Hace un año, el 9 de septiembre de 2020, los primeros noticieros de la mañana abrían sus emisiones con el reporte de la muerte de un hombre en el barrio Villa Luz, en el noroccidente de Bogotá, tras un procedimiento policial. El deceso de quien horas después sería identificado como Javier Ordóñez Bermúdez, de 44 años, ocurrió luego de un encuentro entre él y dos agentes de la Policía en una vía pública del barrio. Lo que pasó cuando los policías y Ordóñez se tranzaron en una fuerte discusión, al parecer por cuenta de un comparendo, quedó registrado en un video de poco más de cinco minutos que grabó un vecino del lugar. Eran imágenes elocuentes, que daban cuenta de un evidente caso de abuso policial, y que muy rápido se hicieron virales por la crudeza del trato de los uniformados a Ordóñez.
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En el video se ve cómo los policías le descargaron al menos 10 veces sus pistolas táser a Ordóñez. Al tiempo se escuchaban los desgarradores gritos del hombre, quien en repetidas ocasiones les suplicó a los dos policías que se detuvieran porque le estaban haciendo daño. Si bien Ordóñez estaba en alicorado, y por tanto en algún momento alterado, en las imágenes se evidenciaba que los policías lo habían reducido y ya estaba en el piso por lo que, si era el caso, podían proceder a esposarlo. En efecto eso fue lo que ocurrió y minutos después fue conducido al CAI de Villa Luz. Hasta los últimos instantes del video a Ordóñez se le vio con vida, pero del CAI fue trasladado a la clínica Santa María del Lago. Allí llegó muerto.
¿Qué pasó en el CAI que concluyó con la muerte de Ordóñez? Hasta ese momento, y por muchas semanas, lo que ocurrió al interior de la guarnición policial fue un misterio, pero la noticia de la muerte del hombre que era padre de dos hijos y estaba a punto de graduarse de abogado despertó una indignación de la que no se tiene registro en la historia reciente de la capital.
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El episodio, vale contextualizar, fue en ese momento la gota que colmó la copa de los excesos policiales. Por esos días el país apenas empezaba a salir del primer pico de la pandemia y aunque varios sectores intentaban reactivarse, eran más los ciudadanos que seguían confinados. En esa etapa de la pandemia la Policía dejó un poco de lado su papel habitual y se empezó a encargar más de hacer cumplir las normas sanitarias, como el uso del tapabocas y los toques de queda. Quizás ese cambio de funciones dio vía libre para que se registrara una seguidilla de hechos de abuso policial, dado que varios uniformados no escatimaron en acciones para imponer su autoridad.
Para ese entonces, muchos capitalinos no habían cerrado el capítulo de la muerte de Dylan Cruz en medio de las protestas de finales de 2019, que solo mermaron con el inicio de la pandemia. Pero estaban aún más frescas las imágenes del asesinato de George Floyd, en la ciudad de Mineápolis (Estados Unidos), a manos de policías, lo que desató una ola de furia en varias ciudades estadounidenses.
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Aunque la muerte de Floyd ocurrió a miles de kilómetros, el desenlace fue el mismo y esa madrugada del 9 de septiembre, Día de los Derechos Humanos en Colombia, se gastó el último tramo de una mecha que se venía consumiendo con cada abuso policial que se registro durante el confinamiento. Esa fue la primera vez que la cuarentena fue lo menos importante en la ciudad: la emergencia sanitaria pasó a un segundo plano y la necesidad de cuestionar a toda la institucionalidad, no solo a la Policía, se volvió prioridad.
Para la tarde del 9 de septiembre se convocaron plantones, velatones y otros eventos con el fin de protestar por la muerte de Ordóñez y en general por las prácticas de algunos policías. Los ánimos se caldearon muy rápido, pues muchos asistentes a las distintas manifestaciones no soportaron que estas fueran acompañadas por agentes de la Policía. En inmediaciones del CAI de Villa Luz, donde se desarrolló el plantón más grande, las manifestaciones rápidamente se convirtieron en disturbios entre ciudadanos y policías.
