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Efectivos de la Sijin llevaron a cabo un operativo sin precedentes en contra de la piratería en Bogotá. En las últimas horas, la Policía intervino 23 inmuebles ubicados en el centro y sur de la ciudad, con el fin de proceder al respectivo cierre e incautación de los mismos por apropiación indebida a derechos de autor.
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Lo anterior se ejecutó tras seis meses de investigación, en los que se estableció que los comercios intervenidos hacían parte de una presunta red de piratería. De este modo, en los inmuebles que visitaron las autoridades, se encontraron redes de reproducción y circulación ilegal de este tipo de material.
Algo para resaltar, es que este operativo, que se llevó a cabo en las localidades de Santa Fe, Candelaria, Ciudad, Bolívar, Rafael Uribe, Puente Aranda y San Cristóbal, constituyó la primera ocupación de bienes inmuebles, con fines de extinción de dominio, que se realiza por el delito de apropiación intelectual y piratería. Según informó la Policía de Bogotá, el monto de las propiedades incautadas es de $27.000 millones de pesos.
Dicho lo anterior, los 23 bienes incautados (de los cuales 16 están catalogados como inmuebles ordinarios, y 7 como establecimientos comerciales) quedaron en poder la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que deberá administrar las propiedades incautadas hasta que se determine, por vía judicial, lo que sucederá con ellos.
Libreros defienden su actividad y denuncian irregularidades
Uno de los comercios ocupados es el centro comercial Libros Siglo XXI, ubicado en el centro de la ciudad. Este lugar, utilizado por más de 25 años para la venta de todo tipo de libros e implementos escolares, era visitado a diario por cientos de bogotanos que buscaban material de lectura a un precio asequible.
Esto, sin embargo, no quiere decir que el material allí distribuido sea pirata. Al menos así lo piensa Gloria Valencia, la propietaria de uno de los locales intervenidos por las autoridades. En diálogo con El Espectador, mientras se dirigía al Búnker de la Fiscalía, Valencia defendió su negocio y el derecho de propiedad que tiene sobre el inmueble secuestrado. “Nosotros vendemos libros originales, libros de dominio público y libros de segunda. No vendemos ningún tipo de piratería y denunciamos que nos están vulnerando el derecho al trabajo”, explicó Valencia.
Durante 25 años, Gloría se ha dedicado a la venta de este material sin ningún tipo de problema. Esto cambió, de manera drástica, cuando sin previo aviso y sin realizar algún tipo de advertencia previa, efectivos de la Policía llegaron a su local para cerrarlo e incautarle la mercancía. “Estaba buscando una sopa para almorzar cuando volví y ya estaban cerrando todo. También le cayeron a los que estampan camisetas, pero a ninguno de nosotros nos avisaron. Esto es un atropello”.
A través de su negocio, Gloria y otras personas del gremio logran el sostén de un centenar de familias, cuyo sustento quedó en el limbo tras los operativos. Uno de los puntos críticos, dice ella, es el secuestro del inmueble en donde ella y los demás tenían sus locales.
Para lograr establecerse allí, la vendedora explicó que junto a sus compañeros sacaron un préstamo a través de la entidad financiera Compartir. Gracias a este dinero, que pagan mes a mes entre todos los comerciantes, lograron adquirir la propiedad de forma legal. “Tenemos los documentos que demuestran que esa casa la compramos con un préstamo y no con dineros ilícitos ni de la venta pirata de libros”. Las utilidades que produce la venta de libros, dice ella, no alcanzaría para tanto, de ahí que hayan tenido que financiarse.
Por el momento, Gloria y sus compañeros se encuentran en la Fiscalía realizando las diligencias judiciales para hacer frente al decomiso de los inmuebles. No cuentan con un abogado que los asesore, por lo que tuvieron que acudir a la ayuda de uno de oficio para presentarse ante el ente acusador.
Según datos de la Cámara de Comercio del Libro, la venta de material de lectura en el país mueve alrededor de $1 billón anuales, de los cuales el 20 %, estaría en manos de distribuidores piratas. Esto quiere decir, que este sector de la economía pierde cada año $198.000 millones: $57.113 millones corresponden a libros de interés general (novela, poesía y cuento), $36.806 millones a textos escolares y $97.092 millones a libros profesionales y universitarios. Estas perdidas, denuncia el gremio, ponen en riesgo 6.000 empleos formales directos que genera esta actividad económica.
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