Futuro de colegios en concesión sigue en vilo

Faltan diez meses para que se terminen los contratos que durante 14 años han permitido a destacadas instituciones educativas privadas llevar a zonas periféricas de Bogotá estrategias pedagógicas que han sido reconocidas a nivel nacional.

A menos de un año de que terminen esas concesiones ni alumnos, ni rectores, ni padres de familia, ni siquiera maestros, tienen idea de lo que va a ocurrir con el modelo que, según ellos, ha logrado disminuir considerablemente las tasas de deserción, entregado oportunidades de educación técnica y complementaria y transformado los ambientes de estudio y convivencia de 40.000 niños de estratos 1 y 2 (el 4% del total de niños matriculados en el distrito).

Todos piden claridad de parte de la Alcaldía. Dicen que hasta la fecha la Secretaría de Educación ha dado muy pocas luces sobre lo que ocurrirá con estos contratos firmados entre el Distrito y entes privados como Cafam, la Universidad de los Andes, el Gimnasio Moderno, el colegio Los Nogales, Calasanz, La Salle y Nueva Granada.

Hace un año el secretario de Educación de Bogotá, Óscar Sánchez, anunció que realizaría un estudio en los 25 colegios públicos donde funcionan las concesiones para determinar qué se podría rescatar de la alianza y compartir esas experiencias con el resto de instituciones distritales.

“No hay certeza de que el rendimiento académico sea mejor en uno que en otro; tampoco sabemos si a los egresados de un colegio concesionado se les abren más oportunidades, si mejora su calidad de vida. En 2012 ideamos un sistema de evaluación que nos entregará en febrero (de 2014) una perspectiva más completa sobre lo que ocurrió durante estos años”, dijo Sánchez en agosto pasado a El Espectador.

Lo cierto es que, según señalan los rectores de los colegios en concesión, la anunciada evaluación no se ha realizado y a los ojos de los actores privados de la alianza “el tiempo se le acabó a la Secretaría. Si decide evaluar a estas alturas entraría a improvisar”, como dice Ember Steffen, rector del Gimnasio Sabio Caldas de Ciudad Bolívar. “Los contratos se vencerán y la Alcaldía está en todo su derecho de reclamar los colegios, pero no puede echar a la caneca 15 años de aprendizaje sobre hacia dónde debe ir la educación pública de Bogotá”, dice la directora de la Alianza Educativa, Patricia Gómez de León.

Pero la preocupación no sólo se cierne sobre los directivos. Carlos Acosta, profesor que dirige uno de los programas de formación técnica más exitosos de la concesión, cree que su taller de instalaciones de redes eléctricas en el Sabio Caldas quedará reducido a nada. “Me preocupan mis alumnos. Ningún colegio público de Bogotá tiene un taller como este, tampoco sabemos qué pasará con todas las herramientas y las máquinas”, dice.

Varios alumnos de la clase de electricidad llegaron hace un par de años desde otros colegios distritales al Sabio Caldas. Los que pueden comparar coinciden en denunciar el trato impersonal de las otras instituciones y mencionan las diferencias en cuanto a la exigencia académica. “Allá los profesores llegan, dan clase y se van. Aquí son nuestros amigos. Nosotros ya nos vamos del colegio, pero no es justo que a los más pequeños les toque adaptarse a otras metodologías cuando esta ha funcionado”, dice Santiago Olarte, de 17 años.

Padres de familia como Hernán Moreno, papá de uno de los mediadores y abuelo de María José Fandiño, estudiante de quinto, cuentan que han ido hasta el Concejo de Bogotá para defender esta alianza educativa, pero no han obtenido una respuesta clara. “Nos dicen que están con nosotros. Es marzo y no tenemos respuesta”.

En los últimos días el secretario de Educación, Óscar Sánchez, ha repetido en medios de comunicación que antes de renovar o liquidar los contratos, la concesión deberá ser evaluada; pero no ha dado fecha ni detalles del proceso.

Sánchez también les ha respondido a quienes relacionan su postura con presiones políticas y de sindicatos de maestros, a los cuales se les ha atribuido el postulado de que la educación en estos colegios no debe seguir bajo modelos privados. “Las presiones para mantener los contratos, así como para terminar con ellos, son intensas”, le dijo a El Tiempo. Aunque El Espectador intentó en dos oportunidades conocer más detalles sobre la posición del funcionario, no fue posible.

acuevas@elespectador.com

@angelicamcuevas

Faltan diez meses para que se terminen los contratos que durante 14 años han permitido a destacadas instituciones educativas privadas llevar a zonas periféricas de Bogotá estrategias pedagógicas que han sido reconocidas a nivel nacional.

