Justicia con los menores de edad: la deuda por los delitos sexuales

“¡Cómo puede ser posible que menos del 1 % de las denuncias por acceso carnal violento en Bogotá vaya a juicio!”, dijo exaltado e indignado el abogado Enrique Gómez Martínez, ante los medios de comunicación, a mediados de noviembre. Sus palabras tuvieron amplia repercusión en las redes sociales, pues su mensaje iba dirigido al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, a quien le impetó sobre su gestión al frente del ente acusador e investigador.

Sin embargo, los datos parecen darle la razón al abogado, aunque solo en parte, pues el panorama podría ser, incluso, más desalentadoras. El flagelo del abuso sexual, el acceso carnal violento y la explotación sexual de menores de edad se presentan por miles al año. Y esto, solo contando los casos que son conocidos mediante denuncias penales ante la Fiscalía y los casos que conoce el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

El rostro de estos casos son varios en la capital y el país. La pequeña Yuliana Samboní, a quien hace cinco años un depredador sexual con apellidos Uribe Noguera la raptó de su barrio para someterla a vejámenes sexuales y luego asesinarla; las víctimas de los sacerdotes pederastas, que han sido revelados por el periodista Juan Pablo Barrientos, así como los casos que en barrios populares, como el presunto abuso sexual -en el barrio Chicalá de Bosa- contra una niña de 14, a quien un sujeto de 21 la llevó a su casa con engaños.

Lea: Abuso sexual contra menores de edad: realidad que va en aumento

Ante este panorama de delitos que afectan la integridad de los menores de edad, son varios los frentes en los que la institucionalidad en Colombia trata de hacerles frente. De hecho, el Bienestar Familiar, solo este año, ha abierto 36 procesos de protección a víctimas de explotación sexual, mientras que en 2020 se abrieron 28.

Por otra parte, la Fiscalía tiene una unidad dispuesta a la atención de denuncias por delitos sexuales y es la entidad sobre la que recae la labor de investigar, acusar y llevar ante la justicia a los presuntos abusadores de menores de edad. No obstante, la lucha para esclarecer y castigar esos delitos pareciera estar perdida en la capital. O al menos eso muestran las cifras sobre la judicialización de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años y actos sexuales con menor de catorce años.

De acuerdo con una base de datos de la Corporación Excelencia en la Justicia conocida por El Espectador, entre los años 2016 y 2021 han llegado a manos de los fiscales en Bogotá 24.449 denuncias por esta conducta punible, un promedio de 4 mil denuncias al año, 300 al mes y once al día.

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Al revisar estos datos extraídos del sistema Spoa (sistema penal oral acusatorio) de la Fiscalía y discriminarlos por año (ver gráfica), se encuentra que Enrique Gómez tiene la razón. Pero con una precisión insalvable: no es el 1 % los que llegan a juicio, sino los que terminan condenados. Esto quiere decir que en 2021 solo el 1,2 % (44) de las denuncias llegaron a una sentencia y en 2020 fue el 1,5 % (59 casos).

Y, por otra parte, aunque el abogado fue impreciso frente a la etapa procesal sobre la que basaba su critica al fiscal Barbosa, lo cierto es que el porcentaje de casos de abuso sexual y actos sexuales con menor de catorce años también se queda corto. Al 31 de octubre de 2021, el 10,7 % (385) de los casos se encontraba en etapa de juicio, cifra inferior si se compara con los años anteriores. Las cifras fueron las siguientes: de las denuncias interpuestas en 2020, el 17,1 % (665) llegaron a esa etapa; en 2019, el 15,1 % (797); en 2018, el 16,4 % (758); en 2017, el 24,8 % (948), y en 2016, el 17,7 % (575).

Ahora bien, en cuanto a los procesos que terminaron con una condena el panorama es parecido. Además de los porcentajes de 2020 y 2021, entre 2016 y 2019 la cifra no superó el 12 %: en 2019, el 2 % (106); en 2018, el 5,4 % (248); en 2017, el 8 % (308) y en 2016, el 12 % (391). Y ni hablar de las noticias criminales que aun están en fase de investigación, en la que la Fiscalía realiza la imputación de cargos y complementa las pruebas que haya recaudado, para poder armar un caso sólido que pueda ganar en juicio.

En 2021, de las 3.608 denuncias interpuestas, 212 (5,9 %) de ellas siguen en investigación, y el número en los cinco años que lo preceden no alcanza ni un punto porcentual: de los casos en 2020, 26 (0,7 %) están en investigación); de 2019, 24 (0,5 %); de 2018, 28 (0,6 %); de 2017, 29 (0,8 %) y de 2016, 21 (0,6 %).

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Para el abogado penalista Gildardo Acosta, este tipo de procesos son difíciles de tratar, pues son conocidos como “delitos de puerta cerrada, toda vez que solo están el agresor, que generalmente son cercanos, y la víctima”. Así mismo, que los menores son protegidos para evitar su revictimización.

Y sobre las cifras presentadas en este informe, recordó que en Colombia, desde febrero de 2021, los delitos sexuales no prescriben, es decir, no tienen tiempo límite para judicializar a los responsables. Sobre el bajo porcentaje de investigaciones, juicios y penas, señaló que “no avanzan, porque en ocasiones, como no hay prescripción de estos delitos, la Fiscalía se toma mucho tiempo para sacarlos adelante”.

Lo cierto es que la no prescripción de delitos contra la integridad de los menores de edad debe ser una herramienta no para que el proceso “duerma el sueño de los justos”, sino para que los menores y sus familias tengan en el sistema judicial una instancia de la que puedan tener una pronta y cumplida justicia.

