Homicidios ponen en duda seguridad de plataformas de transporte

La casa más cercana que hay al punto en donde asesinaron a Andrés Esteban Junca Ortiz y a Húber Mauricio Bernal está a unos 20 minutos caminando. La escena del crimen fue la misma para los dos casos: el primero perpetrado el pasado 17 de diciembre y el segundo, cuatro días después.

Las dos víctimas, a pesar de tener en común que eran conductores de plataformas de transporte y mensajería, no se conocían.

Los primeros hallazgos de la investigación permitieron establecer que, presuntamente, fueron víctimas de la misma estructura delincuencial: un grupo de atracadores que se encarga de contactar a conductores de aplicaciones para solicitar un servicio y luego engañarlos, robarles la motocicleta y, como en este caso, ultimarlos de un disparo.

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Para que las autoridades llegaran a esa hipótesis se estudiaron las condiciones del terreno, que resultó ser el mismo punto para los dos homicidios y la herida que tenía cada cuerpo: un disparo que fue propinado desde la parte alta. Lo que indicaría que fueron sometidos y reducidos previo a su muerte.

Allegados a las dos víctimas, quienes también son conductores de esas plataformas, denunciaron que esta situación es una muestra de la inseguridad a la que están expuestos y que a pesar de que no todos los casos terminan en una muerte, en varias ocasiones sí se han presentado hurtos de celulares, dinero en efectivo o de la motocicleta.

El más reciente pronunciamiento de las autoridades judiciales que llevan este caso, dicen familiares de las víctimas, dejaría entrever la posibilidad de que la investigación no prospere debido a las condiciones del sector en donde fueron ultimados. “Dijeron que como no había cámaras y eran zonas periféricas -hasta donde nosotros pudimos llegar por registro de la última ubicación que nos compartimos cuando salimos a trabajar-, no podían hacer mayor cosa”, aseguró uno de los allegados.

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El Espectador pudo establecer que, a pesar de que la investigación podría no dar resultados pronto, sí existen denuncias que apuntan a una organización que está en proceso de identificación, la cual opera en la localidad de Ciudad Bolívar y habría cometido otros hurtos a motociclistas en la misma zona en donde mataron a Andrés y a Húber: la vía que conecta Arborizadora Alta con Quiba.

Estas dos muertes, que cumplen un mes, reabrieron el debate de la seguridad y las garantías que tienen los afiliados a las plataformas de domicilios, mensajería y transporte. Este medio de comunicación se contactó, entre otros, con Picap para conocer si existía una base de datos de sus colaboradores que hayan sido víctimas de hurtos, especialmente de sus motocicletas. La empresa respondió que, por ahora, este tipo de acciones no han sido sistematizadas y que, por lo tanto, no se tiene conocimiento.

Sin embargo, no se trata de que la recolección de esos hechos no se haya hecho porque sean pocos o aislados. De acuerdo con conductores de las plataformas, se pueden presentar entre cinco y diez hurtos al día con mayor o menor impacto. “Se pueden robar desde el pedido que uno lleva hasta el celular con el que trabajamos. Lo peor es cuando se roban la moto o el dinero que llevamos, ahí perdemos todo”, dijo un afiliado a este sistema de trabajo.

Cifras de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional señalan que para 2020 se presentaron 450 hurtos de motocicletas bajo el uso de arma de fuego, 23 con arma blanca y dos con objetos contundentes. Para el año pasado las cifras aumentaron considerablemente: 488 reportes de robos con arma de fuego, 23 con arma blanca y 10 con objeto contundente.

Estos índices corresponden únicamente a esas modalidades de robo, porque las cifras globales con las que cuentan las autoridades revelan que en total se presentaron por año 3.059 y 3.499 robos de motocicletas, respectivamente. Aunque las víctimas de todos estos casos no corresponden a conductores de plataformas, esto sí dejaría ver que el ojo de los criminales está sobre los motociclistas.

Pero así como los robos aumentan, las autoridades también aseguran que los dispositivos para hacerles frente a los delincuentes han dado resultados significativos. Durante 2020 se lograron 69 capturas de personas involucradas en robos de este tipo de vehículos, mientras que para el año pasado fueron 76 las detenciones.

Los afiliados a las aplicaciones han concluido que entienden que no pueden tener un esquema de seguridad para ejercer su trabajo, pero sí piden mayor rigurosidad cuando los usuarios de estas realicen registros y solicitudes. “Hay muchos que ponen nombres y fotos falsas, así el robo es muy complicado denunciar”, dicen.

Pero la otra cara de la moneda son precisamente los clientes de las plataformas, quienes aseguran que también han sido víctimas de uno que otro delincuente que se camufla entre los prestadores del servicio. “Los casos más recientes son los de los atracadores que entran a los restaurantes con maletas de domiciliarios para despistar a las autoridades”, comentan.

Conocedores de esta problemática, que no es nueva, aseveran que esto es producto de la informalidad con la que se contratan a los colaboradores de las aplicaciones, porque al no existir un contrato específico, sino algo parecido a una prestación de servicio por rangos de tiempo en los que recibirán un pago, no se pueden garantizar seguridad, salud o, incluso, seguro de accidentalidad.

