Javier Ordóñez, otro rostro de los excesos policiales

El Día de los Derechos Humanos en Colombia, que se conmemoró ayer, no pudo iniciar peor. En la madrugada, en el barrio Villa Luz de Engativá (occidente de Bogotá), se registró un confuso episodio que derivó en la muerte de Javier Ordóñez Bermúdez, un padre de familia de 44 años que estaba a punto de graduarse como abogado, tras un caso de abuso policial. El caso provocó la indignación ciudadana, con manifestaciones, que terminaron en disturbios.

Sobre el episodio, por ahora, lo único claro es lo que se puede ver en el video que registró un ciudadano, que estaba en el lugar. Allí se escuchan los desgarradores gritos de Ordóñez, pidiéndoles a dos policías que por favor cesaran la agresión. A la par se escuchan, por lo menos, 10 descargas de las Taser, pistolas eléctricas que usan los agentes para controlar situaciones de agitación o peligro.

La recopilación de los hechos con allegados y testigos indica que el abogado y otros amigos habían estado bebiendo alcohol en el apartamento de la víctima. El licor se les acabó. Salieron a comprar más. De regreso a la vivienda ocurrió el encuentro con los agentes. Según la versión de los familiares, los policías le dijeron que le iban a poner un comparendo y él les dijo que lo pagaba sin problema, respuesta que habría desatado la reacción de los agentes, que no se detuvieron siquiera por los gritos de los vecinos que decían que la escena estaba quedando grabada.

Hay dudas sobre lo que pasó después del episodio que quedó en video, ya que hasta el último momento de la grabación Ordóñez seguía con vida. ¿Qué pasó en el CAI al que fue trasladado? ¿Se debían aplicar tantos choques eléctricos a una persona que ya había sido reducida y estaba en el piso? ¿Por qué intentaron judicializar por violencia contra servidor público a uno de los testigos? Incógnitas que debe resolver la investigación. Lo cierto es que luego de eso Ordóñez fue llevado a la clínica Santa María del Lago, adonde llegó sin vida.

Tan fuertes son las imágenes que, para muchos, el hecho se compara con las recientes agresiones de policías contra afroamericanos en Estados Unidos. Además, el episodio se suma a la lista de denuncias por excesos policiales en la cuarentena, con recordados casos como el del hombre que fue capturado frente a sus hijas por no llevar tapabocas, los vendedores informales retirados de las vías públicas, las denuncias de mujeres trans e incluso, el caso de un periodista de este diario que casi retuvieron de forma agresiva por no llevar su cédula. En todos se denunciaron procedimientos que se consideraron excesivos. Así las cosas, Javier Ordóñez es el nuevo rostro del abuso policial en Bogotá, cuando no ha pasado un año de la muerte de Dilan Cruz, en medio de una jornada de protesta el año pasado.

Sin embargo, no es algo exclusivo de Bogotá. La ONG Temblores tiene registro de 169 denuncias en todo el país, entre el 25 de febrero y el 3 de septiembre. La organización, que sigue de cerca las denuncias sobre excesos policiales, afirma que estos se han profundizado en la emergencia sanitaria. “La Policía es el Estado en las calles y la entidad encargada de garantizar los derechos fundamentales. La violencia policial se profundizó, porque hay menos gente en el espacio público y eso implica menos control y hay más limitaciones a la circulación. Eso le entregó a la Policía el poder de la ‘multa por cualquier conducta’”, manifestó Alejandro Lanz, portavoz de la ONG.

El hecho vuelve a abrir el debate no solo del abuso de la fuerza, sino del empleo de armas no letales en los procedimientos policiales, como las que le causaron la muerte a Dilan Cruz el año pasado o las pistolas eléctricas que se usaron contra el abogado en Engativá. Aunque los testigos creen que fue el uso de la pistola eléctrica la que causó la muerte de Ordóñez, otra cosa considera Héctor Salazar, instructor en el manejo de estos dispositivos, quien dice que es imposible. Y lo explica así: “La impresión es que la persona está bajo efecto del alcohol y el dispositivo por contacto no llega a interferir en el sistema sensorial. El efecto es leve”.

Sobre las pistolas eléctricas que usa la Policía, explicó que tienen dos formas de uso. Una es el disparo a distancia de dos cables, que se pegan al cuerpo, produciendo la contracción de los músculos. La otra es cuando el dispositivo se pone en contacto directo con el cuerpo. Según Salazar, en esta forma el contacto es menor, por lo que no tendría capacidad para parar el corazón. “El deceso lo establece Medicina Legal. El resto son conjeturas. Son más las vidas que ha salvado el dispositivo y en los casos que han querido atribuir la muerte al uso de las pistolas eléctricas, los dictámenes de los forenses han concluido que se trata de un paro cardiaco por el alto nivel de estrés tras el consumo de sustancias”, concluyó.

