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Las violentas imágenes de un grupo de indígenas embera, golpeando a policías y a funcionarios públicos, durante las protestas del pasado miércoles en el Centro de Bogotá, generaron rechazo y un airado mensaje de las autoridades, que lo acompañaron con el anuncio de acciones judiciales, un cartel de los más buscados y la oferta de $50 millones de recompensa a quienes dieran datos, que permitiera la captura de los responsables. Incluso ofrecieron apoyo jurídico a los comerciantes afectados, que quisieran denunciar.
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Dos días después, tras las mesas de diálogo y en medio de un ambiente más calmado, hoy solo hay dos indígenas capturados y están sentados en el banquillo de los acusados. Se trata de Carlos Andrés Murillo, de 25 años, y Guillermo Natakay Cheché, de 60, a quienes la Fiscalía decidió llevarlos ante un juez de garantías, para imputarles el delito de violencia contra servidor público agravado, por haber lanzado elementos contundentes contra los uniformados, delito que, según la propia funcionaria, contempla una pena que oscila entre los seis y los 13 años de prisión.
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Bajo custodia y en audiencia, más que la representación de la furia indígena que se tomó el centro de la ciudad, lo que se vio fue el rostro de dos campesinos confundidos, que no entendían que estaban haciendo allí. La prueba contra ellos era el testimonio de dos policías, que indicaron haberlos visto lanzar piedras y palos, y que nunca los perdieron de vista hasta que los capturaron. De sus víctimas, al menos las que les pueden atribuir, solo se tiene registro de un uniformado, que sufrió lesiones en una mano y quien fue el que presentó la denuncia penal.
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La diligencia, que más parece un mensaje ejemplarizante para la comunidad embera y para aquellos que ejercen violencia en las manifestaciones, comenzó con dificultades el pasado jueves. Ese día los llevaron ante el juez para legalizar la captura y validar el respeto de sus derechos. Sin embargo, por falta de una intérprete de lengua embera, tuvieron que aplazar la imputación de cargos hasta este viernes. Finalmente, sobre las 6:00 de la tarde lograron contratar a Olga Cecilia Zapata, quien se encargó de traducir el mensaje de la Fiscalía: “A partir del día de hoy, se les investiga como presuntos coautores del delito violencia contra servidor público”
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Para justificar la puesta en marcha del aparato judicial, la representante del ente acusador hizo un recuento de lo que sucedió ese 19 de octubre de 2022, a las 2:20 de la tarde, en la calle 16 con carrera séptima, cuando los indígenas intentaron tomarse el edificio de Avianca y cómo la Policía intentó retomar el control, para permitir la salida de los empleados que allí se encontraban. Ante la ejecución de la orden, la comunidad reaccionó de forma violenta contra los servidores públicos, lanzando piedras y palos contra los miembros de la fuerza pública.
“En ese grupo de personas se encontraban Carlos Andrés y Guillermo Natikay. El patrullero Edie Ferney Herrera fue lesionado en la mano derecha por una piedra y afirma que se la lanzó Murilllo. Lo reconoció por su vestimenta y por las características morfológicas. Nunca lo perdió de vista. Lo sacó del grupo cuando pudo y lo llevó a una tanqueta de la policía que se encontraba en el lugar”, señaló la Fiscalía.
Y continuó: “Allí se encontraba el Guillermo, a quien otro patrullero lo observó cuando le lanzaba palos. Así también lo observó un delegado de la Defensoría del Pueblo. Este servidor no sufrió daños, por el uniforme protector que usaba, pero esto no significa que no haya ejercido violencia contra el funcionario. Ese hecho se constituye el delito de violencia contra servidor público. Por el cual la fiscalía les formula imputación como presuntos autores del ilícito”, indicó la funcionaria de la Fiscalía, quien agregó que era una acción agravada por los elementos contundentes que lanzaron. Este detalle convierte una pena inicial, que oscila entre cuatro y ocho años de prisión, a una de seis a 13.
Sin embargo, los procesados se defendieron diciendo que simplemente estaban allí protestando por las malas condiciones en el albergue La Rioja y que nunca atacaron a nadie. “Por qué me tienen acá, si yo no he matado a nadie. Yo estaba en la protesta contra la mala alimentación y las malas condiciones en el albergue La Rioja. ¿Por qué me van a mandar a la cárcel si no ha matado a nadie?”, dijo Murillo. “Soy inocente. La Policía está diciendo mentiras. Yo soy un anciano y no he atacado a nadie. Sí estaba en la protesta, pero no ataqué a nadie. A mí me golpearon en la cabeza y me capturaron. No acepto esos cargos”, complementó Natakay.
Al final de la diligencia, la Fiscalía se abstuvo de solicitar la medida de aseguramiento y el juez les concedió la libertad. Ahora, Carlos Andrés Murillo, de 25 años, y Guillermo Natakay Cheché, de 60, los únicos procesados por los disturbios del pasado 19 y sobre quienes recayó la furia institucional, tendrán que esperar el desarrollo de un débil proceso penal en su contra. En el eventual caso, de ser hallados culpables, podrían cambiar el albergue La Rioja, que los llevó a protestar, por una prisión.
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