Fuera de que la golpeó su esposo por mirarle el celular, ahora ella es la enjuiciada

Abril de 2021. Sin esperarlo, María Isabel Posada*, oriunda de Boyacá y que trabaja en servicios generales de una universidad pública de Bogotá, vio en emisoras, noticieros de televisión y redes sociales que el proceso en el que fue parte como víctima ocupaba espacios de transmisión y hasta paneles de debates. La razón: los magistrados Jaime Velasco, Leonel Rogeles y José Urbano, del Tribunal Superior de Bogotá, habían rebajado de 72 a ocho meses la condena contra su esposo, por el delito de violencia intrafamiliar.

LEA: Feminicidio: el delito latente que no da tregua

La “legítima defensa” del derecho a la intimidad de sus conversaciones en WhatsApp fue el argumento para rebajar la pena que había impuesto el Juzgado Octavo Penal de Bogotá en enero de 2021. El tribunal consideró que María Isabel había violado ese derecho, al revisar el celular de su entonces esposo sin consentimiento, pero que el hombre se había extralimitado en su respuesta al agredirla en un brazo.

El fallo de segunda instancia generó controversia por el delito y la relación que tenían víctima y acusado. Sin embargo, más allá de los registros, el rostro de la mujer ha permanecido incógnito, así como su historia, cuya magnitud, comparado con lo conocido por el fallo de abril de 2021, es indignante.

Naturalización de la violencia

El Espectador habló con María Isabel y conoció detalles de su historia; del proceso contra Fabián Quiñones*, y de cómo pasó de víctima a supuesta victimaria, en un giro de la justicia, que la procesa por violencia intrafamiliar contra el hombre, con quien tuvo una relación marital por 18 años. “Tengo la violencia naturalizada”, aceptó con valentía, mientras narró los supuestos hechos a los que la sometía su exmarido, que incluyen maltrato físico, psicológico, infidelidad y abuso sexual. Hechos que, dice, nunca denunció por miedo.

Le puede interesar: Convocatoria para fortalecer las redes de mujeres en Bogotá

¿Qué dijo el fallo?

El Tribunal de Bogotá adujo que, sobre el hecho en el que Fabián agredió en el brazo a María, luego de que ella le revisó el celular sin su permiso, no hubo una conducta “en contexto de discriminación de género” y que la acción “no fue producto de discriminación, dominación o subyugación del acusado”, por lo cual le rebajó la pena de 72 a ocho meses, al considerar que el sujeto obró en legítima defensa de su derecho a la privacidad, pero que se había extralimitado.

Según ese tribunal, la Fiscalía no demostró que el hombre hubiera atacado a Posada con antelación, pues las agresiones que ella relató “fueron puestas en duda por su propio hijo. Además, los mismos carecieron de verificación”.

Más información: Envían a prisión a señalados de asesinar a Natalia Castillo

Más allá de un fallo

A pesar del argumento, El Espectador supo que María Isabel sí puso en conocimiento de la Comisaría de Familia de Ciudad Bolívar las constantes agresiones de Fabián. Se trata de la audiencia por violencia intrafamiliar realizada el 11 de enero de 2018, en poder de este medio, en la cual esa autoridad reconoció que “se tiene probado que los hechos denunciados por la accionante son ciertos (…) ha sido víctima de violencia física y psicológica de su compañero permanente”.

Así mismo, dio validez a un informe pericial de clínica forense, del 1° de diciembre de 2017, en el que se concluyó que “la cronicidad, la frecuencia y la intensidad de las agresiones han puesto a la señora (…) en una situación en la que se hace imperativo tomar medidas urgentes en aras de proteger” su vida. Por lo tanto, la comisaria Gloria Rocío Rayo impuso una medida de protección a favor de Posada.

El conocimiento de esa autoridad evidencia el contexto de violencia de género en el que se desarrolló el hecho que fue objeto de un proceso penal que está en estudio de la Corte Suprema, última instancia en Colombia para revisar un proceso penal fallado en primera y segunda instancia, cuyo costo puede llegar a los $100 millones, según indicaron dos abogados penalistas.