Lo que viene en el proceso

Los dos uniformados involucrados en los hechos fueron suspendidos de la actividad operativa. El general Gustavo Moreno, subdirector de la Policía Nacional, aseguró que hubo un exceso de autoridad, razón por la cual “se investigarán tanto disciplinaria como penalmente y vamos a dar en el menor tiempo posible toda la claridad. Si hay funcionarios que tienen que responder de manera individual, tendrán que hacerlo”.

Por su parte, la Fiscalía, que ya abrió investigación, ayer ordenó la libertad de una persona, que fue detenida por la Policía junto a Ordóñez, al que pretendían judicializar por violencia contra servidor público. “Este caso ha sido priorizado y se está a la espera de los resultados del cumplimiento a las órdenes de Policía impartidas, así como los resultados de la necropsia de Medicina Legal”, dijo Carmen Torres, delegada de la Fiscalía para seguridad ciudadana.

Por su parte, el coronel Alejandro Castro, jefe del área de Derechos Humanos de la Inspección de la Policía, informó que corrió traslado a la Justicia Penal Militar y el Juzgado 143 de Instrucción ya abocó conocimiento”. Por último, la Procuraduría abrió una indagación para establecer si hubo falta disciplinaria e individualizar la participación de los uniformados y esclarecer los hechos que se habrían dado desde su traslado al CAI hasta su muerte en la clínica, por lo que ordenó la práctica de pruebas a los policías que participaron en los hechos que hoy son motivo de indignación entre muchos y que dejaron sin padre a dos menores, de 11 y 14 años.

En disturbios terminaron manifestaciones en Villa Luz

Las protestas convocadas frente al CAI de Villa Luz, adonde fue trasladado Javier Ordóñez, luego del abuso policial registrado en video y antes de su muerte, terminaron en disturbios. Los manifestantes prendieron fuego a una de las motocicletas de la Policía, a varios contenedores y causaron afectaciones en algunas de las viviendas cercanas al sector.

Desde temprano, habitantes de la zona llevaron pancartas y mensajes de rechazo al procedimiento que adelantaron los dos uniformados que agredieron al abogado, de 43 años. Ante esto, se reforzó la seguridad de la estación, a la que al final del día tuvo que estar custodiada por el Esmad.

En la tarde, la alcaldesa se reunió con la Procuraduría en una mesa para definir reformas a la Policía, mientras allegados a Ordóñez señalaron que continuarán protestando. “No nos vamos a quedar quietos. Haremos una velatón todos los días por justicia y por memoria, hasta que judicialicen a los policías que lo asesinaron”, dijo Eliana Garzón, amiga de Ordóñez.

El Día de los Derechos Humanos en Colombia, que se conmemoró ayer, no pudo iniciar peor. En la madrugada, en el barrio Villa Luz de Engativá (occidente de Bogotá), se registró un confuso episodio que derivó en la muerte de Javier Ordóñez Bermúdez, un padre de familia de 44 años que estaba a punto de graduarse como abogado, tras un caso de abuso policial. El caso provocó la indignación ciudadana, con manifestaciones, que terminaron en disturbios.

Sobre el episodio, por ahora, lo único claro es lo que se puede ver en el video que registró un ciudadano, que estaba en el lugar. Allí se escuchan los desgarradores gritos de Ordóñez, pidiéndoles a dos policías que por favor cesaran la agresión. A la par se escuchan, por lo menos, 10 descargas de las Taser, pistolas eléctricas que usan los agentes para controlar situaciones de agitación o peligro.

La recopilación de los hechos con allegados y testigos indica que el abogado y otros amigos habían estado bebiendo alcohol en el apartamento de la víctima. El licor se les acabó. Salieron a comprar más. De regreso a la vivienda ocurrió el encuentro con los agentes. Según la versión de los familiares, los policías le dijeron que le iban a poner un comparendo y él les dijo que lo pagaba sin problema, respuesta que habría desatado la reacción de los agentes, que no se detuvieron siquiera por los gritos de los vecinos que decían que la escena estaba quedando grabada.

Hay dudas sobre lo que pasó después del episodio que quedó en video, ya que hasta el último momento de la grabación Ordóñez seguía con vida. ¿Qué pasó en el CAI al que fue trasladado? ¿Se debían aplicar tantos choques eléctricos a una persona que ya había sido reducida y estaba en el piso? ¿Por qué intentaron judicializar por violencia contra servidor público a uno de los testigos? Incógnitas que debe resolver la investigación. Lo cierto es que luego de eso Ordóñez fue llevado a la clínica Santa María del Lago, adonde llegó sin vida.

Tan fuertes son las imágenes que, para muchos, el hecho se compara con las recientes agresiones de policías contra afroamericanos en Estados Unidos. Además, el episodio se suma a la lista de denuncias por excesos policiales en la cuarentena, con recordados casos como el del hombre que fue capturado frente a sus hijas por no llevar tapabocas, los vendedores informales retirados de las vías públicas, las denuncias de mujeres trans e incluso, el caso de un periodista de este diario que casi retuvieron de forma agresiva por no llevar su cédula. En todos se denunciaron procedimientos que se consideraron excesivos. Así las cosas, Javier Ordóñez es el nuevo rostro del abuso policial en Bogotá, cuando no ha pasado un año de la muerte de Dilan Cruz, en medio de una jornada de protesta el año pasado.

