Tras denuncia de concejal, indígena embera explicó su contratación con el Distrito
El cabildante Julián Uscátegui, denunció una totalidad de millonarios contratos entre algunos líderes indígenas y el Distrito. El Espectador habló con un experto en temas étnicos y con uno de los representantes embera que figuran con contrato en la plataforma Secop, quien explicó cuáles fueron las razones y cuánto recibía.
María Angélica García Puerto
El concejal del Centro Democrático, Julián Uscátegui, presentó este miércoles 24 de julio, el listado de contratos vigentes que sostienen algunos líderes embera con la Alcaldía de Bogotá. Según el cabildante, de las 27 personas contratadas, 9 se encuentran en el Parque Nacional, 6 en la UPI La Rioja, 9 en La Florida, 3 en el Albergue Buen Samaritano y 1 en el de San Cristóbal.
Los contratos registrados en el SECOP, según Uscátegui, ascienden a cerca de 280 millones de pesos durante los primeros seis meses de este año. “Es decir, que, finalizando el año, la cifra ascendería a $566.869.222 millones, en contraste con el año 2023, donde fue de 80 millones de pesos”, señaló.
Además, agregó que las secretarías de Educación e Integración Social, y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente y Norte, son las principales entidades que han entregado estos contratos.
Dentro de los casos que denuncia el concejal está el de unos de los líderes del Parque Nacional, Miguel Angel Sintua, quien cuenta con un contrato de más de 16 millones de pesos por casi 8 meses y que finaliza el 14 de diciembre. Según la plataforma SECOP, la justificación de la modalidad de contratación (por prestación de servicios), es de servicios profesionales en cuánto al apoyo a los colegios de Bogotá para la asistencia en el desarrollo de las acciones afirmativas con pertinencia cultural, en beneficio de grupos indígenas.
Sin embargo, Uscátegui aseguró que Sintua “se ha mostrado enfático en no permitir el retorno de su comunidad a sus territorios”, a partir de unas declaraciones que tomó del líder indígena para Q’hubo, el pasado 12 de junio de 2024, antes de que se conociera (casi un mes después), el anhelado anuncio de retornar a la comunidad embera a su territorio o reubicarlos en la ciudad.
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“No saldremos de acá hasta que el Gobierno nos cumpla, nos quedaremos para siempre. Retornos colectivos ya no se harán, y los que retornen lo harán si les cumplen garantías. Los que se van a quedar en Bogotá estamos pidiendo un alojamiento. La alimentación la está entregando mensual la Unidad de Víctimas, pero solamente a los que han sido caracterizados”, manifestó el líder indígena para ese medio.
Habla uno de los indígenas contratados
El Espectador habló con Jairo Montañez, antropólogo experto en temas étnicos, quien aseguró que son poco acertadas las denuncias del concejal Julián Uscátegui, en cuanto a que “pordebajea las luchas de los indígenas. Como ciudadanía estamos supremamente interesados en que lo antes posible, se puede solucionar una situación que se ha extendido por más de 5 años”.
Además, acotó que en los contratos que puedan existir, “la Ley de Lenguas establece que las poblaciones deben ser atendidas en su idioma y podrían ser personas que la secretaría de Salud contrató, en el marco de su idoneidad, para que sirva de intermediario. Las comunidades no piden esos contratos. ”.
Y es que precisamente este es el caso de Favio Arias Esteves, vicegobernador de 120 familias indígenas del Parque Nacional, quien en SECOP, registra un contrato de prestación de servicios por un total de cerca de $1.400.000 por 29 días y que finaliza el 31 de julio.
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Su objetivo, según la plataforma transaccional, es prestar servicios como gestor comunitario o agente de cambio para desarrollar actividades en el plan de salud pública de la Subred de Salud Centro Oriente, de la secretaría de Salud.
El Espectador se comunicó con él para conocer más exactamente cuáles eran sus funciones, pues indicó que renunció el 5 de julio por una supuesta falta de reconocimiento de su supervisora, quien no le permitiría trabajar al tiempo como gestor y líder de su comunidad.