A menos de un año de que terminen esas concesiones ni alumnos, ni rectores, ni padres de familia, ni siquiera maestros, tienen idea de lo que va a ocurrir con el modelo que, según ellos, ha logrado disminuir considerablemente las tasas de deserción, entregado oportunidades de educación técnica y complementaria y transformado los ambientes de estudio y convivencia de 40.000 niños de estratos 1 y 2 (el 4% del total de niños matriculados en el distrito).

Todos piden claridad de parte de la Alcaldía. Dicen que hasta la fecha la Secretaría de Educación ha dado muy pocas luces sobre lo que ocurrirá con estos contratos firmados entre el Distrito y entes privados como Cafam, la Universidad de los Andes, el Gimnasio Moderno, el colegio Los Nogales, Calasanz, La Salle y Nueva Granada.

Hace un año el secretario de Educación de Bogotá, Óscar Sánchez, anunció que realizaría un estudio en los 25 colegios públicos donde funcionan las concesiones para determinar qué se podría rescatar de la alianza y compartir esas experiencias con el resto de instituciones distritales.

“No hay certeza de que el rendimiento académico sea mejor en uno que en otro; tampoco sabemos si a los egresados de un colegio concesionado se les abren más oportunidades, si mejora su calidad de vida. En 2012 ideamos un sistema de evaluación que nos entregará en febrero (de 2014) una perspectiva más completa sobre lo que ocurrió durante estos años”, dijo Sánchez en agosto pasado a El Espectador.

Lo cierto es que, según señalan los rectores de los colegios en concesión, la anunciada evaluación no se ha realizado y a los ojos de los actores privados de la alianza “el tiempo se le acabó a la Secretaría. Si decide evaluar a estas alturas entraría a improvisar”, como dice Ember Steffen, rector del Gimnasio Sabio Caldas de Ciudad Bolívar. “Los contratos se vencerán y la Alcaldía está en todo su derecho de reclamar los colegios, pero no puede echar a la caneca 15 años de aprendizaje sobre hacia dónde debe ir la educación pública de Bogotá”, dice la directora de la Alianza Educativa, Patricia Gómez de León.

Pero la preocupación no sólo se cierne sobre los directivos. Carlos Acosta, profesor que dirige uno de los programas de formación técnica más exitosos de la concesión, cree que su taller de instalaciones de redes eléctricas en el Sabio Caldas quedará reducido a nada. “Me preocupan mis alumnos. Ningún colegio público de Bogotá tiene un taller como este, tampoco sabemos qué pasará con todas las herramientas y las máquinas”, dice.

Varios alumnos de la clase de electricidad llegaron hace un par de años desde otros colegios distritales al Sabio Caldas. Los que pueden comparar coinciden en denunciar el trato impersonal de las otras instituciones y mencionan las diferencias en cuanto a la exigencia académica. “Allá los profesores llegan, dan clase y se van. Aquí son nuestros amigos. Nosotros ya nos vamos del colegio, pero no es justo que a los más pequeños les toque adaptarse a otras metodologías cuando esta ha funcionado”, dice Santiago Olarte, de 17 años.

Padres de familia como Hernán Moreno, papá de uno de los mediadores y abuelo de María José Fandiño, estudiante de quinto, cuentan que han ido hasta el Concejo de Bogotá para defender esta alianza educativa, pero no han obtenido una respuesta clara. “Nos dicen que están con nosotros. Es marzo y no tenemos respuesta”.

En los últimos días el secretario de Educación, Óscar Sánchez, ha repetido en medios de comunicación que antes de renovar o liquidar los contratos, la concesión deberá ser evaluada; pero no ha dado fecha ni detalles del proceso.

Sánchez también les ha respondido a quienes relacionan su postura con presiones políticas y de sindicatos de maestros, a los cuales se les ha atribuido el postulado de que la educación en estos colegios no debe seguir bajo modelos privados. “Las presiones para mantener los contratos, así como para terminar con ellos, son intensas”, le dijo a El Tiempo. Aunque El Espectador intentó en dos oportunidades conocer más detalles sobre la posición del funcionario, no fue posible.

acuevas@elespectador.com

@angelicamcuevas