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En 2020 llegó una gran noticia para la casa teatral Tercer Acto: ganaron la convocatoria de Apoyo de Salas, destinada a mejorar espacios culturales, con recursos del Ministerio de Cultura, pero canalizados por la Secretaría del Distrito. En ese entonces, como lo refleja una exposición fotográfica que con orgullo exhiben en la entrada del teatro, ubicada en la localidad de Santa Fe, la sala era una plancha adecuada en un piso de una casa, sillas de madera para el público y una consola de luces hecha de manera artesanal.
Con un premio de $526 millones suscribieron un compromiso con la Secretaría de Cultura de comprar la casa y adecuar la sala a nivel profesional, en una localidad que, según el censo del Instituto Distrital de Turismo, cuenta con 25 casas de teatro, aunque la suya es la única en el barrio Atanasio Girardot.
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En ese momento, como lo describen los socios, todo era alegría. Aprovecharon los cierres a causa de la pandemia y decidieron empezar la obra. El Distrito aceptó, pero les advirtió que era bajo su propia responsabilidad, debido a un posible aumento de los precios de la obra por la crisis del covid-19.
En noviembre de 2021 empezaron los problemas, que aún persisten. En esos días llegó una notificación de la oficina de Registro Zona Centro, frente a la falta de un documento, como parte de los compromisos con el Distrito, para formalizar los recursos invertidos en la sala. Por ese entonces la obra llevaba un avance del 50 % y la casa estaba reventada, por lo que no había vuelta atrás.
Ante esto, la Secretaría de Cultura empezó a notificar sobre la posibilidad del incumplimiento de la obra, lo que significaba que tendrían que devolver el dinero, el cual ya se había invertido en la ampliación de la sala.
El incumplimiento para una empresa cultural es prácticamente la muerte, pues las convocatorias son inflexibles con eso. Si se registra un incumplimiento de contrato, la penalizan con cinco años sin poder contratar con entidades públicas, lo cual es paradójico, porque el 70 % de los recursos que mantienen esta casa provienen de ese tipo de contratación”, indicó Daniel Castro, director de Tercer Acto.
Una situación particular en Santa Fe
Todo el lío radica en la falta de un documento: el certificado de Cabida y linderos, que emite la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), y delimita el área de terreno. Este documento lo solicitaron en 2015, sin embargo, el documento no se pudo expedir debido a que la información física del predio donde estaba actualmente ubicado el teatro, no corresponde a lo registrado en los títulos de propiedad.
Ante esto la UAECD, le informó que para avanzar en el proceso era necesario que firmará una acuerdo los dueños de los predios alrededor del teatro para verificar la delimitación física y avanzar con el trámite. No obstante, la ratificación del área del predio se ha visto dificultada por la situación particular en el sector.
“Al occidente de la casa hay un predio de un señor, que se fue hace 20 años y se la dejó a una señora de cuidado. Hoy en día no se sabe si el señor está vivo o muerto, y así pasa con la mayoría de los terrenos del sector”, agrega Castro. En la última comunicación con la oficina de Catastro les ratificaron que sin ese proceso es imposible seguir el trámite, y apunta a que la única opción es la vía judicial, que podría tardar más de un año, tiempo en el cual podrían declarar el incumplimiento del contrato, dando fin a un proyecto comunitario.
Un teatro que no cobra la entrada
Por la situación económica en la parte alta de la localidad de Santa Fe, que fue una de las más golpeadas por la pandemia, el teatro no cobra la entrada, sino que opera a través de un trueque voluntario. Es decir, los asistentes aportan comida, como huevos o café, para asistir a las obras.
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Lo que se reúne se reparte entre los actores, que muchas veces se presentan sin cobrar, o lo donan a familias cercanas con altos niveles de pobreza. En ese sentido, las funciones dentro de la obra se han convertido en un espacio de encuentro para la comunidad, que antes se encontraba dividida.
“Casi siempre hacemos foros después de las obras. La gente conversa con las actrices y los actores sobre los personajes. Es predicar el arte con el hecho artístico allí al frente”, manifestó William Oquendo, miembro de la Corporación Hatuey, organización del sector.
Así, en los 20 años que ha funcionado la sala Tercer Acto, sus dueños aseguran que se han aportado en la reconstrucción del tejido social, en una zona donde era más frecuente encontrar fenómenos como el microtráfico, la desaparición forzada y la explotación sexual infantil que arte. Con esta situación, el proyecto, que ha unido a la comunidad, está en peligro por la falta de diálogo entre las políticas públicas, culturales y el andamiaje jurídico del Distrito, afirman.
Por mantenerse a flote
La casa Tercer Acto, en su lucha por mantenerse a flote, radicó este año una tutela contra el Catastro, en la que pide a los jueces que le exijan emitir el documento. No obstante, el pasado lunes 18 de abril, el Teatro y la entidad sostuvieron una reunión donde se aclaró la situación.
Por el momento hay dos salidas ante la posible declaración de incumplimiento: devolver el dinero o seguir la lucha por la casa, ante lo cual Castro, el director de la casa teatral, asegura que tras varias décadas de trabajo no dejará morir el proyecto que no es de él, sino de la comunidad.
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