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El juez primero penal de conocimiento de Bogotá ordenó la libertad de los patrulleros de la Policía Fabián Mauricio Castillo Bernal y Erwin Stid Quintero Acosta, a quienes la Fiscalía imputó por los delitos de secuestro simple y hurto calificado agravado a título de dolo.
Esta imputación, que se llevó al escrito de acusación presentado por la fiscal María Teresa Polanía, señaló los presuntos hechos delictivos ocurridos en enero de 2021 en el que le habrían hurtado a un comerciante del sector de San Andresito $753 millones que llevaba en una maleta. En este proceso están siendo investigados, además de los dos patrulleros, el mayor Andrés Alberto Salazar Barreto, comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá.
En su decisión, el juez consideró que transcurrieron 244 días desde el traslado del escrito de acusación, los cuales superan el término de 120 días para que se celebre las audiencias de acusación, preparatoria y de juicio oral, que establece el Código de Procedimiento Penal.
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Este auto judicial revocó el fallo de primera instancia de un juez de control de garantías que, en marzo de 2022, negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos que hicieron los abogados de los dos uniformados.
“Se ordena la libertad inmediata e incondicional del señor Erwin Stid Quintero Acosta y del señor Fabián Mauricio Castillo Bernal; siempre y cuando no sean requeridos por otro proceso u autoridad”, dice la decisión de segunda instancia en su parte resolutiva.
El presunto secuestro y robo
El escrito de acusación señala que el comerciante víctima transportaba en una maleta la suma de $753 millones en efectivo, luego de que un amigo suyo se la hiciera llegar por medio de una mujer, para que luego él la entregara a otro sujeto, como pago de una hipoteca. La transacción se llevaría a cabo en San Andresito de San José (calle 10 con carrera 20).
Sin embargo, pasadas las 12:30 de la tarde, tras recibir el dinero, el comerciante fue abordado en el centro comercial por los patrulleros Castillo y Quintero, quienes le preguntaron cuál era el contenido del maletín y, luego, tras recibir como respuesta un “no sé”, afirmaron que su contenido “era dinero producto del narcotráfico”.
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Con temor, según la Fiscalía, el hombre llamó a su amigo para ponerlo al tanto de la situación y lo puso al teléfono con uno de los agentes, quien le preguntó “cómo iban a arreglar”. Aun así, la persona al otro lado de la línea intentó calmarlo, asegurándole que la plata era lícita.
Los patrulleros lograron su cometido de sacarlo del lugar, diciéndole que “estaban dando mucha boleta”, y se dirigieron a una cafetería a la que llegó Edwin Jovanny Cardona Ramírez, quien se presentó como capitán de la Sijín de la Policía, vistiendo un jean y un saco blanco (los oficiales de esa seccional de investigación ejercen sus funciones de civil). El supuesto capitán no duró mucho tiempo en el lugar, ya que salió de allí avisando que traería una patrulla para trasladar al ciudadano a la Sijín.
Posteriormente, fue conducido por los policías a cuatro lugares en dos taxis y una camioneta: a la carrera 6 con calle 18, una panadería en la calle 3 con carrera 24, una estación de servicio en la calle 26 con avenida Rojas y un sector cercano al aeropuerto.
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En esa estación, entró en juego el mayor Andrés Alberto Salazar Barrero, pero con una identidad distinta, dado que se presentó ante el comerciante como el “mayor Nelson Ríos, de enriquecimiento ilícito y narcotráfico”, presentación que aprovechó para insistir en la tesis de que el contenido de la maleta era dinero ilícito.
Posteriormente, en una calle cercana al Aeropuerto, y tras intimidarlo sobre el problema en el que estaría inmerso, le pidieron que llamara al dueño del dinero desde una venta de minutos ambulante que estaba allí. Cuando descendió del vehículo, intentó ver la placa, pero fue amenazado con un ademán mostrando la pistola de dotación del uniformado en moto y tuvo que hacer la llamada. En ese momento, la camioneta y la moto aceleraron con el botín en mano y el robo quedó consumado.
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