Sin embargo: ¿por qué el Tribunal de Bogotá dejó por fuera los antecedentes al tomar su decisión? Según el equipo jurídico de la Fundación Manos Abiertas, que hace acompañamiento a María Isabel, es una pregunta que deberá ser respondida en la casación, pues sí se puso en conocimiento en el juicio.

Cambio de roles

A la par que avanzó el proceso contra Fabián Quiñones, él hacía lo propio y por el mismo delito contra Posada, pues interpuso una denuncia en febrero de 2018 señalándola de agredirlo física y psicológicamente. Según el abogado Éver Cabarcas, su defensor, el proceso está a punto de terminar y en mayo se emitirá un sentido del fallo para determinar si a María Isabel la condenan o la absuelven.

No obstante, en medio del pleito legal hay dos hijos: uno de veinte años y otro de trece, este último en custodia de una tía paterna y a quien Posada le ha pagado sus útiles escolares, a pesar de no haber compartido tiempo con él los fines de semana que le corresponden.

María Alejandra López, abogada con magíster en Estudios de Género, dice que situaciones como estas se le presentan en el 80 % de los casos que ha atendido por violencia intrafamiliar . “Las mujeres denuncian a sus agresores, pero el aparato no tiene la capacidad de conocer las dinámicas de género que las desfavorecen y por eso el sistema les falla y terminan siendo juzgadas”, aseguró.

Agregó que estas decisiones judiciales envían el mensaje a la sociedad de que “la vida de las mujeres vale menos que la de los hombres” y a las mujeres, que “la institucionalidad no las va a proteger. Eso fomenta la desconfianza institucional”. Por ello, invita a fortalecer las líneas de apoyo entre mujeres, que brinden apoyo y acompañamiento psicosocial en escenarios de violencia.

Mientras María Isabel espera el sentido del fallo en el caso en su contra, también ella y la red de apoyo jurídico que la ha acompañado esperan otra respuesta por parte de la justicia: ¿por qué Fabián Quiñones, con una condena en firme y una orden de captura en su contra, está libre? El Espectador consultó en el registro de la población privada de la libertad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la fecha no hay datos que lo señalen como condenado por el delito que cometió.

* Nombre cambiado para proteger la identidad de la víctima.

Abril de 2021. Sin esperarlo, María Isabel Posada*, oriunda de Boyacá y que trabaja en servicios generales de una universidad pública de Bogotá, vio en emisoras, noticieros de televisión y redes sociales que el proceso en el que fue parte como víctima ocupaba espacios de transmisión y hasta paneles de debates. La razón: los magistrados Jaime Velasco, Leonel Rogeles y José Urbano, del Tribunal Superior de Bogotá, habían rebajado de 72 a ocho meses la condena contra su esposo, por el delito de violencia intrafamiliar.

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La “legítima defensa” del derecho a la intimidad de sus conversaciones en WhatsApp fue el argumento para rebajar la pena que había impuesto el Juzgado Octavo Penal de Bogotá en enero de 2021. El tribunal consideró que María Isabel había violado ese derecho, al revisar el celular de su entonces esposo sin consentimiento, pero que el hombre se había extralimitado en su respuesta al agredirla en un brazo.

El fallo de segunda instancia generó controversia por el delito y la relación que tenían víctima y acusado. Sin embargo, más allá de los registros, el rostro de la mujer ha permanecido incógnito, así como su historia, cuya magnitud, comparado con lo conocido por el fallo de abril de 2021, es indignante.

Naturalización de la violencia

El Espectador habló con María Isabel y conoció detalles de su historia; del proceso contra Fabián Quiñones*, y de cómo pasó de víctima a supuesta victimaria, en un giro de la justicia, que la procesa por violencia intrafamiliar contra el hombre, con quien tuvo una relación marital por 18 años. “Tengo la violencia naturalizada”, aceptó con valentía, mientras narró los supuestos hechos a los que la sometía su exmarido, que incluyen maltrato físico, psicológico, infidelidad y abuso sexual. Hechos que, dice, nunca denunció por miedo.

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¿Qué dijo el fallo?

