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Este miércoles 19 de mayo, día en que se completan tres semanas consecutivas de manifestaciones, la concejal Lucía Bastidas interpuso una acción de tutela con la que se busca acabar con los bloqueos que se han presentado en la capital.
Para la concejal, los bloqueos y hechos violentos que se han presentado durante las últimas semanas “afectan a la gran mayoría de ciudadanos que no han encontrado protección a sus derechos fundamentales amenazados por cuenta de las manifestaciones que acuden a las vías de hecho, que exceden lo que involucra el derecho legítimo a la protesta y que ponen en grave riesgo, bajo amenaza, los derechos fundamentales a la vida, la salud, la seguridad alimentaria, entre otros”.
Por tanto, presenta argumentos como que algunos de los bloqueos en las vías han impedido el paso de ciudadanos hacia sus trabajos o incluso ha dificultado actividades de vital importancia como el transporte del personal médico, según ella, estos no han podido cumplir con sus turnos en medio de la pandemia, además de ambulancias con pacientes a bordo, vehículos de suministro de oxígeno medicinal, medicamentos o insumos, y de camiones con alimentos perecederos.
Según Bastidas, con esta acción de tutela no se pretender afectar el derecho constitucional a la protestas, pero sí se busca establecer exigencias para que no se afecte la vida o salud “porque una ambulancia no logre atender una emergencia de salud por enfermedad, accidentes o cualquier origen o que en la grave situación por la pandemia algún paciente fallezca por el simple hecho que el oxígeno no fue suministrado a tiempo o un daño cerebral en algún paciente por falta de asistencia respiratoria, etc”.
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Así las cosas, esta acción de tutela que va dirigida específicamente hacia la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); a la Confederación Nacional del Trabajo (CGT); a la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC); a la Confederación de Pensionados en Colombia (CPC); a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode); a la Dignidad Agropecuaria y a la Cruzada Camionera, busca que se ordene:
-Que el Comité del Paro realice comunicados públicos y privados dirigidos a los manifestantes en los cuales se exija el libre tránsito de personal médico, vehículos de transporte de insumos médicos, ambulancias, transporte de alimentos y destinados a bienes y servicios esenciales.
-Que se promueva ante la Alcaldía de Bogotá un diálogo enfocado exclusivamente a acordar unas reglas mínimas de las protestas que tienen lugar en la ciudad, en las que se establezca el libre tránsito y movilidad.
Por ahora está en manos de un juez decidir si falla a favor de esta acción de tutela. Entre tanto, las manifestaciones continúan sin llegar a acuerdos concretos entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro.
