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Un nuevo episodio en la guerra por el manejo de Doña Juana se vivió ayer. Justo un día después de que un tribunal de arbitramento le ordenó al Distrito frenar cualquier proceso administrativo contra CGR (operador del relleno), se hizo público el avance de una investigación penal contra el representante legal de la compañía, a quien la Fiscalía le imputó cargos por presuntos delitos ambientales.
Los cargos son contaminación ambiental con circunstancias de agravación y daño a los recursos naturales, pues a través de la indagación preliminar se encontraron presuntas fallas del operador en el manejo y disposición de residuos del relleno.
Entre las presuntas fallas está la disgregación, compactación y cubrimiento de residuos; presuntas irregularidades en el manejo de lixiviados (líquidos de las basuras) y estabilidad de taludes, que aumentan la presencia de vectores (ratas y moscas) y malos olores. Según la Fiscalía, estas fallas estarían respaldadas por visitas realizadas por el ente de control.
>>>Lea: Tatequieto a la Uaesp en su pleito contra el operador de Doña Juana
“La investigación realizada por un fiscal adscrito a la dirección especializada contra la Violación a los Derechos Humanos, en el Eje Temático de Protección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, estableció que el funcionario, en su calidad de representante legal, tendría la responsabilidad en un presunto incumplimiento en el marco de la licencia ambiental y de las normas que protegen el medio ambiente”, dijo Ángela Chacón, directora nacional de la Dirección de Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos.
La decisión hace más complejo el panorama, pues mientras la Uaesp y CGR intentan dirimir sus diferencias ante un tribunal de arbitramento en el que la administración busca demostrar el incumplimiento del contrato de concesión y el operador indica que todos sus problemas (incluso los presuntos delitos ambientales) tienen relación con un desequilibrio económico que no atendió a tiempo la Alcaldía de Bogotá.
Por ahora, los procesos siguen avanzando. Al final, las autoridades tendrán que definir quien tiene la razón.
