Hasta los blindados tendrán pico y placa

Así lo insinuó ayer el alcalde Enrique Peñalosa cuando a través de su cuenta de Twitter indicó: “Carros blindados dejarán de estar exentos de cumplir Pico y Placa, cuando haya posibilidad de pagar por no cumplirlo”.

A la iniciativa, incluida en el Plan de Desarrollo, le falta un paso para que la administración tenga todas las herramientas jurídicas para expedir el decreto del pago para libre circulación, en el que definirá cómo, quiénes, cuánto y desde cuándo se podrán pagar para evitar el Pico y Placa.

Según datos del propio alcalde Enrique Peñalosa, la contribución voluntaria sería al menos de $4 millones anuales. “Lo que necesitamos es recursos para financiar el transporte público. Queremos que, en vez de gastar el dinero blindando el carro o comprando un segundo carro, pague una contribución para no tener Pico y Placa”. La meta del Distrito es recaudar entre $200.000 y $300.000 millones al año, lo que implicaría que al menos 75.000 de los casi 1,5 millones de carros que circulan en Bogotá paguen la contribución voluntaria.

De cara a este proyecto, el Distrito ya viene haciendo ajustes. Lo primero fue ampliar el alcance del Pico y Placa. Hoy la restricción aplica para carros particulares, taxis y buses. Sin embargo, están exentos los blindados, los de transporte especial y los oficiales, como los que usan congresistas, concejales y funcionarios públicos.

Para cambiar esta situación, hace un mes se conoció el proyecto de decreto con el que se cobija con Pico y Placa a todos estos vehículos, excepto la caravana presidencial y los de la Rama Judicial, los blindados (nivel III), los de emergencia y los de transporte escolar. Una de las razones, según la Secretaría de Movilidad, es que, en el caso de los blindados, al menos seis de cada diez recorren la ciudad sin placas y sin pagar impuestos.

La medida, que posiblemente entrará en vigencia el próximo mes, saca de circulación estos vehículos entre las 5:30 de la mañana y las 9:00 de la noche, según el último dígito del número de la placa. Una vez se expida el decreto, serán diez días pedagógicos y a partir de ahí se les aplicará la multa de 15 salarios mínimos diarios.

El ampliar el Pico y Placa es el primer paso para estructurar el pago por libre circulación. Con una restricción generalizada, para consolidar las bases de datos y conocer con certeza la cantidad de vehículos matriculados en Bogotá. Sobre esta base de datos se harán los estudios económicos para establecer cuál será la tarifa final, cómo se cobrará y cuál será la medida para que las autoridades de tránsito puedan establecer los vehículos que pagaron y los que no. Toda esta tarea empezará una vez quede en firme el Plan de Desarrollo.

Aunque para concejales como Juan Carlos Flórez (ASI) la propuesta resulta discriminatoria, porque no todos los ciudadanos con carro están en capacidad de pagar la suma y, además, un estudio de la firma Raddar estableció que en Colombia la mayoría de carros pertenecen a personas de ingresos bajos (el 78 % de los propietarios son de estratos 1, 2 y 3), para el Distrito es una medida necesaria para mejorar la circulación en la ciudad y de obtener recursos para financiar el transporte público en la ciudad.

Así lo insinuó ayer el alcalde Enrique Peñalosa cuando a través de su cuenta de Twitter indicó: “Carros blindados dejarán de estar exentos de cumplir Pico y Placa, cuando haya posibilidad de pagar por no cumplirlo”.

A la iniciativa, incluida en el Plan de Desarrollo, le falta un paso para que la administración tenga todas las herramientas jurídicas para expedir el decreto del pago para libre circulación, en el que definirá cómo, quiénes, cuánto y desde cuándo se podrán pagar para evitar el Pico y Placa.

Según datos del propio alcalde Enrique Peñalosa, la contribución voluntaria sería al menos de $4 millones anuales. “Lo que necesitamos es recursos para financiar el transporte público. Queremos que, en vez de gastar el dinero blindando el carro o comprando un segundo carro, pague una contribución para no tener Pico y Placa”. La meta del Distrito es recaudar entre $200.000 y $300.000 millones al año, lo que implicaría que al menos 75.000 de los casi 1,5 millones de carros que circulan en Bogotá paguen la contribución voluntaria.

De cara a este proyecto, el Distrito ya viene haciendo ajustes. Lo primero fue ampliar el alcance del Pico y Placa. Hoy la restricción aplica para carros particulares, taxis y buses. Sin embargo, están exentos los blindados, los de transporte especial y los oficiales, como los que usan congresistas, concejales y funcionarios públicos.

Para cambiar esta situación, hace un mes se conoció el proyecto de decreto con el que se cobija con Pico y Placa a todos estos vehículos, excepto la caravana presidencial y los de la Rama Judicial, los blindados (nivel III), los de emergencia y los de transporte escolar. Una de las razones, según la Secretaría de Movilidad, es que, en el caso de los blindados, al menos seis de cada diez recorren la ciudad sin placas y sin pagar impuestos.

La medida, que posiblemente entrará en vigencia el próximo mes, saca de circulación estos vehículos entre las 5:30 de la mañana y las 9:00 de la noche, según el último dígito del número de la placa. Una vez se expida el decreto, serán diez días pedagógicos y a partir de ahí se les aplicará la multa de 15 salarios mínimos diarios.

El ampliar el Pico y Placa es el primer paso para estructurar el pago por libre circulación. Con una restricción generalizada, para consolidar las bases de datos y conocer con certeza la cantidad de vehículos matriculados en Bogotá. Sobre esta base de datos se harán los estudios económicos para establecer cuál será la tarifa final, cómo se cobrará y cuál será la medida para que las autoridades de tránsito puedan establecer los vehículos que pagaron y los que no. Toda esta tarea empezará una vez quede en firme el Plan de Desarrollo.

Aunque para concejales como Juan Carlos Flórez (ASI) la propuesta resulta discriminatoria, porque no todos los ciudadanos con carro están en capacidad de pagar la suma y, además, un estudio de la firma Raddar estableció que en Colombia la mayoría de carros pertenecen a personas de ingresos bajos (el 78 % de los propietarios son de estratos 1, 2 y 3), para el Distrito es una medida necesaria para mejorar la circulación en la ciudad y de obtener recursos para financiar el transporte público en la ciudad.