“Yo observaba a la comunidad que estaba enferma. Cuando visitaban a una mujer en una carpa del Parque, iba y traducía porque algunos no entienden el español. Tenía que estar casi que 24 horas de domingo a domingo, observando, por si necesitaba acompañar a alguien enfermo en una ambulancia o acompañarlos al hospital o citas médicas”, explicó Esteves.
Al preguntarle como consiguió el contrato, respondió que la secretaría de Salud se lo entregó, ante la “necesidad de un traductor. Eso fue cuando se hizo la minga en el ministerio del Interior. Y me reconocieron (...) Yo recibía $1.500 mil, pero me quedaba $1.200 mil luego de pagar la seguridad social”.
Cabe recordar que después de casi un año viviendo a la intemperie, en condiciones precarias y de vulnerabilidad en el Parque Nacional, la Alcaldía de Bogotá anunció que este 29 de julio inicia el retorno para los indígenas asentados allí; el 12 de agosto lo realizará otro grupo que reside en la UPI La Rioja; y el 14 de agosto, será el turno para la comunidad asentada en la UPI La Florida.
¿Qué responde el Distrito?
La secretaría de Gobierno recordó que desde el inicio de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, pusieron en marcha la Ruta de Acción Emberá orientada a trabajar colaborativamente con la comunidad, la institucionalidad y distintas organizaciones “para garantizar y promover el goce y disfrute de los derechos de la niñez, de las mujeres y de las víctimas del conflicto Emberá desplazados en la ciudad”.
Frente a la contratación con líderes indígenas embera, argumentaron que esto tiene por objeto la pervivencia de sus usos y costumbres, tal como lo determina los artículos 10 y 70 de la Constitución. “Se recuerda que hay tres tipos de pueblo Emberá (Katío, Chamí y Dovida) en Bogotá, con cosmovisiones diferentes y conflictos interétnicos (...) Buena parte de la población embera en la ciudad no habla español, motivo por el cual miembros de su comunidad sirven como intérpretes, permitiendo que la institucionalidad se acerque, dialogue y preste servicios efectivos”.
Frente a casos específicos como contrataciones con la secretaría de Salud, indicaron que efectivamente cuentan con 12 perfiles en 2024 con pertenencia étnica, tales como Jaibanás, Parteras y Gestores, “quienes en articulación con los profesionales y técnicos de salud occidental mitigan la alta vulnerabilidad en salud de esta población”, detallaron.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
El concejal del Centro Democrático, Julián Uscátegui, presentó este miércoles 24 de julio, el listado de contratos vigentes que sostienen algunos líderes embera con la Alcaldía de Bogotá. Según el cabildante, de las 27 personas contratadas, 9 se encuentran en el Parque Nacional, 6 en la UPI La Rioja, 9 en La Florida, 3 en el Albergue Buen Samaritano y 1 en el de San Cristóbal.
Los contratos registrados en el SECOP, según Uscátegui, ascienden a cerca de 280 millones de pesos durante los primeros seis meses de este año. “Es decir, que, finalizando el año, la cifra ascendería a $566.869.222 millones, en contraste con el año 2023, donde fue de 80 millones de pesos”, señaló.
Además, agregó que las secretarías de Educación e Integración Social, y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente y Norte, son las principales entidades que han entregado estos contratos.
Dentro de los casos que denuncia el concejal está el de unos de los líderes del Parque Nacional, Miguel Angel Sintua, quien cuenta con un contrato de más de 16 millones de pesos por casi 8 meses y que finaliza el 14 de diciembre. Según la plataforma SECOP, la justificación de la modalidad de contratación (por prestación de servicios), es de servicios profesionales en cuánto al apoyo a los colegios de Bogotá para la asistencia en el desarrollo de las acciones afirmativas con pertinencia cultural, en beneficio de grupos indígenas.
Sin embargo, Uscátegui aseguró que Sintua “se ha mostrado enfático en no permitir el retorno de su comunidad a sus territorios”, a partir de unas declaraciones que tomó del líder indígena para Q’hubo, el pasado 12 de junio de 2024, antes de que se conociera (casi un mes después), el anhelado anuncio de retornar a la comunidad embera a su territorio o reubicarlos en la ciudad.
