Grupos armados ilegales: ¿infiltrados en las marchas?

Este martes, la Fiscalía llevará ante un juez a un grupo de detenidos, con los que pretende demostrar una vez más la presencia de células urbanas de grupos armados ilegales en Bogotá y su incidencia en actos terroristas. Al igual que en la seguidilla de petardos que estallaron en 2015, el atentado en el barrio La Macarena (2017), la bomba en el centro comercial Andino (2017) y el atentado con carro bomba en la Escuela General Santander (2019), en esta oportunidad el ente acusador actuó con celeridad y dice haber identificado a presuntos milicianos dedicados a infiltrar las marchas de los últimos meses, con el único objetivo de generar caos, actos de vandalismo y atacar a la Fuerza Pública.

Los investigadores aseguran, además, tener suficientes material probatorio como para procesar y llevar a juicio por los delitos de concierto para delinquir y terrorismo a seis jóvenes, que hoy comparecerán a audiencia de medida de aseguramiento ante el juez 21 penal de garantías de Bogotá. Los sindicados, agrega la Fiscalía, serían las cabezas de un movimiento que opera en la capital y que, según documentos incautados, estarían encargados de conformar una organización para reclutar y capacitar a jóvenes que integrarían las células urbanas de la disidencia de las Farc.

Contra ellos no solo hay testimonios y una serie de interceptaciones telefónicas (en las que hablan con lenguaje cifrado), sino que a algunos les hallaron elementos para fabricar explosivos artesanales o “papas bomba” en el momento de sus capturas, que se realizaron la misma semana en que se reanudaron las protestas en el marco del paro nacional.

Los detenidos

Según un documento del ente acusador, entre los investigados se encuentra un ciudadano identificado como Jaime Hernando Olarte, al que las autoridades señalan de ser alias La Bruja. Él sería el presunto líder de una célula urbana de las temidas disidencias de las Farc, a la que le atribuyen además la tarea de reclutar jóvenes en universidades como la Nacional, la Pedagógica, el Colegio Mayor de Cundinamarca y la ESAP. 

Según la Fiscalía, Olarte se habría reunido en varias oportunidades con el cabecilla de la organización, Gentil Duarte. Una de esas reuniones supuestamente habría ocurrido en junio del año pasado, en el municipio de San José del Guaviare (Guaviare). No obstante, su defensa asegura que la única prueba es una foto, donde no aparece el mencionado guerrillero.

Además, dentro del acervo probatorio contra Olarte, existe la grabación de una interceptación telefónica en la que habla con David Ravelo Gutiérrez (hijo del defensor de derechos humanos David Ravelo Crespo), quien también fue detenido, por ser supuestamente el encargado de documentar las acciones delincuenciales en Bogotá. En la llamada, dialogan de una supuesta siembra de árboles, a la que pretenden “llevar bizcochos”, pero aseguran que su problema es que no tienen pasteleros. La interpretación del ente acusador es que ambos hablaban de las “papas bomba” que usarían en las manifestaciones.

En similares circunstancias se analizó otra de las conversaciones interceptadas, en la que otros detenidos hablan de comida, al parecer, para aludir a explosivos. En ella dicen que la encargada “le echó mucho tomate y espinaca a la preparación, y eso la dañó”. Esta conversación, que fue encontrada en uno de los celulares incautados, también involucra a Diego Camilo Beltrán, capturado en Villavicencio, y a Yéiner Avendaño, estudiante de sexto semestre de derecho, a quien además le atribuyen ser el líder de la Brigada Antifascista Antonio Nariño, organización que tiene en Facebook un grupo cerrado y la que, de acuerdo con un testigo capturado en abril del año pasado y quien aseguró conocerlo, tendría un fin político-militar urbano para reclutar jóvenes en el centro del país.

Entre los capturados también está Víctor Hugo Ruiz, a quien en un allanamiento le encontraron aluminio, pólvora negra, azufre y otros elementos que se usan en la fabricación de explosivos artesanales y de quien también se tienen grabaciones, esta vez sí hablando específicamente de los precios de la anilina, cochinilla, goma brasileña y clorato —elementos indispensables para la fabricación de “papas bomba”— con Samuel Esteban Téllez, estudiante de la Universidad Pedagógica, quien es señalado de ser el químico de la organización y fue capturado en noviembre de 2019, junto a otros jóvenes.

