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En audiencia preliminar por el caso que investiga el asesinato del capitán Jesús Alberto Solano, la Fiscalía les imputó a los tres capturados (dos de ellos hermanos) los delitos de homicidio agravado en concurso con hurto calificado y agravado, así como porte ilegal de armas de fuego, a título de dolo y en calidad de coautores. Cargos que no fueron aceptados por los implicados.
Estos ciudadanos son señalados por el ente acusador de ser los presuntos responsables del asesinato del comandante de la Sijín de Soacha, el pasado 28 de abril durante las protestas por el Paro Nacional que iniciaron ese día.
Según el fiscal delegado, Andrés Cardona, el capitán Solano fue asesinado “por la sola razón de ser policía” y que los imputados “olvidaron que el uniformado era hijo, hermano, esposo y padre”.
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Así mismo, narró que el día de los hechos, Solano hizo presencia en el lugar para evitar saqueos y daños a un cajero electrónico, por lo cual un grupo de aproximadamente 20 personas se abalanzaron en su contra para golpearlo, insultarlo y herirlo con arma cortopunzante.
En estos hechos, para la Fiscalía, uno de los imputados jugó un papel determinante por haberlo tumbado de una patada y ponerlo en estado de indefensión, tras haber forcejeado con el uniformado y que este le hubiera disparado con su arma de dotación. “Se le hizo un daño excesivo solo por estar frente a un uniformado”, aseveró el funcionario.
En la diligencia judicial, que se extendió por más de siete horas, la jueza sexta penal con función de control de garantías de Soacha escuchó los argumentos de las partes del proceso.
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El fiscal presentó las pruebas que tiene en su poder para responsabilizar a los tres sujetos, entre los que están los relatos de dos testigos que estuvieron en el lugar y la hora de los hechos; lo encontrado en los allanamientos a uno de los implicados, quien tenía en su poder los documentos del capitán Solano; y el testimonio de un enfermero que atendió al sospechoso que habría recibido un disparo del uniformado, el cual señaló que escuchó cuando este último hablaba por celular con una persona a quien le pedía disculpas y borrar sus redes sociales.
Sin embargo, la apoderada de este sujeto, Pilar Murillo, advirtió que esas disculpas se las ofreció a su madre porque ella y su padre le habían pedido que no saliera a las movilizaciones del Paro Nacional. Igualmente, señaló que su defendido se abalanzó sobre el oficial creyendo que era un ladrón por los gritos de otras personas que decían “¡cójalo, cójalo!” y porque iba vestido de civil, con lo cual no habría tenido manera de saber que era miembro de la Policía Nacional.
Este suceso fue el que habría provocado que el capitán desenfundara su arma para defenderse e disparara al sujeto que lo había embestido, lo que provocó que su hermano, quien se encontraba en el sitio, lo auxiliara junto a otras personas y lo llevaran al hospital.
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Alirio Uribe, abogado de este último, señaló que su cliente auxilió a su hermano y no atacó a Solano cuando éste yacía en el suelo, sino que fue agredido por una turba de personas ajena a ellos y que terminaron con los documentos del capitán porque los tomaron para conocer la identidad de la persona que había disparado.
Con los elementos y testimonios presentados, la Fiscalía pidió al despacho dictar medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los imputados. Solicitud que fue rebatida por los tres abogados defensores al señalar que no son un peligro para la sociedad y que no afectarían el desarrollo del proceso.
La juez, no obstante, suspendió la audiencia para analizar los expuesto por las partes y programó para este sábado 8 de mayo, a las 9 a.m., la reanudación para decidir si envía o no a la cárcel a los tres jóvenes.