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“No saldremos de acá hasta que el Gobierno nos cumpla, nos quedaremos para siempre. Retornos colectivos ya no se harán, y los que retornen lo harán si les cumplen garantías. Los que se van a quedar en Bogotá estamos pidiendo un alojamiento. La alimentación la está entregando mensual la Unidad de Víctimas, pero solamente a los que han sido caracterizados”, manifestó el líder indígena para ese medio.
Habla uno de los indígenas contratados
El Espectador habló con Jairo Montañez, antropólogo experto en temas étnicos, quien aseguró que son poco acertadas las denuncias del concejal Julián Uscátegui, en cuanto a que “pordebajea las luchas de los indígenas. Como ciudadanía estamos supremamente interesados en que lo antes posible, se puede solucionar una situación que se ha extendido por más de 5 años”.
Además, acotó que en los contratos que puedan existir, “la Ley de Lenguas establece que las poblaciones deben ser atendidas en su idioma y podrían ser personas que la secretaría de Salud contrató, en el marco de su idoneidad, para que sirva de intermediario. Las comunidades no piden esos contratos. ”.
Y es que precisamente este es el caso de Favio Arias Esteves, vicegobernador de 120 familias indígenas del Parque Nacional, quien en SECOP, registra un contrato de prestación de servicios por un total de cerca de $1.400.000 por 29 días y que finaliza el 31 de julio.
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Su objetivo, según la plataforma transaccional, es prestar servicios como gestor comunitario o agente de cambio para desarrollar actividades en el plan de salud pública de la Subred de Salud Centro Oriente, de la secretaría de Salud.
El Espectador se comunicó con él para conocer más exactamente cuáles eran sus funciones, pues indicó que renunció el 5 de julio por una supuesta falta de reconocimiento de su supervisora, quien no le permitiría trabajar al tiempo como gestor y líder de su comunidad.
“Yo observaba a la comunidad que estaba enferma. Cuando visitaban a una mujer en una carpa del Parque, iba y traducía porque algunos no entienden el español. Tenía que estar casi que 24 horas de domingo a domingo, observando, por si necesitaba acompañar a alguien enfermo en una ambulancia o acompañarlos al hospital o citas médicas”, explicó Esteves.
Al preguntarle como consiguió el contrato, respondió que la secretaría de Salud se lo entregó, ante la “necesidad de un traductor. Eso fue cuando se hizo la minga en el ministerio del Interior. Y me reconocieron (...) Yo recibía $1.500 mil, pero me quedaba $1.200 mil luego de pagar la seguridad social”.
Cabe recordar que después de casi un año viviendo a la intemperie, en condiciones precarias y de vulnerabilidad en el Parque Nacional, la Alcaldía de Bogotá anunció que este 29 de julio inicia el retorno para los indígenas asentados allí; el 12 de agosto lo realizará otro grupo que reside en la UPI La Rioja; y el 14 de agosto, será el turno para la comunidad asentada en la UPI La Florida.
¿Qué responde el Distrito?
La secretaría de Gobierno recordó que desde el inicio de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, pusieron en marcha la Ruta de Acción Emberá orientada a trabajar colaborativamente con la comunidad, la institucionalidad y distintas organizaciones “para garantizar y promover el goce y disfrute de los derechos de la niñez, de las mujeres y de las víctimas del conflicto Emberá desplazados en la ciudad”.
Frente a la contratación con líderes indígenas embera, argumentaron que esto tiene por objeto la pervivencia de sus usos y costumbres, tal como lo determina los artículos 10 y 70 de la Constitución. “Se recuerda que hay tres tipos de pueblo Emberá (Katío, Chamí y Dovida) en Bogotá, con cosmovisiones diferentes y conflictos interétnicos (...) Buena parte de la población embera en la ciudad no habla español, motivo por el cual miembros de su comunidad sirven como intérpretes, permitiendo que la institucionalidad se acerque, dialogue y preste servicios efectivos”.
Frente a casos específicos como contrataciones con la secretaría de Salud, indicaron que efectivamente cuentan con 12 perfiles en 2024 con pertenencia étnica, tales como Jaibanás, Parteras y Gestores, “quienes en articulación con los profesionales y técnicos de salud occidental mitigan la alta vulnerabilidad en salud de esta población”, detallaron.
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