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Lo más grave estaría por llegar y pasó apenas se ocultó el sol, cuando muchos manifestantes decidieron enfrentar a la Policía y atacar su infraestructura. En pocos minutos, y con una increíble sincronía, ardieron en llamas el CAI de Villa Luz y de otros barrios de la ciudad, pues se tomaron como símbolos de los excesos de autoridad. La furia deformó la protesta y en muchos puntos los disturbios se transformaron en guerra. En inmediaciones a las guarniciones de Policía incineradas hubo disparos, gritos, lanzamiento de elementos contundentes y sobre todo mucha confusión. Así, esa noche del 9 de septiembre que se pensaba como una jornada de conmemoración se convirtió en un hito en la historia de Bogotá, pues se desató un “mini-Bogotazo” en medio de una pandemia.
El reporte de esa noche no pudo ser peor: cinco civiles muertos en medio de los disturbios; 50 ciudadanos y 30 policías heridos; 53 instalaciones policiales vandalizadas, entre esas 45 CAI (17 quemados); 77 vehículos averiados, entre los que se contaron 66 buses de transporte público (11 incendiados), cuatro motos y una patrulla de la Policía. Pero todo podía empeorar y en la noche del 10 de septiembre se repitieron los disturbios, los disparos, la confusión y el horror, completando así dos noches que desde entonces se conocen como “9S” y “10S”, cuando se registró una violencia absurda que dejó un saldo de 13 muertos (10 en Bogotá y 3 en Soacha), 72 CAI afectados y 581 heridos, 75 de esos con armas de fuego. Incluso las protestas se trasladaron a otras zonas del país, donde por fortuna no hubo saldos trágicos.
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Los responsables y su desenlace
Juan Camilo Lloreda y Harbey Rodríguez fueron los patrulleros que descargaron sin piedad sus pistolas eléctricas contra el cuerpo de Javier Ordóñez. Fueron también quienes condujeron al habitante de Villa Luz al CAI del barrio. Según se conoció después, tras los informes de Medicina Legal, en el CAI lo golpearon aún con más sevicia y se supo también que Lloreda le propinó a Ordóñez tantos golpes en su riñón derecho, que se lo estalló y eso le generó una hemorragia interna que ocasionó la muerte.
“No cabe duda que los policías, antes que proporcionar protección a quien estaba detenido, actuaron arbitraria e irracionalmente, sacando provecho de la condición de inferioridad en la que se encontraba Ordóñez”. Esa fue la conclusión de la Procuraduría, que emitió la primera decisión contra los dos expolicías luego de un juicio disciplinario: ambos fueron destituidos e inhabilitados por 20 años.
Pasados 10 meses del homicidio, y tras muchos vaivenes en el proceso judicial en el que los dos expatrulleros debían responder por los delitos de tortura agravada y homicidio agravado, Lloreda aceptó su responsabilidad y firmó un acuerdo que fue avalado por el juez del caso. El hombre fue sentenciado a 20 años de prisión, deberá liderar un acto de perdón y se comprometió a llevar ante la justicia los nombres de otros compañeros que pudieron ser cómplices del homicidio.
En estos momentos Lloreda y Rodríguez permanecen recluidos en Facatativá, Cundinamarca, en el Centro Especial de Reclusión de la Policía Nacional (Cerec). Sin embargo, Lloreda ya paga su condena luego de negociar mientras que el caso de Rodríguez es diferente porque el juicio está en marcha desde el pasado 13 de enero. Según él, demostrará ante la justicia su inocencia en este caso.
Lo ocurrido durante las noches del 9 y 10 de septiembre representó un giro en varios aspectos como la forma de protestar y la gestión de las movilizaciones, así como las relaciones entre ciudadanos y policías. Y aunque se esperaba que marcara un antecedente en cuanto a la protesta social, pocos meses después se desataron las marchas del paro nacional en las que se repitieron varias dinámicas de esas dos noches de terror.
