Fugas, motines y golpizas: drama perpetuo en las estaciones de Policía de Bogotá

Era la medianoche. En la estación de Policía de Teusaquillo, en donde el hacinamiento carcelario llega a 272 % (hay casi tres presos por cupo), parecía una jornada con aparente normalidad, hasta que uno de los presos llamó a uno de los policías a cargo del complejo, para que se acercada a las celdas. El uniformado atendió el llamado, sin saber lo que le esperaba.

Era la medianoche. En la estación de Policía de Teusaquillo, en donde el hacinamiento carcelario llega a 272 % (hay casi tres presos por cupo), parecía una jornada con aparente normalidad, hasta que uno de los presos llamó a uno de los policías a cargo del complejo, para que se acercada a las celdas. El uniformado atendió el llamado, sin saber lo que le esperaba.

Al llegar a la verja, uno de los delincuentes lo atacó, a sangre fría, con un arma blanca. Fue el comienzo, de un nuevo motín, como el que ocurrió, en el mismo sitio, hace cinco meses. “Después de lesionarlo, lograron abrir la reja y lograron huir”, precisó el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Herbert Benavides.

En contexto: Personería culpa al hacinamiento en estación de Teusaquillo por fuga de 34 presos.

Según las autoridades, inicialmente se fugaron 34 reclusos, pero gracias a un rápido despliegue policial lograron recapturar a 18. Hasta anoche, 16 seguían prófugos de la justicia, entre ellos varios atracadores, extorsionistas y secuestradores. Con la de anoche, la estación de policía de Teusaquillo completa 22 fugas en lo corrido de 2023, lo que refleja las tensiones que se viven en las estaciones y URI de la capital del país, en donde uniformados y presos viven en condiciones de hacinamiento y violencia.

Celdas repletas

Según la Personería de Bogotá, el hacinamiento total en Bogotá supera el 162%. “Los 19 centros de detención transitoria (estaciones de policía y URI) albergan a 3.217 personas, cuando su capacidad máxima es de 1.227. Llama la atención para este ministerio público las estaciones de policía con mayor porcentaje de hacinamiento, entre ellas: Usaquén (810%), Bosa (557%). Kennedy (493%) y Usme (415%)”, dice el último informe del ente de control.

Pese a que esta problemática está en la mira de la Corte Constitucional, que en 2022 ordenó mejoras en las condiciones de los centros de reclusión transitoria, es poco lo que se ha logrado avanzar. Estos sitios, si bien se diseñaron para una privación temporal, hoy son espacios que están sustituyendo a las cárceles al contar entre sus reclusos alrededor de 400 delincuentes condenados y el resto en proceso de imputación.

Con un elemento adicional, que agudiza la crisis: en cada turno hay apenas un agente de policía por cada 30 detenidos. Esta desproporción, complementada por el hecho de que los uniformados no son formados como guardias de prisiones, ha llevado a que planear un motín, una fuga o, incluso, uno homicidio no sea algo complicado.

Cifras oficiales indican que, en lo corrido de 2023 se han registrado ocho motines en las estaciones en la ciudad, de los cuales los más sonados han sido los tres en la estación de Teusaquillo; uno en la localidad de Los Mártires (en la que se fugó un extraditable), y otro en la localidad de Suba.

En medio de este panorama, vale recordar que el pasado 27 de abril, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ante el posible incumplimiento de obligaciones relacionadas con el hacinamiento en centros de detención transitoria. De acuerdo con el expediente de la Sala Disciplinaria de Instrucción, tanto López, como el entonces secretario de Gobierno, Felipe Jiménez Ángel, podrían no haber brindado las garantías legales para las personas privadas de la libertad.

No obstante, la Policía de Bogotá señala que las autoridades distritales no se han quedado quietas. En su afán por encontrar una solución, en lo corrido del año, dicen, se han realizado más de 2.000 remisiones de personas privadas de libertad y de condenados. Además, hay dos estaciones de policía en remodelación, para mejorar las condiciones para los privados para libertad. No obstante, las acciones no parecen suficientes. El flujo de capturas diarias impide que el hacinamiento disminuya.

¿Cuál es el problema?

La situación es compleja y se podría decir que es un cúmulo de errores, a los cuales no les han encontrado una salida. “Las estaciones de Policía y las URI simplemente no están pensadas y diseñadas para la función que están cumpliendo. Inclusive, si se tuvieran el pie de fuerza suficiente para cubrirlas, estas son vulnerables a las fugas y siguen representando un riesgo para las comunidades”, indica César Restrepo, director de seguridad de la fundación ProBogotá.

