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Daniel Jaimes Serna caminaba hacia su vivienda en el barrio Marichuela de la localidad de Usme, cuando fue impactado en su rostro por un disparo de un lanza granadas del Esmad. La cicatriz del ataque es evidente, tiene una lesión ocular que le hace recordar a diario ese fatídico momento en el que pudo perder la vida.
Daniel hace parte de los casi 100 jóvenes que fueron víctimas de lesiones oculares durante las jornadas de manifestaciones y protestas que se vivieron desde abril de 2021 en Bogotá. Pero ellos no son las únicas víctimas que dejó la violenta jornada. Cuando se habla de lesiones personales, también en la capital, hay registro de por lo menos 790 hechos. Víctimas mortales hubo al menos ocho y de delitos sexuales se reportaron cinco.
Si bien, en las cifras de la Fiscalía General de la Nación algunos de estos indicadores son diferentes a los que registraron las organizaciones sociales que estuvieron atendiendo las denuncias de la ciudadanía, los relatos de las víctimas, sus lesiones y sus procesos demuestran que hay un sub registro y falta de control.
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Además, se habla de un 74,1 % de impunidad en las investigaciones por estos hechos, lo que advierte no solo la ausencia gubernamental para atender las necesidades de las poblaciones, sino también cierta “complicidad” que rodearía los casos en los que uniformados de la Policía y el Esmad estarían involucrados.
En el caso de Daniel, el señalado responsable sería un uniformado del Escuadrón Móvil Anti Disturbios, pero a la fecha no ha sido identificado plenamente, pues solo se cuenta con una lista de agentes que estaban en el lugar donde fue atacado. Según la víctima, ninguna entidad estatal le ha ofrecido apoyo psicológico, social o jurídico y todo el proceso lo ha adelantado con el respaldo de su grupo familiar.
Resistir a la impunidad, informe de seguimiento a casos de violencia
El concejal Diego Cancino, quien durante el paro nacional del año pasado estuvo registrando y dando a conocer denuncias de abuso de autoridad, hizo importantes hallazgos en medio de la labor de veeduría que ha estado adelantando. Conocer de primera mano los casos y el relato de las víctimas, le permitió realizar un balance sobre esas investigaciones, en las que son señalados uniformados de la Policía y agentes del Esmad quienes, intentando contener las protestas, habrían protagonizado homicidios, lesiones personales y abusos que a la fecha no han tenido mayor repercusión legal.
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“En este documento se contrastan los casos ocurridos en el marco de la protesta o con ocasión de ella, que según la Fiscalía General de la Nación (FGN) se reportan con corte al 18 de abril de 2022, con los registros que se presentaron a la CIDH en su visita de trabajo realizada en Colombia del 8 al 10 de junio de 2021, el informe de la Oficina del Alto Comisionado y otros reportes de organizaciones de la sociedad civil”, se lee en el informe.
El documento, advierte Cancino, ha sido desagregado por cada uno de los delitos que se cometieron durante las jornadas de manifestaciones, incluso por entidad que recibió las denuncias, pues pese a que hay cifras generales, se sabe de víctimas que nunca denunciaron por la misma represión o temor a ser blanco de nuevas agresiones.
Según cifras de la Fiscalía, se registraron 3.169 casos de presuntos hechos delictivos relacionados con las protestas sociales del año 2021, entre el 28 de abril y 2 de junio de 2021, a lo largo de todo el territorio nacional. De ese registro, en el 61,1% de los casos no se han identificado responsables, en el 36,8% de los casos (1.166) los presuntos responsables son particulares y el 2% de los casos (65) los presuntos responsables son la fuerza pública.
Hasta mediados del año pasado, el 83,1 % de esos casos (54) en los que estaría involucrada la fuerza pública, están activos y de esos, el 50% está en etapa de indagación, lo que significa que siguen en atención por parte de la Fiscalía y es esta quien debe decidir si archiva el caso o formula la imputación. “Si se suman los casos que se encuentran en etapa de indagación asociados a la fuerza pública y a particulares, con aquellos casos en los que no se ha identificado un responsable, encontramos que el 74,1% de los casos de presuntos hechos delictivos permanecen impunes”, dice el informe de Cancino.
El registro que tienen la Fiscalía evidencia que, pese a que en Bogotá se vivieron intensos enfrentamientos, no fue el lugar del país en donde más victimas hubo. “Encontramos que de los 1.166 casos asociados a particulares, la FGN reportó 6.533 víctimas y de los 65 casos asociados a la fuerza pública, la FGN reportó 745 víctimas. Con relación a las víctimas cuyo presunto responsable es la fuerza pública, la mayor parte de estas se reportaron en Cali (77,85%), seguido de Medellín (19,06%) y de Bogotá (1,07%)”.
