Opinión: El Hospital de Bosa en Bogotá, ejemplo a seguir

Este diciembre próximo será inaugurado el Hospital de Bosa en el sur de Bogotá, construido mediante la modalidad de Alianza Público Privada —APP—. Es hasta el momento la primera y única obra en salud en el país que emplea esta forma de financiación, construcción y operación que garantiza su operación por 20 años, modalidad utilizada ampliamente en Inglaterra que posee un sistema público de salud considerado entre los mejores del mundo.

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El nuevo hospital de Bosa les permitirá a los bogotanos de esta localidad al sur de Bogotá contar con una moderna institución pública de alta complejidad que no tiene nada que envidiarle a una privada. Es una construcción de 32 mil metros cuadrados, con 215 camas, todas ellas en habitaciones individuales, siete quirófanos, 23 servicios especializados de apoyo diagnóstico y terapéutico con la más avanzada tecnología y un CAPS con 30 consultorios para especialidades médicas.

La Alianza Público Privada consiste en la confluencia de entidades privadas con una pública para construir, dotar y mantener en operación usualmente durante décadas las edificaciones y equipos biomédicos de un hospital, al cabo de los cuales deberá ser devuelto al gobierno en las mismas condiciones que en el día de su inauguración. Las obras y los equipos corren por cuenta y riesgo del consorcio privado, quien debe conseguir los recursos, hacer la construcción y garantizar su pleno funcionamiento durante el tiempo acordado so pena de ser sancionado.

A cambio de contar con una obra en óptimo estado de funcionamiento, el Distrito de Bogotá como entidad contratante le paga anualmente al contratista una suma fija que cubre los costos de construcción, operación, mantenimiento y financiación. Este monto solo comienza a ser erogado a partir del momento en el que la obra entre en operación, desembolsos que se financiarán en buena medida con los recursos obtenidos por la venta de servicios.

La manera tradicional como se han construido los hospitales públicos en Colombia ha evidenciado graves problemas que justifican utilizar las APP. Rara vez se dispone de los recursos y cuando los hay, en su construcción y dotación nunca se cumplen los plazos y sus costos, que terminan siendo dos o tres veces los estimados inicialmente, situaciones habitualmente asociadas con corrupción.

Pero su gran problema es que una vez inaugurados, rápidamente dejan de operar por falta de mantenimiento, como ha ocurrido con hospitales como el de Quibdó, Buenaventura o San Andrés, que se convierten en barriles sin fondo con el agravante de que nunca funcionan.

Los detractores de las APP alegan que esta es una privatización, lo que no es cierto, el hospital nunca deja de ser público. Afirman que su costo es mayor, lo que tampoco es cierto si se suman los sobrecostos en tiempo y dinero para su construcción más los originados en la no prestación de servicios. Pero a veces priman las ideologías de la supremacía moral de lo público por encima del derecho de la gente a estar bien atendida que impiden que esto se haga.

Lea también: Concejo de Bogotá presentó mejoras en control político, pero sigue siendo impuntual.

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La Alianza Público Privada consiste en la confluencia de entidades privadas con una pública para construir, dotar y mantener en operación usualmente durante décadas las edificaciones y equipos biomédicos de un hospital, al cabo de los cuales deberá ser devuelto al gobierno en las mismas condiciones que en el día de su inauguración. Las obras y los equipos corren por cuenta y riesgo del consorcio privado, quien debe conseguir los recursos, hacer la construcción y garantizar su pleno funcionamiento durante el tiempo acordado so pena de ser sancionado.

A cambio de contar con una obra en óptimo estado de funcionamiento, el Distrito de Bogotá como entidad contratante le paga anualmente al contratista una suma fija que cubre los costos de construcción, operación, mantenimiento y financiación. Este monto solo comienza a ser erogado a partir del momento en el que la obra entre en operación, desembolsos que se financiarán en buena medida con los recursos obtenidos por la venta de servicios.

La manera tradicional como se han construido los hospitales públicos en Colombia ha evidenciado graves problemas que justifican utilizar las APP. Rara vez se dispone de los recursos y cuando los hay, en su construcción y dotación nunca se cumplen los plazos y sus costos, que terminan siendo dos o tres veces los estimados inicialmente, situaciones habitualmente asociadas con corrupción.

Pero su gran problema es que una vez inaugurados, rápidamente dejan de operar por falta de mantenimiento, como ha ocurrido con hospitales como el de Quibdó, Buenaventura o San Andrés, que se convierten en barriles sin fondo con el agravante de que nunca funcionan.

Los detractores de las APP alegan que esta es una privatización, lo que no es cierto, el hospital nunca deja de ser público. Afirman que su costo es mayor, lo que tampoco es cierto si se suman los sobrecostos en tiempo y dinero para su construcción más los originados en la no prestación de servicios. Pero a veces priman las ideologías de la supremacía moral de lo público por encima del derecho de la gente a estar bien atendida que impiden que esto se haga.

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