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El malestar social que alimenta las protestas en el país no es nuevo. Es la continuación del estallido de noviembre de 2019 y que se prolongó hasta marzo de 2020, cuando la pandemia obligó al confinamiento. Aun en medio del aislamiento llegó otro momento cumbre del descontento: el 9 y 10 de septiembre de 2020, cuando el asesinato de Javier Ordóñez lanzó a las calles a miles de capitalinos y hubo una revuelta que dejó 9 muertos y 521 heridos.
Hace una semana, el disgusto con el Gobierno reactivó el paro nacional y desde el primer día los graves hechos en varias ciudades, sumados al antecedente del “9S”, sembraron dudas sobre el desarrollo de los choques entre manifestantes y policías. Por ahora, desde el Distrito resaltan que tras diez días de hostilidad (en especial nocturna) no se han registrado muertos ni desaparecidos en el marco estricto de los disturbios.
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Así las cosas, si se tiene en cuenta que en noviembre de 2019 el rostro de los excesos fue Dylan Cruz, en este tercer episodio del estallido social, tanto el Distrito como expertos en seguridad resaltan aprendizajes de las pasadas movilizaciones. Avances que se han dado en medio de una reconfiguración de las protestas desde dos ejes: El primero, que ahora no es la típica gran marcha que llega a la Plaza de Bolívar, sino movilizaciones, plantones y otras manifestaciones de descontento en los barrios. Lo segundo, que la marcha no es la misma de día que de noche, pues con el ocaso llegan la mayoría de actos vandálicos y la acción de las multitudes opera con más fuerza.
El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, señala que mantener cierto orden y evitar por ahora las muertes en medio de confrontaciones se debe a que “tenemos un despliegue sin antecedentes de funcionarios. Estamos en distintos puntos, coordinando a los gestores de convivencia que hacen presencia en las marchas. Hoy la marcha es más dispersa y eso dificulta la logística y el cuidado de los marchantes, pero hemos hecho un esfuerzo descomunal con las 22 comisiones de verificación de derechos humanos para mediar y evitar abusos de autoridad y que ocurra lo que hemos visto en otras ciudades”.
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La visión desde lo político es diferente. Tres concejales, que están en diferentes orillas, coinciden en que en realidad no hay cambios sustanciales en los tres momentos de la protesta social. También en que hace falta más liderazgo de la alcaldesa Claudia López en el control de las acciones de la Policía.
Para Diego Cancino (Alianza Verde, partido de gobierno), todo se ha vuelto más extremo de parte y parte. “Cada vez hay más manifestantes espontáneos, pero es claro que la gente que sale de día es diferente a quienes quieren perjudicar el movimiento y salen a quemar CAI en las noches. Si bien el ‘9S’ fue muy grave, porque hubo una masacre, hoy domina el miedo en determinadas zonas en las noches y necesitamos tener un liderazgo contundente desde Bogotá, para que la Fuerza Pública sepa que el miedo no va a dominar la ciudad”.
Desde la oposición, la visión es que el Distrito tuvo más tiempo para prepararse y aun así no ha logrado controlar los choques luego de las marchas pacíficas. Eso opina Andrés Forero (Centro Democrático), quien dice que la alcaldesa ha mantenido un discurso “errático y ambivalente” y que la gestión de las marchas está ligada a lo político. “A veces sale a ganar puntos con los manifestantes y luego dice que las aglomeraciones atentan contra la vida. Dice que no quiere apoyo militar, pero los vemos en las calles. Está haciendo equilibrismo y hay cálculo político en sus decisiones”.
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Lo mismo opina Heidy Sánchez (Colombia Humana), quien cuestiona el grado de control de la alcaldesa sobre la Policía y su labor para evitar los excesos. “Hay acompañamiento, pero insuficiente cuando aparece el Esmad. Hay temor de que se repitan los hechos del ‘9S’, hay puntos críticos en las noches y pareciera que desde las 5:00 p.m. la orden es que no haya nadie en las calles. Hay mensajes ambiguos y no se sabe si la alcaldesa tiene o no control sobre la Policía”.
Atender las movilizaciones es complejo. Aún más aquellas que por momentos se salen de control, como en los últimos días. Por eso, a ojos de analistas, el Distrito ha mejorado y ha recopilado experiencias de años anteriores. Luis Fernando Echavarría, experto en seguridad y quien como funcionario trabajó en intervención de marchas, asegura que “en comparación con el ‘9S’ la intervención ha sido más racional, sin que se pueda dejar de observar que siguen existiendo abusos de autoridad”.
Asegura que se destaca una mayor intervención de los gestores de convivencia y la Personería, así como mayor respeto de los protocolos, “pero en la noche, el ambiente se va volviendo extraño. El poder de la alcaldesa no se está viendo reflejado, es bajo o casi nulo y eso lleva a la necesidad de reevaluar las funciones y estructura de Policía”.
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Jairo Libreros, docente de defensa nacional y seguridad de la U. Externado, concuerda en que sí hay cambios, pero que no serán de fondo hasta tocar la reforma de la Policía, en lo relacionado con las marchas. “La muerte de Dylan Cruz fue la gota que rebosó la paciencia de las malas prácticas policiales. Cayó por completo la imagen y confianza en la institución. Tras el ‘9S’ se pudo hacer la reforma, pero no ocurrió y hoy el Gobierno no solo no reconoce los excesos, sino que se niega a abrir espacios para revisar si algo está fallando”.
Las movilizaciones se mantendrán y en este momento, si bien no hay víctimas fatales en Bogotá, es necesario desescalar la tensión. Aunque han mejorado los protocolos, el llamado común es que haya un papel más sobresaliente del Distrito, sobre todo en esos momentos en que los enfrentamientos son más fuertes.
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Personería destaca seguimiento más estricto de los protocolos
Además de los gestores de convivencia y las comisiones de verificación de derechos humanos, en la gestión de las marchas se destaca el papel de la Personería y su Grupo para el Acompañamiento en Escenarios de Posible Vulneración de Derechos (Gaepvd). De acuerdo con la coordinadora de esa comitiva, trabajan hasta que finalicen las marchas y están pendientes de temas como heridos, detenidos y evitar violaciones de derechos humanos, así como hacen presencia en el Puesto de Mando Unificado hasta que este se levanta.
“Hay unos protocolos definidos que se han cumplido. Primero el diálogo, luego la intervención de gestores de convivencia y como último paso el uso de la fuerza legítima. Siempre exigimos a la Policía que nos anuncie antes de intervenir”, dice Caro, quien explica que es una fuerza gradual, según se van agotando los protocolos. Además de eso, la líder del Gaepvd indica que siempre se deja constancia de las intervenciones y que hay una articulación permanente con Procuraduría, Policía, Distrito y defensores de derechos humanos.