Lesiones personales
Datos entregados por la Fiscalía, al cabildante, demuestran que de las 1.290 víctimas de lesiones personales, 202 son víctimas del accionar de la fuerza pública. De esas, 113 víctimas son de Cali, 82 de Medellín y apenas 5 de Bogotá. “Llama la atención que se hayan reportado tan pocas lesiones personales cometidas por la fuerza pública en Bogotá”.
A pesar de que la Fiscalía reportó 49 víctimas de lesiones personales en Bogotá (44 asociados a particulares y 5 a la fuerza pública), el colectivo Campaña Defender la Libertad reportó 790 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados en Bogotá.
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En cuanto al estado procesal de esos casos, por medio del informe se logró establecer que nueve hechos (que involucran 88 víctimas) de delitos asociados a lesiones personales cometidos presuntamente por la por Fuerza Pública se encuentran en etapa de indagación y que cuatro casos (que involucran cuatro víctimas) fueron archivados.
“Solo teniendo en cuenta el registro de la FGN, casi la mitad de las víctimas de lesiones personales atribuibles presuntamente a la Policía no ha visto avanzar su proceso y sus casos permanecen impunes. A eso, debe sumarse los casos que no registra la FGN”.
Lesiones oculares
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado, la Fiscalía consolidó un registro de 62 víctimas de lesiones oculares, por violencia, en el marco de las protestas. Un reciente reporte, que dio a conocer la Fiscalía, demuestra que, aunque no se señalan las víctimas de lesiones oculares, se registraron 93 hechos que podrían asociarse a esta conducta.
“80 víctimas por el delito de perturbación funcional permanente, cuatro por el delito de lesiones personales con deformidad física en el rostro, tres por el delito de lesiones personales con deformidad física permanente, cuatro por el delito de lesiones con pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro con presuntos responsables particulares y dos por el delito de lesiones culposas con perturbación funcional transitoria”.
De las 93 víctimas de delitos posiblemente asociados a lesiones oculares, 41 fueron víctimas del accionar de la fuerza pública, es decir el 44%. Todos estos casos cuyo presunto responsable sería la fuerza pública se encuentran en la etapa procesal de indagación.
Contrario a lo que reporta la Fiscalía, la ONG Temblores asegura que existen 103 casos de lesiones oculares, e identifica a la fuerza pública como presunta responsable de 81 casos, de los cuales el 74% son de presunta responsabilidad del Esmad. Además, a pesar de que la Fiscalía reportó apenas cuatro víctimas de delitos posiblemente asociados a lesiones oculares en Bogotá, Indepaz, Temblores y Campaña Defender la Libertad, registraron 42 casos de lesiones oculares en esta ciudad.
Homicidio
En los documentos de la Fiscalía existe evidencia de 155 víctimas de homicidios, 106 cometidos presuntamente por particulares (87 en Cali, ocho en Bugalagrande, tres en Caicedonia, dos en Bogotá, tres en Armenia y uno en Ibagué, Medellín, Soacha y Yumbo), de los cuales 45 habrían sido cometidos por miembros de la policía, todos en Cali y en el mes de abril del año pasado.
En el informe, Cancino asegura que sobre este reporte hay varios elementos sobre los cuales llamamos la atención:
“El reporte por ciudades de la FGN no coincide con otras fuentes de información. En la gráfica que se presenta a continuación se contrasta el reporte de la FGN con el reporte de Indepaz y Temblores y el reporte de “Rutas del Conflicto” . La inconsistencia en los registros genera dudas sobre la veracidad de la información sobre homicidios aportada por la FGN”, señala.
“En el reporte de la FGN todos los homicidios cometidos presuntamente por la policía se cometieron únicamente en Cali y en el mes de abril . Al respecto, al menos en Bogotá, Campaña Defender La Libertad registró seis homicidios de personas civiles en el marco de la protesta social, de los cuales, cuatro son presuntamente atribuibles al Esmad. A su vez, la Oficina del Alto Comisionado verificó siete casos de muerte presuntamente cometidas por el uso de armas menos letales por parte de la Fuerza Pública en otras ciudades además de Cali”, agrega.
Violencia sexual
Datos de la Fiscalía dan cuenta de que existieron tres casos relacionados con acceso carnal violento en Soledad-Atlántico y otra de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir en Cali. A pesar de que esos casos de los que habla el ente investigador se atribuyen presuntamente a particulares, Temblores reportó 25 casos cometidos presuntamente por la fuerza pública. Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado verificó los casos de 16 víctimas de violencia sexual presuntamente atribuibles a la fuerza pública en Medellín, Barranquilla, Soledad (3 víctimas, que coincide con el reporte de la Fiscalía), Popayán, Cali y Palmira .