El Tribunal de Bogotá adujo que, sobre el hecho en el que Fabián agredió en el brazo a María, luego de que ella le revisó el celular sin su permiso, no hubo una conducta “en contexto de discriminación de género” y que la acción “no fue producto de discriminación, dominación o subyugación del acusado”, por lo cual le rebajó la pena de 72 a ocho meses, al considerar que el sujeto obró en legítima defensa de su derecho a la privacidad, pero que se había extralimitado.

Según ese tribunal, la Fiscalía no demostró que el hombre hubiera atacado a Posada con antelación, pues las agresiones que ella relató “fueron puestas en duda por su propio hijo. Además, los mismos carecieron de verificación”.

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Más allá de un fallo

A pesar del argumento, El Espectador supo que María Isabel sí puso en conocimiento de la Comisaría de Familia de Ciudad Bolívar las constantes agresiones de Fabián. Se trata de la audiencia por violencia intrafamiliar realizada el 11 de enero de 2018, en poder de este medio, en la cual esa autoridad reconoció que “se tiene probado que los hechos denunciados por la accionante son ciertos (…) ha sido víctima de violencia física y psicológica de su compañero permanente”.

Así mismo, dio validez a un informe pericial de clínica forense, del 1° de diciembre de 2017, en el que se concluyó que “la cronicidad, la frecuencia y la intensidad de las agresiones han puesto a la señora (…) en una situación en la que se hace imperativo tomar medidas urgentes en aras de proteger” su vida. Por lo tanto, la comisaria Gloria Rocío Rayo impuso una medida de protección a favor de Posada.

El conocimiento de esa autoridad evidencia el contexto de violencia de género en el que se desarrolló el hecho que fue objeto de un proceso penal que está en estudio de la Corte Suprema, última instancia en Colombia para revisar un proceso penal fallado en primera y segunda instancia, cuyo costo puede llegar a los $100 millones, según indicaron dos abogados penalistas.

Sin embargo: ¿por qué el Tribunal de Bogotá dejó por fuera los antecedentes al tomar su decisión? Según el equipo jurídico de la Fundación Manos Abiertas, que hace acompañamiento a María Isabel, es una pregunta que deberá ser respondida en la casación, pues sí se puso en conocimiento en el juicio.

Cambio de roles

A la par que avanzó el proceso contra Fabián Quiñones, él hacía lo propio y por el mismo delito contra Posada, pues interpuso una denuncia en febrero de 2018 señalándola de agredirlo física y psicológicamente. Según el abogado Éver Cabarcas, su defensor, el proceso está a punto de terminar y en mayo se emitirá un sentido del fallo para determinar si a María Isabel la condenan o la absuelven.

No obstante, en medio del pleito legal hay dos hijos: uno de veinte años y otro de trece, este último en custodia de una tía paterna y a quien Posada le ha pagado sus útiles escolares, a pesar de no haber compartido tiempo con él los fines de semana que le corresponden.

María Alejandra López, abogada con magíster en Estudios de Género, dice que situaciones como estas se le presentan en el 80 % de los casos que ha atendido por violencia intrafamiliar . “Las mujeres denuncian a sus agresores, pero el aparato no tiene la capacidad de conocer las dinámicas de género que las desfavorecen y por eso el sistema les falla y terminan siendo juzgadas”, aseguró.

Agregó que estas decisiones judiciales envían el mensaje a la sociedad de que “la vida de las mujeres vale menos que la de los hombres” y a las mujeres, que “la institucionalidad no las va a proteger. Eso fomenta la desconfianza institucional”. Por ello, invita a fortalecer las líneas de apoyo entre mujeres, que brinden apoyo y acompañamiento psicosocial en escenarios de violencia.

Mientras María Isabel espera el sentido del fallo en el caso en su contra, también ella y la red de apoyo jurídico que la ha acompañado esperan otra respuesta por parte de la justicia: ¿por qué Fabián Quiñones, con una condena en firme y una orden de captura en su contra, está libre? El Espectador consultó en el registro de la población privada de la libertad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la fecha no hay datos que lo señalen como condenado por el delito que cometió.

* Nombre cambiado para proteger la identidad de la víctima.