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En medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, unos de las problemáticas más preocupantes es el hacinamiento en Unidades de Reacción Inmediata (URI), estaciones de Policía y cárceles de Bogotá, situación que persistía antes de la coyuntura. La dimensión de esta situación la explica la Personería de Bogotá, que advirtió que el hacinamiento de reclusos en las estaciones de la ciudad, se disparó considerablemente durante los últimos cinco meses.
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Al 23 de marzo, la ocupación estaba en un 227,9 %, mientras que el 11 de agosto, pasó a ser de 346,9 %. Esto teniendo en cuenta que en estas instalaciones se pasó de albergar a 1.053 personas a 1.603, cuando la capacidad es solo para 462 reclusos. Frente a esta situación, el Distrito ha realizado varios esfuerzo, como el traslado de 36 detenidos a la Cárcel Distrital, el cual se llevó a cabo el miércoles de esta semana. Además, se eera que entre este jueves y viernes, se logren reubicar a 80 personas al centro penitenciario.
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La situación más preocupante se vive en estaciones como la de Tunjuelito, donde hay una sobreocupación del 1.050 %, ya que cuenta con una capacidad para seis personas y actualmente, alberga a 69. Por su parte, la estación de Los Mártires tiene un problema de hacinamiento de 495 %, la de Rafael Uribe de 425 %, la de Engativá de 377 %, San Cristóbal de 373 %, Keneddy de 346 % y Usaquén de 310 %.
Por otro lado, las URI mantienen un índice del 122 %, con una capacidad para albergar 548, personas y una ocupación real de 671 detenidos. Así las cosas, la suma de las estaciones y las URI representan un hacinamiento del 160.7 %, al tener 2.274 personas privadas de la libertad, 652 condenados, 230 extranjeros, 1.593 imputados y 29 con detención domiciliaria que no deberían estar allí.
Frente a este panorama, la Personería hizo de nuevo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que den una solución inmediata al problema del hacinamiento en las estaciones de Policía y las URI de la ciudad, pues, según el ministerio público, 571 condenados que están en esos centros transitorios, deberían estar pagando su pena en las cárceles nacionales.
Esta preocupación se complementa con la alerta de casos positivos de COVID-19 dentro de estos lugares. El ente de control señaló que, pese a que el pasado 10 de mayo emitieron una alerta a las autoridades para que adoptaran medidas inmediatas para proteger la vida de las personas privadas de la libertad y sus custodios, “las decisiones adoptadas no han sido suficientes para enfrentar el problema”.
Asimismo, desde marzo se han realizado visitas aleatorias a diez estaciones de Policía, en las que, en su momento, se ha comprobado que en cuatro de estas (Ciudad Bolívar, Bosa, Fontibón y Kennedy) no hay disponibilidad de agua potable permanente.
La falta de agua y jabón, sumado al hacinamiento, hace que sea imposible que las personas mantengan una distancia mínima para mitigar la propagación del virus, además de ser imposible cumplir con la recomendación de lavarse las manos cada tres horas y tener una hidratación permanente.