“Campaña Defender la Libertad reportó 18 casos de agresiones sexuales, de los cuales cinco sucedieron en Bogotá. Mientras que la FGN no reportó ningún caso en la Capital. La Oficina del Alto Comisionado recibió las siguientes denuncias constitutivas de violencia sexual: “violaciones sexuales; tocamientos de los genitales sin penetración; desnudez forzada; amenazas de violación sexual; y agresiones verbales de carácter sexual y de discriminación de género”.
Detenciones arbitrarias
La Fiscalía indicó que, en las jornadas de manifestaciones de 2021, hubo 21 víctimas por el delito de detención arbitraria especial, 19 atribuibles a la policía que están en etapa de investigación. Según esos datos, la totalidad de los hechos se cometieron en Cali, pero, para Cancino, llama la atención que no hay denuncias de detenciones arbitrarias en otras ciudades del país, aun cuando los focos de represión fueron denunciados por diferentes entidades de control.
“Este reporte de la FGN contrasta abismalmente con las cifras registradas por organizaciones de la sociedad civil y con el reporte que hizo la Personería de Bogotá de traslados irregulares durante la protesta solo en la Capital. A saber, mientras FGN no reporta víctimas de detenciones arbitrarias en Bogotá, la Personería de Bogotá reportó 446 traslados realizados a sitios no permitidos, entre el 28 de abril y el 4 de junio de 2021, como los Portales de Transmilenio Suba y Américas, y varios se realizaron por motivos diferentes a los establecidos por la ley como: “obstrucción de vías”, “portar elementos para romper vidrios”, “corretear patrullas de Policía”, entre otros”.
“El 57% (255) de los traslados se realizaron en la localidad de Kennedy, en donde la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas. Sobre este punto, la Oficina del Alto Comisionado indicó que “en las ciudades de Bogotá, Medellín, Neiva, Pasto y en el departamento de Valle del Cauca habrían sido usados lugares que no son oficialmente reconocidos y controlados para la privación de libertad como estaciones de transporte público””, se lee en el informe.
Desapariciones forzadas
En cuanto a este delito, la Fiscalía reporta solo dos casos (con 36 víctimas) de presunta desaparición forzada en todo el país, los cuales se cometieron por particulares en Cali durante abril. El primer caso (que involucra 35 víctimas) está en etapa de investigación; el segundo caso (1 víctima) está en juicio.
Al respecto, destaca el informe, resulta extraño que solo hay casos registrados en el mes de abril, y no hay denuncias de desapariciones forzadas en otras ciudades del país, ni cometidas presuntamente por miembros de fuerza pública. Ante esto, la CIDH manifestó su especial preocupación por las inconsistencias registradas sobre personas desaparecidas en las cifras reportadas por las entidades estatales en comparación con las reportadas por la sociedad civil.
“Esta información no es consistente con lo informado por la FGN a la Oficina del Alto Comisionado, pues por hechos vinculados con desaparición de personas con ocasión de las protestas, la FGN informó que “de los 627 casos denunciados, se había localizado a 276 personas, 136 casos eran registros duplicados y 192 corresponden a registros inadmitidos. Asimismo, indicó que el mecanismo de búsqueda urgente se encuentra activo para 27 casos”. Como se indicó, en el reporte de la FGN solo se reportan dos casos por presunta desaparición forzada”
Según Cancino, en todas las jornadas de manifestaciones que se han presentado desde el 2019, el Estado, como organizaciones no gubernamentales, han registrado casos de detenciones arbitrarias, torturas, lesiones oculares, violencia sexual, violencia basada en género, homicidios, lesiones personales, entre otros casos asociados a miembros de la Policía Nacional, situación que para el 2021 se agravó.
“Ya desde el 2019, la Corte Suprema de Justicia había ordenado una serie de medidas para evitar la repetición de violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas por miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, estas violaciones se siguen presentando. Durante el Paro Nacional del 2021, la Oficina del Alto Comisionado identificó casos de vulneración al derecho a la reunión pacífica y otros derechos humanos atribuibles a miembros de la Fuerza Pública e indicó que las autoridades no habrían actuado con la debida diligencia para proteger a los manifestantes frente a la actuación violenta de actores no estatales, como ya fue reconocido en Cali por la Procuraduría General de la Nación”, señala el cabildante.
Además, agrega, resulta preocupante que, en varios de estos casos, no se ha garantizado el derecho a la justicia de las víctimas, el cual, de acuerdo con la CIDH, establece que el Estado debe investigar, juzgar y eventualmente sancionar, dentro de un plazo razonable, a los responsables. Por lo que se podría inferir que existe un “ocultamiento a la verdad”.
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