‘Jalón de orejas’ al Distrito por falta de ejecución en obras de valorización

El jueves 11 de mayo, un día antes de que el Distrito presentara ante el Concejo de Bogotá el proyecto de valorización por $1,38 billones, con el cual se busca financiar 41 obras en cuatro zonas de la ciudad, el contralor distrital Juan Carlos Granados Becerra le envió una alerta al alcalde Enrique Peñalosa sobre la ejecución de los recursos que provienen de esta contribución.

A través de una carta de 13 páginas conocida por este diario, el organismo de control aseguró que está adelantando una indagación preliminar respecto al avance y desarrollo de los proyectos financiados con los recursos recaudados por concepto de la valorización.

Si bien le hace un llamado de atención al actual mandatario distrital, la responsabilidad no recae únicamente sobre sus hombros, sino también sobre los mandatarios Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro que en su momento tuvieron la obligación de sacar adelante los trabajos que pagaron los bogotanos, pero sus resultados son seriamente cuestionados por el ente de control.

“Existen una serie de iniciativas que han sido incluidas mediante Acuerdo Distrital 180 de 2005, no obstante 12 años después se comprueba que el avance en la ejecución de estas obras no llega al 30%, además el 61% de las obras inicialmente propuestas han sido excluidas, además de otras eliminadas”, dice la Contraloría.

Para el organismo de control resulta “en extremo grave” que la administración distrital a la fecha no haya realizado las obras que dieron origen a esta contribución y los trabajos inconclusos no solo afectan a los ciudadanos contribuyentes, sino que pone en riesgo fiscal a la ciudad ante un eventual nuevo incumplimiento.

Esta petición va en consonancia con el pronunciamiento emitido la semana pasada por un grupo de concejales que pedían que se exploraran otras alternativas de financiamiento en lugar de acudir al cobro de valorización y, además, que se recuperara la confianza de los ciudadanos concluyendo los trabajos por anteriores cobros de valorización.

En la carta, la Contraloría Distrital expuso las razones que motivaron el llamado de atención. Indicó que en el citato Acuerdo Distrital se incluyó un total de 137 obras, en cuatro fases, que tenían dos componentes: 121 trabajos de movilidad y 16 de espacio público. En 2005 el valor que debía ser recaudado fue de $2,1 billones para tales trabajos. Entre 2005 y 2017 el recaudo superó los $1,1 billones. No obstante, del recaudo disponible para la inversión se han ejecutado en obra el 47,5% de los recursos y el 34,89% para adquisición de predios de obras que incluso han quedado excluidas.

A eso se suma la orden que impartió el Concejo Distrital, mediante los acuerdos 398 de 2009 y 523 de 2013, para devolverles a los ciudadanos $223 mil 591 millones, producto de la eliminación de seis obras. “Aun así, a corte de 30 de marzo de 2017 falta devolver a los contribuyentes la suma de $73 mil 583 millones, ya que el Distrito estableció como trámite para la devolución de dicha valorización que la solicitud fuera hecha por el mismo contribuyente, situación que se suma a múltiples dificultades administrativas que han impedido devolver eficientemente los recursos”.

En la siguiente tabla se expone la información de recaudo y rendimientos financieros, según la Contraloría:

Obras en veremos

El contralor Distrital también se refirió al estado de las obras que estaban contempladas desde 2005. Dijo que de las 140 propuestas quedan para ejecución 54, lo cual “demuestra falencias estructurales en el proceso de planeación”.

Y es que a mayo de 2017 solo se ha logrado la terminación de 41 obras, que equivalen al 29% de las propuestas inicialmente. Además, del total de obras, 13 de ellas están en riesgo (ocho con diseños, pero sin iniciar trabajos y cinco que hasta ahora están en la fase de inicio de construcción). Por otra parte, 80 fueron excluidas y 6, eliminadas.