La casa más cercana que hay al punto en donde asesinaron a Andrés Esteban Junca Ortiz y a Húber Mauricio Bernal está a unos 20 minutos caminando. La escena del crimen fue la misma para los dos casos: el primero perpetrado el pasado 17 de diciembre y el segundo, cuatro días después.

Las dos víctimas, a pesar de tener en común que eran conductores de plataformas de transporte y mensajería, no se conocían.

Los primeros hallazgos de la investigación permitieron establecer que, presuntamente, fueron víctimas de la misma estructura delincuencial: un grupo de atracadores que se encarga de contactar a conductores de aplicaciones para solicitar un servicio y luego engañarlos, robarles la motocicleta y, como en este caso, ultimarlos de un disparo.

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Para que las autoridades llegaran a esa hipótesis se estudiaron las condiciones del terreno, que resultó ser el mismo punto para los dos homicidios y la herida que tenía cada cuerpo: un disparo que fue propinado desde la parte alta. Lo que indicaría que fueron sometidos y reducidos previo a su muerte.

Allegados a las dos víctimas, quienes también son conductores de esas plataformas, denunciaron que esta situación es una muestra de la inseguridad a la que están expuestos y que a pesar de que no todos los casos terminan en una muerte, en varias ocasiones sí se han presentado hurtos de celulares, dinero en efectivo o de la motocicleta.

El más reciente pronunciamiento de las autoridades judiciales que llevan este caso, dicen familiares de las víctimas, dejaría entrever la posibilidad de que la investigación no prospere debido a las condiciones del sector en donde fueron ultimados. “Dijeron que como no había cámaras y eran zonas periféricas -hasta donde nosotros pudimos llegar por registro de la última ubicación que nos compartimos cuando salimos a trabajar-, no podían hacer mayor cosa”, aseguró uno de los allegados.

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El Espectador pudo establecer que, a pesar de que la investigación podría no dar resultados pronto, sí existen denuncias que apuntan a una organización que está en proceso de identificación, la cual opera en la localidad de Ciudad Bolívar y habría cometido otros hurtos a motociclistas en la misma zona en donde mataron a Andrés y a Húber: la vía que conecta Arborizadora Alta con Quiba.

Estas dos muertes, que cumplen un mes, reabrieron el debate de la seguridad y las garantías que tienen los afiliados a las plataformas de domicilios, mensajería y transporte. Este medio de comunicación se contactó, entre otros, con Picap para conocer si existía una base de datos de sus colaboradores que hayan sido víctimas de hurtos, especialmente de sus motocicletas. La empresa respondió que, por ahora, este tipo de acciones no han sido sistematizadas y que, por lo tanto, no se tiene conocimiento.

Sin embargo, no se trata de que la recolección de esos hechos no se haya hecho porque sean pocos o aislados. De acuerdo con conductores de las plataformas, se pueden presentar entre cinco y diez hurtos al día con mayor o menor impacto. “Se pueden robar desde el pedido que uno lleva hasta el celular con el que trabajamos. Lo peor es cuando se roban la moto o el dinero que llevamos, ahí perdemos todo”, dijo un afiliado a este sistema de trabajo.

Cifras de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional señalan que para 2020 se presentaron 450 hurtos de motocicletas bajo el uso de arma de fuego, 23 con arma blanca y dos con objetos contundentes. Para el año pasado las cifras aumentaron considerablemente: 488 reportes de robos con arma de fuego, 23 con arma blanca y 10 con objeto contundente.

Estos índices corresponden únicamente a esas modalidades de robo, porque las cifras globales con las que cuentan las autoridades revelan que en total se presentaron por año 3.059 y 3.499 robos de motocicletas, respectivamente. Aunque las víctimas de todos estos casos no corresponden a conductores de plataformas, esto sí dejaría ver que el ojo de los criminales está sobre los motociclistas.

Pero así como los robos aumentan, las autoridades también aseguran que los dispositivos para hacerles frente a los delincuentes han dado resultados significativos. Durante 2020 se lograron 69 capturas de personas involucradas en robos de este tipo de vehículos, mientras que para el año pasado fueron 76 las detenciones.

Los afiliados a las aplicaciones han concluido que entienden que no pueden tener un esquema de seguridad para ejercer su trabajo, pero sí piden mayor rigurosidad cuando los usuarios de estas realicen registros y solicitudes. “Hay muchos que ponen nombres y fotos falsas, así el robo es muy complicado denunciar”, dicen.

Pero la otra cara de la moneda son precisamente los clientes de las plataformas, quienes aseguran que también han sido víctimas de uno que otro delincuente que se camufla entre los prestadores del servicio. “Los casos más recientes son los de los atracadores que entran a los restaurantes con maletas de domiciliarios para despistar a las autoridades”, comentan.

Conocedores de esta problemática, que no es nueva, aseveran que esto es producto de la informalidad con la que se contratan a los colaboradores de las aplicaciones, porque al no existir un contrato específico, sino algo parecido a una prestación de servicio por rangos de tiempo en los que recibirán un pago, no se pueden garantizar seguridad, salud o, incluso, seguro de accidentalidad.