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Esta tarde se llevó a cabo la audiencia de apelación a la medida de aseguramiento que fue solicitada por la defensa de Jhonier Leal, el confeso asesino de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y su mamá, Marleny Hernández, el pasado 21 de noviembre en inmediaciones de su vivienda en el vecino municipio de La Calera (Cundinamarca).
Durante la diligencia se conoció que la solicitud de la defensa de Jhonier Leal, era que se declarara ilegal la captura del procesado, así como el allanamiento de la vivienda en donde se encontraba y la incautación de elementos que hacen parte de la investigación.
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“La defensa solicita la ilegalidad del allanamiento, la incautación y la captura, indicando que nunca puso en tela de juicio los argumentos de las autoridades”, se lee en el documento. Según la defensa, además, “la Fiscalía habría incautado dinero de forma injustificada, el cual pertenecía legítimamente a Jhonier como representante legal de Mauricio Leal Peluquería S.A.S.”, agrega.
Para argumentar que la captura y posterior privación de la libertad no eran necesarias, la defensa alegó que “el derecho a la libertad es absoluto” y que para el pasado 27 y 28 de diciembre el hermano del estilista dio a conocer dirección y correo electrónico, por lo que no era necesario que se diera la detención, pues estaba “colaborando con la justicia precisamente para evitar ser capturado”.
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De acuerdo con la juez 51 penal del circuito de conocimiento de Bogotá, la decisión de primera instancia sigue en pie, al establecer que no hubo violación de los derechos de Jhonier y el procedimiento se dio en el marco de la legalidad, por lo que no podrá recuperar la libertad o seguir el proceso en otro lugar distinto a la prisión.
El confeso homicida permanece en el Búnker de la Fiscalía desde el pasado 14 de enero, luego de que se le imputaran los delitos de homicidio agravado y ocultamiento de material probatorio. El próximo 29 de marzo una juez deberá avalar el preacuerdo al que llegó Jhonier con el ente investigador, en donde se estableció que debería pagar una pena de 27.6 años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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