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Tras 48 horas de plantón y manifestaciones en la Nunciatura Apostólica de Bogotá y en otras cuatro regiones del país, el Gobierno Nacional y el Congreso de los Pueblos han llegado a un acuerdo. Las movilizaciones, lideradas por comunidades indígenas, denunciaban la violencia contra líderes sociales y exigían cambios estructurales en la seguridad de sus comunidades.
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Las protestas comenzaron a raíz de las denuncias de ataques paramilitares contra líderes sociales, en las cuales, según el Congreso de los Pueblos, las autoridades no habían intervenido con celeridad. En medio de esta coyuntura, un grupo de 30 personas perteneciente a colectivos étnicos realizó un plantón físico a las afueras de la Nunciatura.
En ese lugar permanecieron desde el martes pasado hasta hoy, tras pactar una serie de compromisos con el Gobierno Nacional. El acuerdo alcanzado incluye compromisos con otras instituciones y organismos internacionales para asegurar el cumplimiento de los pactos establecidos. Al término de los diálogos, el Congreso de los Pueblos anunció en un comunicado: “con la alegría de la lucha y la misión cumplida, anunciamos la firma de un acuerdo para la instalación de una Mesa Permanente de Diálogo y Concertación”.
En el comunicado, el Congreso de los pueblos también manifestó la importancia de lo que sería un acuerdo de paz con los grupos revolucionarios nacionales, en donde comentaron: “En primer lugar, la importancia es que se ha venido haciendo el diálogo de paz con el ELN y se garantiza esa forma de nosotros vivir en paz en nuestro territorio. Nosotros como comunidades indígenas siempre hemos solicitado y le hemos dicho al Estado y a todas las entidades que nosotros queremos vivir en paz entonces por eso felicitar este acuerdo, a la gobernación de Nariño ante todo que tuvo esta voluntad, al Gobierno Nacional y a los del ELN, que también tienen esta voluntad de hablar de paz”.
El Congreso de los Pueblos también anunció que levantarán las manifestaciones en el resto del país, buscando el desmonte del paramilitarismo en Colombia. “A partir de mañana a primera hora, comenzaremos el proceso paulatino de apertura de las carreteras y el levantamiento de los #RefugiosHumanitarios que instalamos en diferentes partes del país, contando con las garantías, de parte del gobierno, para que la gente pueda retornar a sus territorios”, informaron.
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Además, los diálogos con el Gobierno Nacional incluyen el regreso histórico de al menos 8.000 personas de las comunidades indígenas de El Sande, ubicado en el municipio de Santacruz de Guachavés, y el resguardo indígena La Montaña, en el municipio de Samaniego. Estas comunidades, que habían sido desplazadas hace aproximadamente nueve meses debido a combates entre grupos ilegales, retornarán a sus territorios en Nariño.
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