, que tiene el objetivo crear una Política de Calidad Acústica en Colombia, que, entre otros elementos, determina las multas y sanciones que se aplicarán para aquellos que sobrepasen los niveles de ruido, así cómo las entidades encargas de aplicar la nueva normativa.
Esta iniciativa legislativa es liderada por el representante a la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho, y busca “establecer lineamientos, definir herramientas, y reglamentar las condiciones relativas a la calidad acústica, para garantizar la sana convivencia, la tranquilidad y el disfrute efectivo de los derechos al ambiente sano, la salud y la integridad personal”, según se lee en la ponencia en el Congreso.
Los principales cambios en la nueva ponencia están relacionados con precisiones sobre la imposición de multas; sobre las actividades pedagógicas contra el ruido, y otros ajustes, de acuerdo con comentarios de la Alcaldía de Bogotá, el Ministerio de Ambiente, entre otras entidades. Además, los municipios, distritos y áreas metropolitanas con población mayor o igual a 100.000 habitantes tendrán 18 meses para construir un plan de acción para la gestión del ruido.
Esta nueva normativa generaría nuevas sanciones. Por ejemplo, quienes organicen conciertos y festivales, entre otros, y no controlen el nivel del ruido, podrían recibir multas entre 100 y hasta 800 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). Asimismo, propone incrementar las infracciones a personas y negocios ruidosos, con multas desde 5 hasta 25 SMMLV, costo que se determinaría de acuerdo con el estrato socioeconómico de la zona donde se cometió la infracción. Finalmente, por ruidos altos y molestos que afecten la convivencia en zonas residenciales, habría multas desde 1,5 y 40 SMMLV, según la gravedad de la falta.
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