Los investigadores también señalaron a Julio Martínez Táutiva, quien ha sido reconocido líder cocalero y en las pasadas elecciones fue candidato al Concejo de Villavicencio, y a Yeison Franco Sánchez, estudiante de trabajo social del Colegio Mayor de Cundinamarca. Según la Fiscalía, la tarea de los hoy procesados consistiría en reclutar miembros para la organización y conseguir las personas encargadas de lanzar “papas bomba” contra la Policía, en las manifestaciones. Además, estarían conformando las células urbanas del grupo armado en localidades como Usaquén y Bosa, así como en el municipio de Soacha, mientras que la financiación para su operación, dice la Fiscalía, la obtendrían de la venta de estupefacientes en Bogotá, que traerían desde Guaviare y Cauca.

¿Criminalizar la protesta?

Si bien, las autoridades insisten en tener un caso sólido como para llevarlos a todos a juicio, los defensores de los detenidos le restan crédito a la investigación. Eduardo Matyas, abogado de dos de los implicados, asegura que sus clientes participaron en actividades sociales y en la protesta, pero de ninguna manera organizaron acciones bélicas y mucho menos hacen parte de grupos armados.

“Son personas humildes. Uno estudia en la Universidad Republicana y tuvo que cancelar el semestre por falta de dinero. Por ejemplo, Olarte está embargado porque no tiene ni con qué pagar la administración. Lo más grave es que los acusen de pertenecer a un Grupo Armado Organizado (GAO), porque se enfrentan a penas mayores de diez años y todo parte de suposiciones”. El profesional en derecho considera que la interpretación que hizo la Fiscalía de las interceptaciones tergiversa la realidad y no hay pruebas que demuestren intenciones terroristas.

Si bien es indiscutible que en los últimos años ha existido una amenaza contra la ciudad (incluso esta semana la alcaldesa, Claudia López, confirmó que se investiga un nuevo atentado de un grupo ilegal contra una guarnición militar o policial), detrás de las investigaciones de los últimos atentados en la ciudad hay una realidad: a pesar de en su momento las capturas fueron tan publicitadas y oportunas, con las que le enviaron un mensaje de calma a la ciudad, a la fecha siguen sin condenas en firme, por lo que son más los reparos que los resultados.

Esta nueva investigación parece tener similitudes con las que se adelantaron en años anteriores, por lo que es también una nueva oportunidad para que las autoridades demuestren que esta vez sí van por buen camino en su misión de identificar y desarticular los grupos que quieren sembrar terror en la ciudad.

De lo contrario, en caso de que este proceso tenga un resultado adverso, todo terminaría por reforzar la versión de los abogados de los detenidos, quienes insisten en la inocencia de sus clientes y en que el único objetivo de las capturas, tras las protestas de noviembre y enero, es sencillamente  judicializar la protesta social.

¿Qué ha pasado con los otros casos?

Atentados de 2015

La ciudad vivió una seguidilla de atentados con petardos panfletarios en varios puntos de la ciudad, entre ellos, algunas sedes de una empresa de pensiones y sedes de EPS. Por este caso, las autoridades capturaron a 15 jóvenes, señalados de ser miembros de las milicias del Eln. Aunque intentaron vincularlos con las explosiones, a la fecha ninguno está condenado. 

Atentados de 2017

En febrero de ese año, la Fiscalía capturó a Mateo Gutiérrez, a quien señalaron de ser una de las cabezas de las organizaciones dedicadas a poner al menos ocho petardos panfletarios en los últimos años. Fue la primera vez que se mencionó a la organización MRP, afín al Eln. Tras dos años, un juez absolvió a Gutiérrez, ya que el ente acusador no pudo demostrarle ningún delito. 

Centro comercial Andino

Tras el atentado al centro comercial Andino, las autoridades capturaron a diez personas, señalándolas de pertenecer a una organización denominada MRP. A pesar de que les imputaron cargos y les dictaron medida de aseguramiento, en septiembre de 2018 un juez ordenó su libertad por vencimiento de términos. No obstante, siete de ellos no pudieron salir de prisión debido a que la Fiscalía les imputó nuevos cargos y los señaló de ser miembros del Eln. A la fecha ninguno está condenado. 

Atentado a la General Santander

Por este hecho terrorista, que ocurrió el 17 de enero de 2019 y que se adjudicó la guerrilla del Eln, hay tres personas acusadas de participar en diferentes fases de la planeación.  Andrés Carvajal, según la Fiscalía, habría aceptado su responsabilidad en una llamada que interceptaron, mientras que Wilson Arévalo habría trasladado los explosivos desde Arauca hasta Bogotá. Ambos se encuentran en audiencia preparatoria de juicio. Por último, está Álvaro José Mateus, quien habría financiado el atentado y conseguido la camioneta que José Aldemar Rojas hizo explotar dentro de la escuela General Santander. Ya le imputaron cargos.

