Indígenas retuvieron a funcionarios, porque no les gustó el kit de alimentos
Se trata de cuatro funcionarios de la Unidad de Víctimas y una de la Consejería de paz del Distrito y amenazaron con llevarlos al cepo. El Distrito rechazó la acción de los embera y denunció ante la Fiscalía.
Un tenso momento se vivió este miércoles en el albergue La Rioja, donde se alojan varias familias indígenas a la espera del retorno a sus territorios o la reubicación. Lo que comenzó como jornada humanitaria, en la que cuatro funcionarios de la Unidad de Víctimas y uno de la Consejería de Paz del Distrito llegaron a entregar 366 kits alimentarios, terminó en la retención ilegal de los empleados públicos.
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De acuerdo con la versión de la administración, la jornada se programó luego de los diálogos y la concertación que se realizó días atrás, entre la comunidad y las entidades gubernamentales, en la que se estableció el compromiso de llevar los alimentos para las familias, como parte del apoyo continuo a esta población.
No obstante, agrega el Distrito, los indígenas expresaron su descontento por el contenido de los kits, situación que fue caldeando los ánimos. “A pesar de que los funcionarios intentaron mediar a través del diálogo, la comunidad se negó a recibir los productos”, agrega un comunicado.
En medio de la discusión, la guardia indígena no solo les cerró el paso a los funcionarios, para evitar que salieran, sino que los amenazaron con “llevarlos al cepo como método de castigo”. La retención se mantuvo por casi una hora. La actitud de la comunidad motivó un enérgico rechazo del Distrito, al punto de anunciar que puso la situación en conocimiento de la Fiscalía, para que adelante las respectivas investigaciones contra los responsables.
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Y agregó que El Distrito ha demostrado su compromiso con el bienestar y la protección de los derechos de la comunidad Emberá asentada en Bogotá, como quedó en evidencia en el reciente retorno de la comunidad asentada en el Parque Nacional.
“Adicionalmente, el Distrito ha venido fortaleciendo la oferta institucional mientras la Unidad para las Víctimas adelanta los procesos de retorno y reubicación de la comunidad asentada en la UPI La Rioja y La Florida. Por ello, el Distrito rechaza enfáticamente la retención y las amenazas contra funcionarios públicos, quienes estaban en la UPI La Rioja con el único objetivo de brindar apoyo y acompañamiento”, señaló.
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Y agregó: “La ciudad no tolerará situaciones que vulneren los derechos ni la dignidad de sus funcionarios ni de ninguna persona. Por esta razón, se están adelantando las respectivas denuncias contra los responsables de esta situación, las cuales serán puestas en conocimiento de la Fiscalía. Hacemos un llamado a resolver situaciones a través del diálogo y el respeto”.
Pese a la situación, “la administración indicó que seguirá prestando el apoyo y redoblando esfuerzos por el bienestar de la comunidad, mientras se trabaja de manera conjunta con las entidades respectivas hacia un retorno, reubicación o integración local segura” , concluyó.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Un tenso momento se vivió este miércoles en el albergue La Rioja, donde se alojan varias familias indígenas a la espera del retorno a sus territorios o la reubicación. Lo que comenzó como jornada humanitaria, en la que cuatro funcionarios de la Unidad de Víctimas y uno de la Consejería de Paz del Distrito llegaron a entregar 366 kits alimentarios, terminó en la retención ilegal de los empleados públicos.
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No obstante, agrega el Distrito, los indígenas expresaron su descontento por el contenido de los kits, situación que fue caldeando los ánimos. “A pesar de que los funcionarios intentaron mediar a través del diálogo, la comunidad se negó a recibir los productos”, agrega un comunicado.
En medio de la discusión, la guardia indígena no solo les cerró el paso a los funcionarios, para evitar que salieran, sino que los amenazaron con “llevarlos al cepo como método de castigo”. La retención se mantuvo por casi una hora. La actitud de la comunidad motivó un enérgico rechazo del Distrito, al punto de anunciar que puso la situación en conocimiento de la Fiscalía, para que adelante las respectivas investigaciones contra los responsables.
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Y agregó que El Distrito ha demostrado su compromiso con el bienestar y la protección de los derechos de la comunidad Emberá asentada en Bogotá, como quedó en evidencia en el reciente retorno de la comunidad asentada en el Parque Nacional.
“Adicionalmente, el Distrito ha venido fortaleciendo la oferta institucional mientras la Unidad para las Víctimas adelanta los procesos de retorno y reubicación de la comunidad asentada en la UPI La Rioja y La Florida. Por ello, el Distrito rechaza enfáticamente la retención y las amenazas contra funcionarios públicos, quienes estaban en la UPI La Rioja con el único objetivo de brindar apoyo y acompañamiento”, señaló.
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Pese a la situación, “la administración indicó que seguirá prestando el apoyo y redoblando esfuerzos por el bienestar de la comunidad, mientras se trabaja de manera conjunta con las entidades respectivas hacia un retorno, reubicación o integración local segura” , concluyó.
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