“El modelo de financiación por valorización no ha contado con fundamento técnico de planeación que permitiera establecer el costo real de las obras, el impacto efectivo en el mayor número de los inmuebles, ni garantizar la totalidad de las mismas. Esto se comprueba ya que luego de 12 años no se lograron los resultados propuestos, generando una gestión lenta, inoportuna, ineficiente, ineficaz y antieconómica”, dice la carta.

“Falta de planeación”

La Contraloría indicó que el IDU -entidad encargada del recaudo de la valorización, la administración de los recursos y la posterior ejecución de las obras- ha sido a lo largo de más de una década “ineficiente” en la labor y eso ha derivado en la pérdida del costo de oportunidad por la no realización de las obras.  

En la evaluación realizada a cada una de las obras, se evidenció que de los 86 trabajos que fueron excluidos o eliminados, 26 fueron objeto de estudios y diseños cuyo valor alcanza los $10 mil 968 millones, “los cuales podrían estar obsoletos o con necesidad de actualización, lo que indicaría que estos recursos no cumplieron con la finalidad con que fueron concebidos generando también un riesgo fiscal”. Finalmente, prende las alarmas sobre el riesgo de pérdida de $342 mil 213 millones de valorización que corresponden a los compromisos asumidos a la fecha.

Con base en este llamado de atención, la Contraloría Distrital le recordó a la administración que el principio de planeación es esencial en toda actividad estatal y más aún si incluye recursos que pagaron los ciudadanos con el objetivo de generar mayor valor en sus bienes. Por eso explicó que como mínimo, deben contar con estudios y diseños de ingeniería básica y estudios prediales para que se pueda determinar la viabilidad de las obras.

A su vez, el cálculo de los costos no debe partir de una idea o del anteproyecto, sino que debe ser producto de una planeación detallada y que los recursos no pueden destinar los recursos para una obra diferente. De esta manera, asegura, se menoscaba la confianza de los ciudadanos.

“Es lamentable que una fuente válida de financiación haya sido deficientemente administrada, frustrando la esperanza de miles de contribuyentes quienes con esfuerzo y responsabilidad aportaron sus recursos y no vieron materializadas las obras planteadas”, concluye la misiva.

El jueves 11 de mayo, un día antes de que el Distrito presentara ante el Concejo de Bogotá el proyecto de valorización por $1,38 billones, con el cual se busca financiar 41 obras en cuatro zonas de la ciudad, el contralor distrital Juan Carlos Granados Becerra le envió una alerta al alcalde Enrique Peñalosa sobre la ejecución de los recursos que provienen de esta contribución.

A través de una carta de 13 páginas conocida por este diario, el organismo de control aseguró que está adelantando una indagación preliminar respecto al avance y desarrollo de los proyectos financiados con los recursos recaudados por concepto de la valorización.

Si bien le hace un llamado de atención al actual mandatario distrital, la responsabilidad no recae únicamente sobre sus hombros, sino también sobre los mandatarios Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro que en su momento tuvieron la obligación de sacar adelante los trabajos que pagaron los bogotanos, pero sus resultados son seriamente cuestionados por el ente de control.

“Existen una serie de iniciativas que han sido incluidas mediante Acuerdo Distrital 180 de 2005, no obstante 12 años después se comprueba que el avance en la ejecución de estas obras no llega al 30%, además el 61% de las obras inicialmente propuestas han sido excluidas, además de otras eliminadas”, dice la Contraloría.

Para el organismo de control resulta “en extremo grave” que la administración distrital a la fecha no haya realizado las obras que dieron origen a esta contribución y los trabajos inconclusos no solo afectan a los ciudadanos contribuyentes, sino que pone en riesgo fiscal a la ciudad ante un eventual nuevo incumplimiento.

Esta petición va en consonancia con el pronunciamiento emitido la semana pasada por un grupo de concejales que pedían que se exploraran otras alternativas de financiamiento en lugar de acudir al cobro de valorización y, además, que se recuperara la confianza de los ciudadanos concluyendo los trabajos por anteriores cobros de valorización.

