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Guillermo Alfonso Jaramillo, como secretario de Salud de Bogotá, se ha convertido en el funcionario estrella de la administración de Gustavo Petro. Centros de atención médica para personas con adicción a las drogas, habitantes de calle, prostitutas y ciudadanos en situación de extrema pobreza; centros de apoyo a la mujer, en donde se reivindica el derecho a la interrupción del embarazo en algunas de las tres situaciones en las que la Corte Constitucional permite practicar ese procedimiento, son los proyectos más importantes de la Secretaría que lidera.
Sus propuestas han sido dignas de mostrar para la administración distrital, tanto así que la salud es el único tema que ha logrado tener una agenda conjunta entre Distrito y Nación.
Es por eso que el Ministerio de Protección Social y la Secretaría de Salud del Distrito discuten eliminar la intermediación de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) del régimen subsidiado en Bogotá y, mediante el Fondo Distrital de Salud, convertir a la Secretaría del ramo en la única aseguradora estatal del régimen subsidiado y de aquellos usuarios que no tienen ningún tipo de vínculo con el actual sistema. Jaramillo advierte que próximamente se firmará un decreto presidencial que posibilitaría llevar a cabo la propuesta distrital.
En entrevista con El Espectador, el secretario de Salud reafirma que el responsable del fracaso del nuevo sistema de aseo en Bogotá es Diego Bravo, gerente del Acueducto. Aunque el alcalde encargado, Óscar Sánchez, pidió que no se ahondara en la discusión, Jaramillo mantiene su posición de que Bravo debería renunciar y reconocer públicamente el fracaso del modelo de basuras.
¿Diego Bravo, gerente del Acueducto, es el culpable del fracaso del nuevo modelo de aseo y no el alcalde Gustavo Petro?
La andanada mediática de hoy es en contra del alcalde. Y sería deshonesto ponerme a decir que las cosas salieron a las mil maravillas y que el gobernante no tiene responsabilidad alguna. Sin embargo, considero que este fracaso y el escándalo producido es también responsabilidad de los subalternos. Porque el señor Bravo, como cabeza visible de la Empresa de Acueducto, engañó al alcalde y a todo el gabinete del Gobierno. Siempre dijo que todo estaba bien y que la operación sería un éxito. Y vemos hoy que era una absoluta mentira.
Si el gerente no estaba de acuerdo con la idea de Petro, o se vio alcanzado, o se dio cuenta que no tenía la capacidad para implementar el nuevo modelo, la mejor salida era renunciar y no poner al Distrito ni a la ciudad en la situación en la que estamos hoy.
El gerente del Acueducto no fue el único que intervino en esa apuesta: lo hizo el gerente de Aguas de Bogotá, que no renunció, sino que lo hicieron renunciar, el director de la Uaesp… Hay muchos más.
Sus declaraciones causaron molestia en el gabinete: Óscar Sánchez, alcalde encargado, le pidió públicamente no ahondar en la discusión, y el secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, dijo que “la ropa sucia se lava en casa”…
Sí, el alcalde encargado y el gerente del Canal Capital, Hollman Morris, fueron hasta mi oficina. Querían saber qué pasaba, por qué había dicho esas declaraciones ante los medios de comunicación. Y yo les respondí que todos los funcionarios de esta administración debemos ser responsables con cada una de las misiones que el alcalde nos encomiende.
Y si Asprilla sale a decir que “la ropa sucia se lava en casa”, eso quiere decir que reconoce que las cosas no salieron bien.
Pasando de la basura a la salud, ¿cuáles fueron los tres logros más sobresalientes de la Secretaría el año pasado?
La apertura de dos centros de servicios amigables para niñas y mujeres, lugares en donde se orienta y se asesora en temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, donde se reivindica el derecho que tiene una mujer que quiera interrumpir voluntariamente su embarazo, bajo las tres situaciones que la Corte Constitucional permite que se lleve a cabo dicho procedimiento.
El otro logro es la implementación de los Centros de Atención Médica a Drogodependientes (Camad). Esto es una batalla que poco a poco vamos ganando y es la posibilidad de ver la adicción a las drogas como un problema de salud pública, antes de criminalizar al consumidor.
Y el tercer logro es haber impedido el cierre de algún hospital de la red pública.
¿Cuál es la mayor apuesta del Distrito en salud?
Lo que más nos interesa es poder cambiar el modelo de atención en salud. La Ley 100 tiene un modelo eminentemente curativo que deja a un lado la prevención de la enfermedad. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los bogotanos mediante una atención primaria en salud basada en la prevención.
¿Y qué se está haciendo por cambiar el modelo?
Cuando llegué a la Secretaría encontré 351 equipos de personal, dedicados prácticamente a encuestar a la población y que formaban parte de programas como “Salud a la casa”, “Salud al colegio”. Hoy la ciudad cuenta con un programa piloto en Bosa, que tiene 765 equipos médicos que van hasta la puerta de la casa de los pacientes. El médico tiene que ir a buscar al sano para que no se enferme; controlar que los niños estén vacunados; que las mujeres en gestación lleven un control prenatal, y hacerles visitas de control a pacientes con enfermedades como diabetes, hipertensión, y si son del régimen subsidiado, o del vinculado, entregarles los medicamentos que requieran, según lo convenido con las EPS que atienden a esa población.