“¡Cómo puede ser posible que menos del 1 % de las denuncias por acceso carnal violento en Bogotá vaya a juicio!”, dijo exaltado e indignado el abogado Enrique Gómez Martínez, ante los medios de comunicación, a mediados de noviembre. Sus palabras tuvieron amplia repercusión en las redes sociales, pues su mensaje iba dirigido al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, a quien le impetó sobre su gestión al frente del ente acusador e investigador.

Sin embargo, los datos parecen darle la razón al abogado, aunque solo en parte, pues el panorama podría ser, incluso, más desalentadoras. El flagelo del abuso sexual, el acceso carnal violento y la explotación sexual de menores de edad se presentan por miles al año. Y esto, solo contando los casos que son conocidos mediante denuncias penales ante la Fiscalía y los casos que conoce el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

El rostro de estos casos son varios en la capital y el país. La pequeña Yuliana Samboní, a quien hace cinco años un depredador sexual con apellidos Uribe Noguera la raptó de su barrio para someterla a vejámenes sexuales y luego asesinarla; las víctimas de los sacerdotes pederastas, que han sido revelados por el periodista Juan Pablo Barrientos, así como los casos que en barrios populares, como el presunto abuso sexual -en el barrio Chicalá de Bosa- contra una niña de 14, a quien un sujeto de 21 la llevó a su casa con engaños.

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Ante este panorama de delitos que afectan la integridad de los menores de edad, son varios los frentes en los que la institucionalidad en Colombia trata de hacerles frente. De hecho, el Bienestar Familiar, solo este año, ha abierto 36 procesos de protección a víctimas de explotación sexual, mientras que en 2020 se abrieron 28.

Por otra parte, la Fiscalía tiene una unidad dispuesta a la atención de denuncias por delitos sexuales y es la entidad sobre la que recae la labor de investigar, acusar y llevar ante la justicia a los presuntos abusadores de menores de edad. No obstante, la lucha para esclarecer y castigar esos delitos pareciera estar perdida en la capital. O al menos eso muestran las cifras sobre la judicialización de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años y actos sexuales con menor de catorce años.

De acuerdo con una base de datos de la Corporación Excelencia en la Justicia conocida por El Espectador, entre los años 2016 y 2021 han llegado a manos de los fiscales en Bogotá 24.449 denuncias por esta conducta punible, un promedio de 4 mil denuncias al año, 300 al mes y once al día.

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Al revisar estos datos extraídos del sistema Spoa (sistema penal oral acusatorio) de la Fiscalía y discriminarlos por año (ver gráfica), se encuentra que Enrique Gómez tiene la razón. Pero con una precisión insalvable: no es el 1 % los que llegan a juicio, sino los que terminan condenados. Esto quiere decir que en 2021 solo el 1,2 % (44) de las denuncias llegaron a una sentencia y en 2020 fue el 1,5 % (59 casos).

Y, por otra parte, aunque el abogado fue impreciso frente a la etapa procesal sobre la que basaba su critica al fiscal Barbosa, lo cierto es que el porcentaje de casos de abuso sexual y actos sexuales con menor de catorce años también se queda corto. Al 31 de octubre de 2021, el 10,7 % (385) de los casos se encontraba en etapa de juicio, cifra inferior si se compara con los años anteriores. Las cifras fueron las siguientes: de las denuncias interpuestas en 2020, el 17,1 % (665) llegaron a esa etapa; en 2019, el 15,1 % (797); en 2018, el 16,4 % (758); en 2017, el 24,8 % (948), y en 2016, el 17,7 % (575).

Ahora bien, en cuanto a los procesos que terminaron con una condena el panorama es parecido. Además de los porcentajes de 2020 y 2021, entre 2016 y 2019 la cifra no superó el 12 %: en 2019, el 2 % (106); en 2018, el 5,4 % (248); en 2017, el 8 % (308) y en 2016, el 12 % (391). Y ni hablar de las noticias criminales que aun están en fase de investigación, en la que la Fiscalía realiza la imputación de cargos y complementa las pruebas que haya recaudado, para poder armar un caso sólido que pueda ganar en juicio.

En 2021, de las 3.608 denuncias interpuestas, 212 (5,9 %) de ellas siguen en investigación, y el número en los cinco años que lo preceden no alcanza ni un punto porcentual: de los casos en 2020, 26 (0,7 %) están en investigación); de 2019, 24 (0,5 %); de 2018, 28 (0,6 %); de 2017, 29 (0,8 %) y de 2016, 21 (0,6 %).

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Para el abogado penalista Gildardo Acosta, este tipo de procesos son difíciles de tratar, pues son conocidos como “delitos de puerta cerrada, toda vez que solo están el agresor, que generalmente son cercanos, y la víctima”. Así mismo, que los menores son protegidos para evitar su revictimización.

Y sobre las cifras presentadas en este informe, recordó que en Colombia, desde febrero de 2021, los delitos sexuales no prescriben, es decir, no tienen tiempo límite para judicializar a los responsables. Sobre el bajo porcentaje de investigaciones, juicios y penas, señaló que “no avanzan, porque en ocasiones, como no hay prescripción de estos delitos, la Fiscalía se toma mucho tiempo para sacarlos adelante”.

Lo cierto es que la no prescripción de delitos contra la integridad de los menores de edad debe ser una herramienta no para que el proceso “duerma el sueño de los justos”, sino para que los menores y sus familias tengan en el sistema judicial una instancia de la que puedan tener una pronta y cumplida justicia.