Este martes, la Fiscalía llevará ante un juez a un grupo de detenidos, con los que pretende demostrar una vez más la presencia de células urbanas de grupos armados ilegales en Bogotá y su incidencia en actos terroristas. Al igual que en la seguidilla de petardos que estallaron en 2015, el atentado en el barrio La Macarena (2017), la bomba en el centro comercial Andino (2017) y el atentado con carro bomba en la Escuela General Santander (2019), en esta oportunidad el ente acusador actuó con celeridad y dice haber identificado a presuntos milicianos dedicados a infiltrar las marchas de los últimos meses, con el único objetivo de generar caos, actos de vandalismo y atacar a la Fuerza Pública.

Los investigadores aseguran, además, tener suficientes material probatorio como para procesar y llevar a juicio por los delitos de concierto para delinquir y terrorismo a seis jóvenes, que hoy comparecerán a audiencia de medida de aseguramiento ante el juez 21 penal de garantías de Bogotá. Los sindicados, agrega la Fiscalía, serían las cabezas de un movimiento que opera en la capital y que, según documentos incautados, estarían encargados de conformar una organización para reclutar y capacitar a jóvenes que integrarían las células urbanas de la disidencia de las Farc.

Contra ellos no solo hay testimonios y una serie de interceptaciones telefónicas (en las que hablan con lenguaje cifrado), sino que a algunos les hallaron elementos para fabricar explosivos artesanales o “papas bomba” en el momento de sus capturas, que se realizaron la misma semana en que se reanudaron las protestas en el marco del paro nacional.

Los detenidos

Según un documento del ente acusador, entre los investigados se encuentra un ciudadano identificado como Jaime Hernando Olarte, al que las autoridades señalan de ser alias La Bruja. Él sería el presunto líder de una célula urbana de las temidas disidencias de las Farc, a la que le atribuyen además la tarea de reclutar jóvenes en universidades como la Nacional, la Pedagógica, el Colegio Mayor de Cundinamarca y la ESAP. 

Según la Fiscalía, Olarte se habría reunido en varias oportunidades con el cabecilla de la organización, Gentil Duarte. Una de esas reuniones supuestamente habría ocurrido en junio del año pasado, en el municipio de San José del Guaviare (Guaviare). No obstante, su defensa asegura que la única prueba es una foto, donde no aparece el mencionado guerrillero.

Además, dentro del acervo probatorio contra Olarte, existe la grabación de una interceptación telefónica en la que habla con David Ravelo Gutiérrez (hijo del defensor de derechos humanos David Ravelo Crespo), quien también fue detenido, por ser supuestamente el encargado de documentar las acciones delincuenciales en Bogotá. En la llamada, dialogan de una supuesta siembra de árboles, a la que pretenden “llevar bizcochos”, pero aseguran que su problema es que no tienen pasteleros. La interpretación del ente acusador es que ambos hablaban de las “papas bomba” que usarían en las manifestaciones.

En similares circunstancias se analizó otra de las conversaciones interceptadas, en la que otros detenidos hablan de comida, al parecer, para aludir a explosivos. En ella dicen que la encargada “le echó mucho tomate y espinaca a la preparación, y eso la dañó”. Esta conversación, que fue encontrada en uno de los celulares incautados, también involucra a Diego Camilo Beltrán, capturado en Villavicencio, y a Yéiner Avendaño, estudiante de sexto semestre de derecho, a quien además le atribuyen ser el líder de la Brigada Antifascista Antonio Nariño, organización que tiene en Facebook un grupo cerrado y la que, de acuerdo con un testigo capturado en abril del año pasado y quien aseguró conocerlo, tendría un fin político-militar urbano para reclutar jóvenes en el centro del país.

Entre los capturados también está Víctor Hugo Ruiz, a quien en un allanamiento le encontraron aluminio, pólvora negra, azufre y otros elementos que se usan en la fabricación de explosivos artesanales y de quien también se tienen grabaciones, esta vez sí hablando específicamente de los precios de la anilina, cochinilla, goma brasileña y clorato —elementos indispensables para la fabricación de “papas bomba”— con Samuel Esteban Téllez, estudiante de la Universidad Pedagógica, quien es señalado de ser el químico de la organización y fue capturado en noviembre de 2019, junto a otros jóvenes.

