Investigan a 87 policías por perder munición en protestas del 9 de septiembre, en Bogotá

Las investigaciones por los 10 homicidios que se registraron en las noches del 9 y 10 de septiembre en Bogotá, tras las protestas por la muerte del Javier Ordóñez bajo custodia policial, siguen revelando datos que podrían servir para dar con los presuntos responsables y esclarecer lo que ocurrió durante esas noches de terror en la ciudad.

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Al menos, así se infiere de la respuesta a un derecho de petición que le envió la Policía de Bogotá al concejal Julián Rodríguez Sastoque, en el que da cuenta que actualmente y de forma preliminar adelantan 11 investigaciones disciplinariamente contra 87 uniformados, por la pérdida de munición durante los días de la protesta. En algunos casos, por disparar, y en otros, dice el informe, por la desaparción del material de guerra en las estaciones o CAI donde se concentraron las protestas.

Según el objeto de las investigaciones, la Policía precisó que se trata de indagación por pérdida de material de guerra en la estación de policía en Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Suba, Ciudad Bolívar, Rafel Uribe Uribe, San Cristóbal y Santa Fe. Además, por gasto de munición en Usaquén.

Este dato es relevante, si se tiene en cuenta que cada vez que un policía sale de servicio debe reportar el arma y la munición que queda bajo su custodia. Con este inventario y conociendo quienes perdieron balas en esos días, se podría cerrar el cerco para conocer los agentes que posiblemente dispararon esa noche, de manera injustificada, contra la población civil o que entregaron su munición para que otro lo hiciera.

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“Según la Policía Metropolitana de Bogotá, estos uniformados tienen investigación disciplinaria por gasto o pérdida de munición en esas fechas. En total son 32 policías adscritos a la localidad de Suba; 12, a la de Usme; 10, a la de San Cristóbal; 9, a la de Bosa; 7 a la de Kennedy; 5 a la de Engativá; 3, a la de Usaquén; 2, a la de Fontibón; 2, a la de Ciudad Bolívar; 1, a la de Rafael Uribe Uribe, y 1, a la de Santa Fe. Mientras que los 3 faltantes no se relacionan por una inconsistencia en la respuesta oficial”, explicó el cabildante.

No obstante, hay varios datos que llaman la atención: para comenzar que, si bien todos los uniformados investigados estaban armados, tan solo 37 de sus pistolas están en manos de la Fiscalía (faltarían 50), entidad que trata de establecer, con sus equipos forenses y de balística, de cuáles artefactos salieron los proyectiles que le quitaron la vida a las víctimas, en medio de las protestas.

Para completar, de los uniformados investigados, 44 de ellos tienen o tuvieron otras investigaciones disciplinarias por presuntas faltas en el servicio. Entre todos suman 90 procesos, de las cuales 48 está cerradas, 16 en curso, 15 con absolución, 11 con multa, 10 con suspensión y 3 con amonestación escrita. “De estos, llaman la atención, el caso de un patrullero, adscrito a la Localidad de Santa Fe, con 10 investigaciones disciplinarias, y otro, adscrito a la localidad de Bosa, con 9.”

A pesar de que la policía tiene claro los uniformados que perdieron munición en esas noches, las investigaciones disciplinarias para aclarar cómo la perdieron no avanza al mismo ritmo para todos. Según el mismo derecho de petición, “hasta el momento parece haber resultados parciales con 12 procesos: 10 que están en investigación formal; uno con investigación cerrada, uno sancionado por 15 días, y otro con suspensión de siete meses y en trámite de segunda instancia”, concluyó Rodríguez Sastoque.

Aunque en la solicitud se trató de precisar los sitios donde posiblemente los uniformados accionaron sus armas o perdieron la munición, la Policía respondió: “Con relación al lugar en el que se encontraba cada uno de ellos, resulta impreciso establecer lugares exactos del accionamiento de las armas de fuego, puesto que el mismo escenario no permitió a los uniformados contar con información exacta de lugares, horas, debido a la premura por salvaguardar la integridad física de los ciudadanos que no participaban en las marchas y su propia integridad”, dice el documento.

Por ahora, queda en manos de la institución seguir las investigaciones, para tratar de aclarar por completo lo que sucedió en las noches del 9 y 10 de septiembre, durante las protestas que se tomaron las calles de Bogotá.