Según Restrepo, no hay una capacidad institucional para resolver esta situación. A pesar de que en la ciudad hay más de 400 policías destinados a las custodias de los privados de la libertad (que se distribuyen en tres turnos), estos no están entrenados para este tipo labores. Esto lleva a que una pequeña chispa termine desencadenando situaciones peligrosas, como ha quedado en evidencia en videos de los ataques a los policías, en medio de las reciente fugas, donde son golpeados y heridos, como ocurrió en Teusaquillo.

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También, las denuncias de posibles maltratos de los uniformados contra algunos presos, al interior de los sitios de reclusión. Aunque la Policía no se pronunció al respecto, fuentes internas de la institución indican que la mentalidad de algunos uniformados es que allí no cuidan “angelitos”.

La vida violenta en las celdas

Una vez más las cifras respalda la preocupación por esta situación. De acuerdo con la Policía, los motines de este año han dejado tres uniformados heridos, entre ellos el uniformado del complejo en Teusaquillo, que permanece establece, tras el ataque.

Por su parte, son múltiples las denuncias frente a las agresiones que se han presentado entre detenidos, entre ellos algunos con desenlace fatal, como los casos de Sebastián Roa Vivas, de 25 años, (Rafael Uribe Uribe); de Juan Sebastián Arismendi, 26 años, en la estación de policía de Suba, y el de Juan Pablo González, de 42 años (Puente Aranda).

“Si se reúne a un montón de delincuentes, guardados en una celda, estos se pueden volver incluso más poderosos y capaces que los mismos policías. Por eso, como ocurre en las cárceles, es normal el ingreso de armas y de celulares a este tipo de sitios”, indica el director de seguridad de ProBogotá, César Restrepo.

Por eso, los entes de control han alertado sobre la conformación de redes criminales entre los reclusos. La Personería documentó en 2022 66 amenazas contra la vida, agresiones físicas y extorsiones contra reclusos, funcionarios y guardias.

“Estas posibles gobernanzas criminales, se vienen posicionando en las estaciones de policía como Bosa donde se han recibido cuatro denuncias, Kennedy con tres, Ciudad Bolívar con dos; y Santa Fe, Rafael Uribe, al igual que Fontibón con una denuncia cada una”, indicó Michael Guerrero, personero delegado para la protección y Derechos Humanos.

Para completar, el ente de control indicó algunos privados de la libertad han impedido visitas recientes con amenazas en contra de funcionarios del Distrito, lo que ha imposibilitado un mejor estudio del panorama en la ciudad.

Pero la violencia no se limita a la física. La Procuraduría ha denunciado falta de acompañamiento y capacitación a los guardas de los reclusos, expuestos a constante a ataques, enfermedades, desgaste físico y psicológico. Además, asegura que estos últimos están asumiendo responsabilidades ajenas a lo establecido por la ley.

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“El acceso al sistema de salud es precario e insuficiente para los reclusos, no hay acceso a los medicamentos y a los tratamientos que se suma a las condiciones insalubres en que usan a diario; por lo que, algunas de las enfermedades que sufren como tuberculosis y leptospirosis son contraídas en estos sitios”, indicó la Procuraduría.

En lo corrido del año, se han reportado 88 casos crónicos de salud que ponían en riesgo la vida de la población privada de la libertad, un 6% de los casos reportados relacionados directamente con población con diversidades funcionales.

Por su parte, la vida en los centros detención sigue siendo más compleja para aquellas personas pertenecientes a la comunidad LGBTI. “Respecto a la situación de las mujeres, evidencia la ausencia de una política penitenciaria y carcelaria con enfoque de mujer y género en el país. Esto se agrava en los centros de detención transitoria que funcionan en la ciudad de Bogotá, como en Puente Aranda, donde se presentan violencias basadas en género, reportadas principalmente en el acceso a la salud integral, salud mental, sexual, menstrual y reproductiva”, indica la Personería de Bogotá.

Pese a al queja, las autoridades carcelarias indican que se ha avanzado en un proceso de traslado de mujeres detenidas, así como de personas trans, debido a problemáticas como reportes de abuso sexual o violencia de género dentro de los pabellones de las estaciones de policía. A la fecha, solo hay dos personas trans bajo custodia.

Soluciones, aún lejanas

Por el momento, el dilema de los centros de detención transitoria en la capital, y en el país, siguen representando un reto para las autoridades. En la ciudad se avanza en la construcción de la segunda cárcel distrital, cuyo lote ya fue adquirido, pero cuya construcción sigue siendo debate nacional.

“En ciudades grandes como Bogotá, se debe revisar el Plan de Ordenamiento Territorial para la construcción de nuevas cárceles, en particular fuera de la ciudad, para aplicar contramedidas como bloqueadores de señal para evitar el contacto de lo de privados de a libertad con el exterior, y buscar espacios más adeptos para este tipo de casos”, indica César Restrepo, director de ProBogotá.

Así las cosas, está por verse como avanzar en una situación que tiene con casos de injusticia, lo que se supone debe ser un bastión para la seguridad en la ciudad.

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