En la carta, la Contraloría Distrital expuso las razones que motivaron el llamado de atención. Indicó que en el citato Acuerdo Distrital se incluyó un total de 137 obras, en cuatro fases, que tenían dos componentes: 121 trabajos de movilidad y 16 de espacio público. En 2005 el valor que debía ser recaudado fue de $2,1 billones para tales trabajos. Entre 2005 y 2017 el recaudo superó los $1,1 billones. No obstante, del recaudo disponible para la inversión se han ejecutado en obra el 47,5% de los recursos y el 34,89% para adquisición de predios de obras que incluso han quedado excluidas.

A eso se suma la orden que impartió el Concejo Distrital, mediante los acuerdos 398 de 2009 y 523 de 2013, para devolverles a los ciudadanos $223 mil 591 millones, producto de la eliminación de seis obras. “Aun así, a corte de 30 de marzo de 2017 falta devolver a los contribuyentes la suma de $73 mil 583 millones, ya que el Distrito estableció como trámite para la devolución de dicha valorización que la solicitud fuera hecha por el mismo contribuyente, situación que se suma a múltiples dificultades administrativas que han impedido devolver eficientemente los recursos”.

En la siguiente tabla se expone la información de recaudo y rendimientos financieros, según la Contraloría:

Obras en veremos

El contralor Distrital también se refirió al estado de las obras que estaban contempladas desde 2005. Dijo que de las 140 propuestas quedan para ejecución 54, lo cual “demuestra falencias estructurales en el proceso de planeación”.

Y es que a mayo de 2017 solo se ha logrado la terminación de 41 obras, que equivalen al 29% de las propuestas inicialmente. Además, del total de obras, 13 de ellas están en riesgo (ocho con diseños, pero sin iniciar trabajos y cinco que hasta ahora están en la fase de inicio de construcción). Por otra parte, 80 fueron excluidas y 6, eliminadas.

“El modelo de financiación por valorización no ha contado con fundamento técnico de planeación que permitiera establecer el costo real de las obras, el impacto efectivo en el mayor número de los inmuebles, ni garantizar la totalidad de las mismas. Esto se comprueba ya que luego de 12 años no se lograron los resultados propuestos, generando una gestión lenta, inoportuna, ineficiente, ineficaz y antieconómica”, dice la carta.

“Falta de planeación”

La Contraloría indicó que el IDU -entidad encargada del recaudo de la valorización, la administración de los recursos y la posterior ejecución de las obras- ha sido a lo largo de más de una década “ineficiente” en la labor y eso ha derivado en la pérdida del costo de oportunidad por la no realización de las obras.  

En la evaluación realizada a cada una de las obras, se evidenció que de los 86 trabajos que fueron excluidos o eliminados, 26 fueron objeto de estudios y diseños cuyo valor alcanza los $10 mil 968 millones, “los cuales podrían estar obsoletos o con necesidad de actualización, lo que indicaría que estos recursos no cumplieron con la finalidad con que fueron concebidos generando también un riesgo fiscal”. Finalmente, prende las alarmas sobre el riesgo de pérdida de $342 mil 213 millones de valorización que corresponden a los compromisos asumidos a la fecha.

Con base en este llamado de atención, la Contraloría Distrital le recordó a la administración que el principio de planeación es esencial en toda actividad estatal y más aún si incluye recursos que pagaron los ciudadanos con el objetivo de generar mayor valor en sus bienes. Por eso explicó que como mínimo, deben contar con estudios y diseños de ingeniería básica y estudios prediales para que se pueda determinar la viabilidad de las obras.

A su vez, el cálculo de los costos no debe partir de una idea o del anteproyecto, sino que debe ser producto de una planeación detallada y que los recursos no pueden destinar los recursos para una obra diferente. De esta manera, asegura, se menoscaba la confianza de los ciudadanos.

“Es lamentable que una fuente válida de financiación haya sido deficientemente administrada, frustrando la esperanza de miles de contribuyentes quienes con esfuerzo y responsabilidad aportaron sus recursos y no vieron materializadas las obras planteadas”, concluye la misiva.