Los investigadores también señalaron a Julio Martínez Táutiva, quien ha sido reconocido líder cocalero y en las pasadas elecciones fue candidato al Concejo de Villavicencio, y a Yeison Franco Sánchez, estudiante de trabajo social del Colegio Mayor de Cundinamarca. Según la Fiscalía, la tarea de los hoy procesados consistiría en reclutar miembros para la organización y conseguir las personas encargadas de lanzar “papas bomba” contra la Policía, en las manifestaciones. Además, estarían conformando las células urbanas del grupo armado en localidades como Usaquén y Bosa, así como en el municipio de Soacha, mientras que la financiación para su operación, dice la Fiscalía, la obtendrían de la venta de estupefacientes en Bogotá, que traerían desde Guaviare y Cauca.

¿Criminalizar la protesta?

Si bien, las autoridades insisten en tener un caso sólido como para llevarlos a todos a juicio, los defensores de los detenidos le restan crédito a la investigación. Eduardo Matyas, abogado de dos de los implicados, asegura que sus clientes participaron en actividades sociales y en la protesta, pero de ninguna manera organizaron acciones bélicas y mucho menos hacen parte de grupos armados.

“Son personas humildes. Uno estudia en la Universidad Republicana y tuvo que cancelar el semestre por falta de dinero. Por ejemplo, Olarte está embargado porque no tiene ni con qué pagar la administración. Lo más grave es que los acusen de pertenecer a un Grupo Armado Organizado (GAO), porque se enfrentan a penas mayores de diez años y todo parte de suposiciones”. El profesional en derecho considera que la interpretación que hizo la Fiscalía de las interceptaciones tergiversa la realidad y no hay pruebas que demuestren intenciones terroristas.

Si bien es indiscutible que en los últimos años ha existido una amenaza contra la ciudad (incluso esta semana la alcaldesa, Claudia López, confirmó que se investiga un nuevo atentado de un grupo ilegal contra una guarnición militar o policial), detrás de las investigaciones de los últimos atentados en la ciudad hay una realidad: a pesar de en su momento las capturas fueron tan publicitadas y oportunas, con las que le enviaron un mensaje de calma a la ciudad, a la fecha siguen sin condenas en firme, por lo que son más los reparos que los resultados.

Esta nueva investigación parece tener similitudes con las que se adelantaron en años anteriores, por lo que es también una nueva oportunidad para que las autoridades demuestren que esta vez sí van por buen camino en su misión de identificar y desarticular los grupos que quieren sembrar terror en la ciudad.

De lo contrario, en caso de que este proceso tenga un resultado adverso, todo terminaría por reforzar la versión de los abogados de los detenidos, quienes insisten en la inocencia de sus clientes y en que el único objetivo de las capturas, tras las protestas de noviembre y enero, es sencillamente  judicializar la protesta social.

¿Qué ha pasado con los otros casos?

Atentados de 2015

La ciudad vivió una seguidilla de atentados con petardos panfletarios en varios puntos de la ciudad, entre ellos, algunas sedes de una empresa de pensiones y sedes de EPS. Por este caso, las autoridades capturaron a 15 jóvenes, señalados de ser miembros de las milicias del Eln. Aunque intentaron vincularlos con las explosiones, a la fecha ninguno está condenado. 

Atentados de 2017

En febrero de ese año, la Fiscalía capturó a Mateo Gutiérrez, a quien señalaron de ser una de las cabezas de las organizaciones dedicadas a poner al menos ocho petardos panfletarios en los últimos años. Fue la primera vez que se mencionó a la organización MRP, afín al Eln. Tras dos años, un juez absolvió a Gutiérrez, ya que el ente acusador no pudo demostrarle ningún delito. 

Centro comercial Andino

Tras el atentado al centro comercial Andino, las autoridades capturaron a diez personas, señalándolas de pertenecer a una organización denominada MRP. A pesar de que les imputaron cargos y les dictaron medida de aseguramiento, en septiembre de 2018 un juez ordenó su libertad por vencimiento de términos. No obstante, siete de ellos no pudieron salir de prisión debido a que la Fiscalía les imputó nuevos cargos y los señaló de ser miembros del Eln. A la fecha ninguno está condenado. 

Atentado a la General Santander

Por este hecho terrorista, que ocurrió el 17 de enero de 2019 y que se adjudicó la guerrilla del Eln, hay tres personas acusadas de participar en diferentes fases de la planeación.  Andrés Carvajal, según la Fiscalía, habría aceptado su responsabilidad en una llamada que interceptaron, mientras que Wilson Arévalo habría trasladado los explosivos desde Arauca hasta Bogotá. Ambos se encuentran en audiencia preparatoria de juicio. Por último, está Álvaro José Mateus, quien habría financiado el atentado y conseguido la camioneta que José Aldemar Rojas hizo explotar dentro de la escuela General Santander. Ya le imputaron cargos.