Hacinamiento carcelario, círculo vicioso al que hay que ponerle freno

Juan duró ocho meses recluido en la URI de Puente Aranda por violencia intrafamiliar, donde experimentó en carne propia el estar hacinado en un espacio que rebasa sus capacidades logísticas y de espacio. En diálogo con El Espectador repasó cómo tuvo que malvivir por meses. “Las condiciones son jodidas. No exagero al decir que unos duermen encima de otros, en los pasillos, en los baños. Vi gente durmiendo parada por falta de plata. Cuando usted entra tiene que pagarles a ‘los duros’ para que le den un espacio”, señala Juan, quien hoy trabaja en un emprendimiento propio.

Juan duró ocho meses recluido en la URI de Puente Aranda por violencia intrafamiliar, donde experimentó en carne propia el estar hacinado en un espacio que rebasa sus capacidades logísticas y de espacio. En diálogo con El Espectador repasó cómo tuvo que malvivir por meses. “Las condiciones son jodidas. No exagero al decir que unos duermen encima de otros, en los pasillos, en los baños. Vi gente durmiendo parada por falta de plata. Cuando usted entra tiene que pagarles a ‘los duros’ para que le den un espacio”, señala Juan, quien hoy trabaja en un emprendimiento propio.

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“En esa URI hay cuatro secciones y estuve en dos. Una es un sótano. Allá no se sabe si es de día o de noche y no alcanzaban ni los sanitarios ni las duchas. Mientras estuve hubo varios motines, en los que varios alcanzaron a huir y todos esos tropeles empezaban porque la gente ya no soporta esas condiciones. Y sí, se trata de presos que la embarraron y lo que usted quiera, pero también son seres humanos”.

No hay celdas para tanta gente

Desde hace varios años el hacinamiento carcelario es un tema sobre la mesa, en especial en Bogotá, donde están los índices de hacinamiento más complejos del país, al punto de que en enero la capacidad total de reclusión en estaciones y URI rebasaron la cifra permitida en 1.668 personas privadas de la libertad (PPL). El hecho lo denunció el concejal Rolando González, quien llamó la atención de las autoridades para que se tomen medidas. “A la fecha, la Policía no ha priorizado la intervención y mantenimiento de las celdas de las estaciones. Además, es necesario ampliar la oferta de equipamientos que permitan aumentar la capacidad de reclusión”, dice el concejal.

La denuncia de González tiene asidero en que hoy 19 de los 23 centros de detención transitoria en Bogotá no dan abasto. Es tal la complejidad, que 12 de 19 centros superan el 100 % de hacinamiento. Algunos casos que ilustran el escenario son los de la estación de Policía de Usaquén, con un hacinamiento del 740 %; la de Kennedy, con 562 %; la de Bosa, con 514 %, y la de Engativá, que tiene un 238 %.

“La Secretaría de Seguridad tiene unos recursos para inversión y ahí hay una cantidad para los centros de reclusión de Bogotá. Básicamente, lo que estamos solicitando es que la Secretaría de Seguridad y el alcalde de Bogotá le den solución urgente a la problemática, aumentando las cárceles y la infraestructura”, afirmó González.

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Las soluciones

En los primeros días de su administración, el alcalde Carlos Fernando Galán se refirió al tema y anunció, en varias entrevistas, el diseño de un plan para mitigar el hacinamiento, que consiste en la adquisición o arrendamiento de bodegas, que cumplan la función de centro de detención, y así evacuar las estaciones y URI, hecho que, además de reducir el hacinamiento, garantiza una mejor calidad de estancia para los reclusos.

Sobre ese particular, Juan advierte: “Muchas veces los sanitarios se rebasan por la cantidad de gente. La comida a veces se nota dañada o cruda. Además, a quien no come, a veces lo castigan. Cuando estuve en el sótano éramos 120, y en la celda de al lado había 80 más. Para esas 200 personas solamente estaban disponibles tres duchas y tres sanitarios, hecho que generaba situaciones complejas de salubridad, como infecciones. Además de dormir unos encima de otros, casi que teníamos que hacer nuestras necesidades y bañarnos de la misma forma”, situación que se replica en la mayoría de centros penitenciarios y de detención de la ciudad, e incluso del país.

Además de la adquisición de bodegas, otra estrategia tiene que ver con la construcción de la cárcel Distrital 2, con capacidad para 2.200 reclusos. Los terrenos destinados para la construcción están en inmediaciones de La Picota y ya fueron adquiridos por el Distrito.

“Hace más de 20 años no se generaba una sola inversión en infraestructura carcelaria y de justicia”, explicó la entonces alcaldesa Claudia López durante una rueda de prensa que daba cuenta del proyecto, dato que explica, en parte, por qué la situación ha ido escalando hasta alcanzar las dramáticas cifras de los últimos años.

Otra arista de esta problemática tiene que ver con que, entre las 2.895 personas que actualmente se encuentran detenidas en estaciones de policía, “465 ya fueron condenadas, pero no han podido ser trasladadas a una cárcel por la falta de cupos. Y esta situación se seguirá repitiendo y los índices seguirán en aumento, mientras no se tomen acciones efectivas y urgentes”, recalca el cabildante.

Así las cosas, parece que el panorama que viene respecto a esta problemática es esperar a que el plan de choque anunciado por la Alcaldía comience a andar y que la construcción de la segunda fase de la cárcel Distrital se materialice, hecho que hasta ahora se vislumbra demorado, pues no hay una fecha estimada de entrega ni de inicio de obras.

Por otro lado, se esperan acciones de gobierno guiadas para enfrentar la corrupción en los centros carcelarios y de detención de la ciudad, pues es un secreto a voces que la actividad criminal muchas veces se traslada de las calles a las celdas, las cuales son regentadas por “caciques” que siguen cobrando altas sumas de dinero para proteger o afectar a ciertos reclusos según su capacidad económica y sus relaciones criminales. Entretanto, las cifras de presos y hacinamiento aumentan a diario.

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