Gobernación de Cundinamarca negó presencia de grupos armados en el departamento
El pasado lunes la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana denunciando acciones de grupos armados en Bogotá y municipios aledaños. Ante esto, la administración departamental rechazó el pronunciamiento y solicitó que se aclare dicha información.
La Defensoría del Pueblo advirtió al inicio de esta semana sobre la presencia de grupos armados ilegales en diez localidades de Bogotá y 12 municipios aledaños en Cundinamarca. En respuesta, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, rechazó la alerta temprana emitida por la institución, manifestando que desde hace mucho tiempo el departamento no tiene ni presencia de grupos al margen de la ley.
“Tenemos una gran preocupación, una gran extrañeza en entender cómo se pueden evidenciar esas alertas en un departamento sin que ninguna otra entidad u organismo que hace presencia lo haya detectado. Cundinamarca es el primer departamento del país libre de presencia de grupos al margen de la ley y de cultivos ilícitos, desde hace muchos años gracias al trabajo de muchos cundinamarqueses y de muchas fuerzas vivas del departamento”, afirmó el gobernador.
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La alerta temprana denuncia que en municipios circundantes a Bogotá, como Soacha, Sibaté, Mosquera, Funza, Cota, Chía, Sopó, La Calera, Guasca, Choachí, Ubaque y Chipaque operan varias redes criminales que funcionarían como base para los grupos de crimen organizado a nivel local y regional. En la capital, las localidades afectadas serían Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén.
Sin embargo, desde la Gobernación del municipio se pido que se rectifique dicha información ya que, según ellos, en días anteriores la misma Defensoría del Pueblo les dijo que se estaba malinterpretando la información. Además, según argumentó la administración departamental, desde el 2008 Cundinamarca quedó totalmente libre de grupos armados organizados, es decir, aquellos que cuentan con un comando y control, con estructura armada, áreas campamentarias y que estén delinquiendo en un área específica del departamento.
Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó que no hay pruebas concretas que permitan verificar que grupos como Autodefensas Gaitanistas, estructuras urbanas del ELN o facciones disidentes de las extintas FARC estén cercando o realizando acciones delictivas en el territorio.
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Sin embargo, residentes y líderes de algunas zonas, como Usaquén o Ciudad Bolívar, afirman que la “limpieza social”, el microtráfico y los enfrentamientos entre pandillas son algo continúo. El seguimiento del Ministerio Público ha permitido prever posibles vulneraciones a la comunidad como desplazamiento forzado, homicidios o extorsiones. Con esto, la Defensoría recomienda al Distrito “elaborar un plan de trabajo específico Distrital para la respuesta rápida, institucional e interinstitucional, que defina estrategias y acciones coordinadas, focalizadas y especiales acordes con las amenazas y vulnerabilidades identificadas”.
Finalmente, con la intención de brindar mayor seguridad a los cundinamarqueses, el gobernador Nicolás García anunció que adelanta un trabajo articulado con el Ejército Nacional, la Policía, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para investigar y determinar este tipo de denuncias. “Partimos del principio de la buena fe y por eso queremos entenderlo, queremos conocer los detalles para poder actuar, y para poder tomar medidas, pero si nos genera una gran preocupación una afirmación de este tamaño en un departamento que históricamente ha dado ejemplo de trabajo en búsqueda y consolidación de la paz”, concluyó.
La Defensoría del Pueblo advirtió al inicio de esta semana sobre la presencia de grupos armados ilegales en diez localidades de Bogotá y 12 municipios aledaños en Cundinamarca. En respuesta, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, rechazó la alerta temprana emitida por la institución, manifestando que desde hace mucho tiempo el departamento no tiene ni presencia de grupos al margen de la ley.
“Tenemos una gran preocupación, una gran extrañeza en entender cómo se pueden evidenciar esas alertas en un departamento sin que ninguna otra entidad u organismo que hace presencia lo haya detectado. Cundinamarca es el primer departamento del país libre de presencia de grupos al margen de la ley y de cultivos ilícitos, desde hace muchos años gracias al trabajo de muchos cundinamarqueses y de muchas fuerzas vivas del departamento”, afirmó el gobernador.
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La alerta temprana denuncia que en municipios circundantes a Bogotá, como Soacha, Sibaté, Mosquera, Funza, Cota, Chía, Sopó, La Calera, Guasca, Choachí, Ubaque y Chipaque operan varias redes criminales que funcionarían como base para los grupos de crimen organizado a nivel local y regional. En la capital, las localidades afectadas serían Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén.
Sin embargo, desde la Gobernación del municipio se pido que se rectifique dicha información ya que, según ellos, en días anteriores la misma Defensoría del Pueblo les dijo que se estaba malinterpretando la información. Además, según argumentó la administración departamental, desde el 2008 Cundinamarca quedó totalmente libre de grupos armados organizados, es decir, aquellos que cuentan con un comando y control, con estructura armada, áreas campamentarias y que estén delinquiendo en un área específica del departamento.
Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó que no hay pruebas concretas que permitan verificar que grupos como Autodefensas Gaitanistas, estructuras urbanas del ELN o facciones disidentes de las extintas FARC estén cercando o realizando acciones delictivas en el territorio.
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Sin embargo, residentes y líderes de algunas zonas, como Usaquén o Ciudad Bolívar, afirman que la “limpieza social”, el microtráfico y los enfrentamientos entre pandillas son algo continúo. El seguimiento del Ministerio Público ha permitido prever posibles vulneraciones a la comunidad como desplazamiento forzado, homicidios o extorsiones. Con esto, la Defensoría recomienda al Distrito “elaborar un plan de trabajo específico Distrital para la respuesta rápida, institucional e interinstitucional, que defina estrategias y acciones coordinadas, focalizadas y especiales acordes con las amenazas y vulnerabilidades identificadas”.
Finalmente, con la intención de brindar mayor seguridad a los cundinamarqueses, el gobernador Nicolás García anunció que adelanta un trabajo articulado con el Ejército Nacional, la Policía, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para investigar y determinar este tipo de denuncias. “Partimos del principio de la buena fe y por eso queremos entenderlo, queremos conocer los detalles para poder actuar, y para poder tomar medidas, pero si nos genera una gran preocupación una afirmación de este tamaño en un departamento que históricamente ha dado ejemplo de trabajo en búsqueda y consolidación de la paz”, concluyó.