Las investigaciones por los 10 homicidios que se registraron en las noches del 9 y 10 de septiembre en Bogotá, tras las protestas por la muerte del Javier Ordóñez bajo custodia policial, siguen revelando datos que podrían servir para dar con los presuntos responsables y esclarecer lo que ocurrió durante esas noches de terror en la ciudad.

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Al menos, así se infiere de la respuesta a un derecho de petición que le envió la Policía de Bogotá al concejal Julián Rodríguez Sastoque, en el que da cuenta que actualmente y de forma preliminar adelantan 11 investigaciones disciplinariamente contra 87 uniformados, por la pérdida de munición durante los días de la protesta. En algunos casos, por disparar, y en otros, dice el informe, por la desaparción del material de guerra en las estaciones o CAI donde se concentraron las protestas.

Según el objeto de las investigaciones, la Policía precisó que se trata de indagación por pérdida de material de guerra en la estación de policía en Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Suba, Ciudad Bolívar, Rafel Uribe Uribe, San Cristóbal y Santa Fe. Además, por gasto de munición en Usaquén.

Este dato es relevante, si se tiene en cuenta que cada vez que un policía sale de servicio debe reportar el arma y la munición que queda bajo su custodia. Con este inventario y conociendo quienes perdieron balas en esos días, se podría cerrar el cerco para conocer los agentes que posiblemente dispararon esa noche, de manera injustificada, contra la población civil o que entregaron su munición para que otro lo hiciera.

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“Según la Policía Metropolitana de Bogotá, estos uniformados tienen investigación disciplinaria por gasto o pérdida de munición en esas fechas. En total son 32 policías adscritos a la localidad de Suba; 12, a la de Usme; 10, a la de San Cristóbal; 9, a la de Bosa; 7 a la de Kennedy; 5 a la de Engativá; 3, a la de Usaquén; 2, a la de Fontibón; 2, a la de Ciudad Bolívar; 1, a la de Rafael Uribe Uribe, y 1, a la de Santa Fe. Mientras que los 3 faltantes no se relacionan por una inconsistencia en la respuesta oficial”, explicó el cabildante.

No obstante, hay varios datos que llaman la atención: para comenzar que, si bien todos los uniformados investigados estaban armados, tan solo 37 de sus pistolas están en manos de la Fiscalía (faltarían 50), entidad que trata de establecer, con sus equipos forenses y de balística, de cuáles artefactos salieron los proyectiles que le quitaron la vida a las víctimas, en medio de las protestas.

Para completar, de los uniformados investigados, 44 de ellos tienen o tuvieron otras investigaciones disciplinarias por presuntas faltas en el servicio. Entre todos suman 90 procesos, de las cuales 48 está cerradas, 16 en curso, 15 con absolución, 11 con multa, 10 con suspensión y 3 con amonestación escrita. “De estos, llaman la atención, el caso de un patrullero, adscrito a la Localidad de Santa Fe, con 10 investigaciones disciplinarias, y otro, adscrito a la localidad de Bosa, con 9.”

A pesar de que la policía tiene claro los uniformados que perdieron munición en esas noches, las investigaciones disciplinarias para aclarar cómo la perdieron no avanza al mismo ritmo para todos. Según el mismo derecho de petición, “hasta el momento parece haber resultados parciales con 12 procesos: 10 que están en investigación formal; uno con investigación cerrada, uno sancionado por 15 días, y otro con suspensión de siete meses y en trámite de segunda instancia”, concluyó Rodríguez Sastoque.

Aunque en la solicitud se trató de precisar los sitios donde posiblemente los uniformados accionaron sus armas o perdieron la munición, la Policía respondió: “Con relación al lugar en el que se encontraba cada uno de ellos, resulta impreciso establecer lugares exactos del accionamiento de las armas de fuego, puesto que el mismo escenario no permitió a los uniformados contar con información exacta de lugares, horas, debido a la premura por salvaguardar la integridad física de los ciudadanos que no participaban en las marchas y su propia integridad”, dice el documento.

Por ahora, queda en manos de la institución seguir las investigaciones, para tratar de aclarar por completo lo que sucedió en las noches del 9 y 10 de septiembre, durante las protestas que se tomaron las calles de Bogotá.