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A Johan Stiven Vanegas lo privaron de la libertad el pasado 6 de febrero, luego de asesinar a su padrastro. Tras la captura, la Policía lo recluyó en la estación de Bosa, donde permaneció nueve meses. El proceso judicial por su crimen culminó con una condena a 16 años prisión y, a pesar de que la sentencia se conoció a principios de septiembre, este joven de 24 años seguía sin ser trasladado a un centro penitencial.
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Su madre, Xiomara Sierra, le contó a El Espectador que nunca obtuvo respuesta formal de por qué no lo trasladaron a una cárcel, como lo dicta la ley. Y, aunque suena paradójico, este era su anhelo, pues durante los meses que permaneció en la estación de Bosa, dice la mujer, su hijo vivió un calvario: otros reclusos golpeaban a Vanegas de manera constante. Una tortura.
En cada visita a la estación veía a su hijo con un nuevo hematoma o cortada, vestigios de las constantes agresiones. Temiendo que en cualquier momento las golpizas terminaran en algo peor, la mujer interpuso una denuncia ante el comandante de la estación, el mayor Carlos Hurtado que, según ella, no surtió efecto alguno.
Y su temor se hizo realidad. El pasado 7 de noviembre a Johan lo trasladaron, pero al hospital de Kennedy. El joven recibió tal golpiza en las celdas de la estación, que sufrió trauma craneoencefálico severo. Ante el delicado estado de salud, los médicos optaron por dejarlo en coma inducido, pues se sospechaba que el paciente tenía muerte cerebral. Durante 13 días, Vanegas permaneció en una unidad de cuidados intensivos hasta que finalmente murió este lunes, 20 de noviembre.
Dos versiones del mismo hecho
Con el deceso de Johan, estando bajo la custodia policial, se abrió un proceso legal que, de momento, tiene en el sumario dos versiones que se contradicen. La primera, que sale de la explicación de los uniformados de la estación de Policía, sostiene que Vanegas murió luego de ingerir una pastilla de jabón.
En las cámaras de seguridad del complejo se aprecia como los policías lo sacan de su celda, esposado, para llevarlo a una silla, en la cual finalmente se desplomó. Fuentes de la Policía de Bosa le confirmaron a este diario que, en efecto, como resultado de ingerir la pastilla de jabón, el joven se desmayó. En medio de la caída, dicen, se produjo el golpe que le provocó el trauma.
En contraste, la madre de Vanegas dice que la muerte de su hijo fue de manera violenta. Mientras esperaba noticias de su hijo, en los 13 días que permaneció en coma, Xiomara dice que los médicos le repetían que la muerte cerebral de Johan no podía ser resultado de una intoxicación.
Por el contrario, los exámenes que se le practicaron al ingresar daban cuenta de varios traumas en su cabeza y de una hemorragia cerebral, que termino por ser la catálisis de todo el daño recibido previamente. Al visitar a su hijo antes del deceso, Xiomara dice que pudo ver toda clase de heridas en su cuerpo.“Le vi varios raspones en los pies, las manos y las piernas, y chuzones en la cara”.
El Espectador pudo acceder al documento de ingreso de Vanegas a la UCI del hospital de Kennedy, en el cual, efectivamente, se detalla que sus funciones cerebrales se encontraban en estado crítico. En el informe, que recoge la información que los acompañantes del paciente entregan a los médicos, reza puntualmente una “consideración por trauma craneoencefálico vs intoxicación exógena”.
De manera tal que, cuando Vanegas entro a la UCI el 7 de noviembre, aún no se había definido cuál de las dos razones era la causal de su muerte cerebral. Para dictaminar qué fue lo que ocurrió, hace falta la autopsia de medicina legal, que ya está en curso, según le confirmo a este medio Xiomara Sierra.
También es necesaria una copia del documento de epicrisis, en el cual se da cuenta de la historia clínica del paciente. Pese a ser la familiar más cercana al occiso, su madre denuncia que no ha tenido acceso a esa información, y que su abogado está encargado del asunto.
Este caso de Vanegas recuerda al de otras personas que perdieron la vida mientras se encontraban detenidas en una estación de Policía. Asimismo, da cuenta de los incumplimientos en los tiempos de traslado desde centros de detención provisional a centros penitenciarios. La Defensoría del Pueblo denuncia que los traslados, desde estaciones de Policía a cárceles, pueden tardar hasta 4 meses. Esta situación produce graves episodios de hacinamiento en los centros de detención transitoria que, por la naturaleza para la cual fueron concebidos, no dan abasto.
El hacinamiento en las cárceles produce violaciones a los derechos humanos de los privados de la libertad en varias dimensiones. La dificultad de acceso a servicios sanitarios básicos y alimentación, se suman a las enfermedades o episodios de violencia entre los privados de la libertad, producto de la aglomeración.
Según cifras de la Personería de Bogotá, el hacinamiento en estaciones de Policía de Bogotá es del 167 %. Las estaciones con mayor hacinamiento son Usaquén, con un 810 %; Bosa (557 %); Kennedy, (493 %); Usme, con (415 %); y Ciudad Bolívar, con (392 %).
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