Pero al fin no pudo tumbar el sistema actual de salud y la intermediación de las EPS…
Poco a poco. Había otros temas primordiales, que requerían todos los esfuerzos. Por ejemplo, lo que más me preocupaba era que no fuéramos capaces de impedir la quiebra y el cierre de varios hospitales de Bogotá. El año pasado, la crisis de la salud en la capital, y en todo el país, fue espantosa. El cierre de los hospitales era inminente; llegamos a deber en algunos hasta tres meses de sueldo y en otros hasta cuatro meses. Y se impidió la parálisis, en gran parte, porque se convenció al Gobierno Nacional que descongelara las cuentas maestras, para evitar el colapso. La Secretaría también gestionó más recursos por medio de la armonización presupuestal y convenció al Concejo de la ciudad de la necesidad de mayores recursos para el sector. Hoy, todos los trabajadores tienen el sueldo al día.
Con casi cuatro meses de ser implementados, ¿cuál es el balance de los Centros de Atención Médica a Drogodependientes (Camad)?
Es muy satisfactorio. En promedio, más de 21 personas ingresan diariamente al Camad. A la fecha, hemos atendido más de 8.000 personas, de las cuales 1.800 tenían problemas con drogas. Lo interesante de este proyecto es que estamos atendiendo no sólo a pacientes con problemas de adicción, sino también a una población que no necesariamente es adicta, pero que vive en guetos en la ciudad, que no tienen ningún vínculo con el sistema de salud, una población abandonada.
¿Es cierto que los Camad eran ambulancias viejas que fueron remodeladas?
¿Qué es un Camad? No es una ambulancia, son unidades móviles. En el caso nuestro, las unidades no son nuevas, que mejoramos y que las pusimos a cumplir una función específica con un consultorio médico y otro odontológico. Pero lo más importante del Camad es que está direccionado a una población vulnerable objetivo muy diferente de la que venía atendiendo. No son nuevas, las arreglamos y refaccionamos, porque no alcanzamos a que el Fondo de Vigilancia hiciera el giro de los recursos, pero éste acabó de dar vía libre, para que se compren unidades nuevas.
Y más allá de que si son nuevas o viejas, el proyecto ha sido un éxito. Nosotros teníamos pensado aumentar para este año el número de unidades, tener cuatro unidades, es decir dos más, y ubicarlas en el Bronx, San Bernardo, El Amparo y en Abastos. Sin embargo, la misma comunidad ha solicitado que haya más unidades en otros puntos de la ciudad. Por estas solicitudes, lo más probable es que para este año tengamos seis unidades más.
¿En qué va el tema de la nómina paralela en la Secretaría?
Ya empezamos a implementar el trabajo digno en la Secretaría. Ya le entregamos a Hacienda la propuesta de la nueva planta de la entidad y la del hospital de Meissen, y así retirar los casi 1.500 contratistas que están vinculados por medio de prestación de servicios y poderlos contratar directamente. La Secretaría quedaría con 1.400 puestos. Antes había 400 de planta y 1.600 por contratos. La planta nueva costará al año $70.000 millones.
¿Cuál será el futuro de Capital Salud? ¿Al fin se liquidará?
La EPS está descapitalizada en $19.000 millones y el capital global de la empresa es de $24.000 millones. Eso significa que la empresa estaría en causal de insolvencia y disolución. Pero nosotros le hemos dicho al socio privado que vamos a continuar, porque no nos podemos dar el lujo de dejar a la deriva 550.000 usuarios, y es que no hay con quién dejarlos, porque actualmente existen cinco EPS del régimen subsidiado, de las cuales sólo tres no están metidas en algún proceso con la Superintendencia de Salud. Si se retira Capital Salud, quedarían sólo dos que son Caprecom, que no cumple, y Humana Vivir, que es la EPS con mayores quejas de los usuarios. Por eso, es muy difícil retirarlos.
Con el socio minoritario, cuando sepamos cuántos recursos tienen y cuánto vale, trataremos de llegar a un acuerdo económico. Pero como nosotros estamos en el proyecto de, con nuestro músculo financiero, aportar más recursos y atender a esa población, y, si es el caso, contratar con la red privada algunos servicios. Nuestra política es no EPS, sí al aseguramiento estatal con recursos del Distrito.
¿Ha tenido eco esa propuesta del Distrito en el Gobierno Nacional?
Hemos estado en mesas de trabajo con el Ministerio de Protección Social. El Distrito está ayudando a elaborar un borrador de un decreto presidencial, que ya está muy adelantado, que es la posibilidad de que podamos tener el manejo del régimen subsidiado en Bogotá, mediante el Fondo Distrital de Salud.
La Procuraduría anda detrás del nombramiento del gerente del hospital de Usme…
En mi caso, yo nombré a una persona que le estudiaron su hoja de vida, juró que no tenía ninguna inhabilidad. Creo, que en derecho y teniendo en cuenta que yo desconocía de la existencia de ese impedimento, no he cometido una falta.
El gerente no sabía de ese impedimento. Además, toca estudiar muy bien esa presunta inhabilidad, porque lo que nosotros hemos analizado es que no era el sentido del legislador hacer entender que cuando una persona había pertenecido a una junta directiva de algún hospital, no podría ser nombrado en un cargo directivo en un hospital.