IDU declara caducidad al contratista del puente peatonal de Santa Ana

Luego de una interventoría realizada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la entidad tomó la decisión de declarar la caducidad del contrato para la construcción del puente peatonal ubicado en la carrera novena con calle 112, en localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. La obra, que se adjudicó en marzo de 2020, por un valor de $10.800 millones, tenía un plazo establecido de 11 meses para ser terminada y hoy no va ni por la mitad.

La decisión tomada por la entidad responde a la falta de avances en la construcción y a la incapacidad de los contratistas para terminarla. La obra, que fue financiada con el impuesto por valorización, debía ser entregada en octubre de 2021, cuando se encontraba a cargo del consorcio Infraestructura 2020, conformado por las firmas Infraestructura y Vías, GCS Constructores, Marlin Ingeniería y el constructor Jesús Vargas Rodríguez.

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No obstante, a finales de 2021 y luego de que el consorcio solicitara dos prórrogas y una adición presupuestal, los contratistas le pidieron al IDU la cesión del contrato, argumentando dificultades financieras que les impedían cumplir con el cronograma.

Tras ese primer tropiezo, el proyecto fue asumido en mayo de 2022 por tres nuevas empresas: Civiltech, que había sido subcontratada desde el inicio de la obra para proveer la estructura metálica; Pacific Constructors y Mega Andina de Inversiones. Las firmas también solicitaron una prórroga y adición presupuestal y aunque debían entregar el puente, a más tardar, este 20 de mayo, todavía falta mucho para que este sea terminado.

Después de una interventoría realizada por el Instituto de Desarrollo Urbano, se concluyó que el nuevo contratista no contaba con la maquinaria ni la plantilla necesarias para realizar los trabajos, lo que podría llevar a nuevos retrasos e incluso a la paralización de la obra. El consorcio fue penalizado con el 30 por ciento del valor del contrato, lo que equivale a $3.250 millones y se trata de la primera sanción de este tipo que impone el IDU en el caso de los incumplimientos en la entrega de las obras por valorización contratadas en 2020.

Es importante recordar que de las 16 obras que fueron adjudicadas en 2020, todas presentan retrasos y solo una, el ciclopuente del canal Molinos, sobre la Autopista Norte, ha sido terminada. La liquidación de este contrato obliga al Instituto de Desarrollo Urbano a buscar a un nuevo contratista, lo que implicará más retrasos en una obra que los vecinos de Usaquén llevan esperando años.

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“Este es quizá el ejemplo más crítico del desastre que han supuesto las obras por valorización y tiene que llevar a una reflexión profunda sobre qué se debe cambiar en las fases de contratación, construcción y supervisión de las obras para que estas situaciones tan lamentables no se sigan presentando”, señaló la concejal Marisol Gómez. “Si estos son los tiempos hoy en Bogotá para la construcción de obras menores, ¿qué podemos esperar de los mega proyectos que se vienen, como el Corredor Verde de la Séptima o el Metro?”, concluyó.

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La decisión tomada por la entidad responde a la falta de avances en la construcción y a la incapacidad de los contratistas para terminarla. La obra, que fue financiada con el impuesto por valorización, debía ser entregada en octubre de 2021, cuando se encontraba a cargo del consorcio Infraestructura 2020, conformado por las firmas Infraestructura y Vías, GCS Constructores, Marlin Ingeniería y el constructor Jesús Vargas Rodríguez.

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No obstante, a finales de 2021 y luego de que el consorcio solicitara dos prórrogas y una adición presupuestal, los contratistas le pidieron al IDU la cesión del contrato, argumentando dificultades financieras que les impedían cumplir con el cronograma.

Tras ese primer tropiezo, el proyecto fue asumido en mayo de 2022 por tres nuevas empresas: Civiltech, que había sido subcontratada desde el inicio de la obra para proveer la estructura metálica; Pacific Constructors y Mega Andina de Inversiones. Las firmas también solicitaron una prórroga y adición presupuestal y aunque debían entregar el puente, a más tardar, este 20 de mayo, todavía falta mucho para que este sea terminado.

Después de una interventoría realizada por el Instituto de Desarrollo Urbano, se concluyó que el nuevo contratista no contaba con la maquinaria ni la plantilla necesarias para realizar los trabajos, lo que podría llevar a nuevos retrasos e incluso a la paralización de la obra. El consorcio fue penalizado con el 30 por ciento del valor del contrato, lo que equivale a $3.250 millones y se trata de la primera sanción de este tipo que impone el IDU en el caso de los incumplimientos en la entrega de las obras por valorización contratadas en 2020.

Es importante recordar que de las 16 obras que fueron adjudicadas en 2020, todas presentan retrasos y solo una, el ciclopuente del canal Molinos, sobre la Autopista Norte, ha sido terminada. La liquidación de este contrato obliga al Instituto de Desarrollo Urbano a buscar a un nuevo contratista, lo que implicará más retrasos en una obra que los vecinos de Usaquén llevan esperando años.

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