Sin embargo, no es algo exclusivo de Bogotá. La ONG Temblores tiene registro de 169 denuncias en todo el país, entre el 25 de febrero y el 3 de septiembre. La organización, que sigue de cerca las denuncias sobre excesos policiales, afirma que estos se han profundizado en la emergencia sanitaria. “La Policía es el Estado en las calles y la entidad encargada de garantizar los derechos fundamentales. La violencia policial se profundizó, porque hay menos gente en el espacio público y eso implica menos control y hay más limitaciones a la circulación. Eso le entregó a la Policía el poder de la ‘multa por cualquier conducta’”, manifestó Alejandro Lanz, portavoz de la ONG.

El hecho vuelve a abrir el debate no solo del abuso de la fuerza, sino del empleo de armas no letales en los procedimientos policiales, como las que le causaron la muerte a Dilan Cruz el año pasado o las pistolas eléctricas que se usaron contra el abogado en Engativá. Aunque los testigos creen que fue el uso de la pistola eléctrica la que causó la muerte de Ordóñez, otra cosa considera Héctor Salazar, instructor en el manejo de estos dispositivos, quien dice que es imposible. Y lo explica así: “La impresión es que la persona está bajo efecto del alcohol y el dispositivo por contacto no llega a interferir en el sistema sensorial. El efecto es leve”.

Sobre las pistolas eléctricas que usa la Policía, explicó que tienen dos formas de uso. Una es el disparo a distancia de dos cables, que se pegan al cuerpo, produciendo la contracción de los músculos. La otra es cuando el dispositivo se pone en contacto directo con el cuerpo. Según Salazar, en esta forma el contacto es menor, por lo que no tendría capacidad para parar el corazón. “El deceso lo establece Medicina Legal. El resto son conjeturas. Son más las vidas que ha salvado el dispositivo y en los casos que han querido atribuir la muerte al uso de las pistolas eléctricas, los dictámenes de los forenses han concluido que se trata de un paro cardiaco por el alto nivel de estrés tras el consumo de sustancias”, concluyó.

Lo que viene en el proceso

Los dos uniformados involucrados en los hechos fueron suspendidos de la actividad operativa. El general Gustavo Moreno, subdirector de la Policía Nacional, aseguró que hubo un exceso de autoridad, razón por la cual “se investigarán tanto disciplinaria como penalmente y vamos a dar en el menor tiempo posible toda la claridad. Si hay funcionarios que tienen que responder de manera individual, tendrán que hacerlo”.

Por su parte, la Fiscalía, que ya abrió investigación, ayer ordenó la libertad de una persona, que fue detenida por la Policía junto a Ordóñez, al que pretendían judicializar por violencia contra servidor público. “Este caso ha sido priorizado y se está a la espera de los resultados del cumplimiento a las órdenes de Policía impartidas, así como los resultados de la necropsia de Medicina Legal”, dijo Carmen Torres, delegada de la Fiscalía para seguridad ciudadana.

Por su parte, el coronel Alejandro Castro, jefe del área de Derechos Humanos de la Inspección de la Policía, informó que corrió traslado a la Justicia Penal Militar y el Juzgado 143 de Instrucción ya abocó conocimiento”. Por último, la Procuraduría abrió una indagación para establecer si hubo falta disciplinaria e individualizar la participación de los uniformados y esclarecer los hechos que se habrían dado desde su traslado al CAI hasta su muerte en la clínica, por lo que ordenó la práctica de pruebas a los policías que participaron en los hechos que hoy son motivo de indignación entre muchos y que dejaron sin padre a dos menores, de 11 y 14 años.

En disturbios terminaron manifestaciones en Villa Luz

Las protestas convocadas frente al CAI de Villa Luz, adonde fue trasladado Javier Ordóñez, luego del abuso policial registrado en video y antes de su muerte, terminaron en disturbios. Los manifestantes prendieron fuego a una de las motocicletas de la Policía, a varios contenedores y causaron afectaciones en algunas de las viviendas cercanas al sector.

Desde temprano, habitantes de la zona llevaron pancartas y mensajes de rechazo al procedimiento que adelantaron los dos uniformados que agredieron al abogado, de 43 años. Ante esto, se reforzó la seguridad de la estación, a la que al final del día tuvo que estar custodiada por el Esmad.

En la tarde, la alcaldesa se reunió con la Procuraduría en una mesa para definir reformas a la Policía, mientras allegados a Ordóñez señalaron que continuarán protestando. “No nos vamos a quedar quietos. Haremos una velatón todos los días por justicia y por memoria, hasta que judicialicen a los policías que lo asesinaron”, dijo Eliana Garzón, amiga de Ordóñez.