Juzgado encuentra responsable a la Policía por masacre de jóvenes en CAI de Soacha
El Espectador conoció en exclusiva la sentencia en primera instancia del Juzgado de Bogotá, por hechos presentados el 4 de septiembre de 2020, cuando ocho jóvenes fallecieron, ante la supuesta mirada impávida de los policías custodios
El pasado 24 de octubre, el juzgado 61 Administrativo del Circuito de Bogotá condenó a la Policía Nacional por la muerte de Juan David Rojas Ordoñez y Anderson Steven Méndez, y por las lesiones sufridas a Carlos Duván García Valbuena, como consecuencia de un incendio dentro de la estación de Policía San Mateo en Soacha. Así lo conoció en exclusiva El Espectador.
La decisión del juzgado fue declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Policía Nacional, condenándolos a indemnizar al recluso herido y a su familia, y a los familiares de dos de los internos que fallecieron, por concepto de perjuicios inmateriales. La demanda a la Nación fue interpuesta por el abogado Javier Villegas Posada.
“Esta sentencia desnuda la perversa y cruel realidad del sistema penitenciario en Colombia. La vulneración generalizada e indiscriminada a los derechos fundamentales de la población carcelaria, aunada a la prolongada omisión del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones para preservarlos, es una afrenta sistemática al estado de derecho y a la dignidad humana”, subrayó el abogado.
Lea más: Cuatro años de la masacre en el CAI de San Mateo, sin sentencia ni reparación
El 4 de septiembre de 2020, en una celda de no más de 25 metros cuadrados, había 11 detenidos, quienes estaban en condiciones inhumanas de hacinamiento, falta de acceso a baños y comida digna. A las 11:00 de la mañana, las familias llegaron a visitarlos, pero no se les permitió el ingreso. Fue a las 2:10 de la tarde cuando uno de los reclusos encendió una cobija que provocó el incendio.
“Me arrinconé, empecé a sentir que me estaba quemando las piernas. Le gritamos al custodio que nos abriera, que nos estábamos quemando y la respuesta de él fue: ‘Pues quémense’, mostrando las llaves”, dijo un privado de la libertad que se salvó.
La práctica de pruebas de la Fiscalía relató cómo un patrullero externo al CAI fue quien terminó abriendo la celda, tras escuchar por radio que se necesitaban refuerzos. Él fue quien le quitó las llaves a su compañero y tardó solo cinco minutos en abrir la celda y evacuar a los detenidos, que ya estaban con heridas de gravedad.
Le puede interesar: Bogotá cada vez más intolerante y lejos de saber cómo resolver conflictos
A la fecha, los policías imputados se encuentran en libertad, luego de que el Juzgado Sexto Penal Municipal de Soacha retirara la medida preventiva en centro carcelario, por vencimiento de términos, decisión que tomó a pesar de que eran tres los procesados, lo que duplicaba los tiempos procesales.
Según cifras del propio Inpec, solo entre 2012 y 2022 murieron en Colombia víctimas de incendios 83 personas privadas de la libertad, mientras que otras 178 resultaron heridos por esa causa.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
El pasado 24 de octubre, el juzgado 61 Administrativo del Circuito de Bogotá condenó a la Policía Nacional por la muerte de Juan David Rojas Ordoñez y Anderson Steven Méndez, y por las lesiones sufridas a Carlos Duván García Valbuena, como consecuencia de un incendio dentro de la estación de Policía San Mateo en Soacha. Así lo conoció en exclusiva El Espectador.
La decisión del juzgado fue declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Policía Nacional, condenándolos a indemnizar al recluso herido y a su familia, y a los familiares de dos de los internos que fallecieron, por concepto de perjuicios inmateriales. La demanda a la Nación fue interpuesta por el abogado Javier Villegas Posada.
“Esta sentencia desnuda la perversa y cruel realidad del sistema penitenciario en Colombia. La vulneración generalizada e indiscriminada a los derechos fundamentales de la población carcelaria, aunada a la prolongada omisión del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones para preservarlos, es una afrenta sistemática al estado de derecho y a la dignidad humana”, subrayó el abogado.
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El 4 de septiembre de 2020, en una celda de no más de 25 metros cuadrados, había 11 detenidos, quienes estaban en condiciones inhumanas de hacinamiento, falta de acceso a baños y comida digna. A las 11:00 de la mañana, las familias llegaron a visitarlos, pero no se les permitió el ingreso. Fue a las 2:10 de la tarde cuando uno de los reclusos encendió una cobija que provocó el incendio.
“Me arrinconé, empecé a sentir que me estaba quemando las piernas. Le gritamos al custodio que nos abriera, que nos estábamos quemando y la respuesta de él fue: ‘Pues quémense’, mostrando las llaves”, dijo un privado de la libertad que se salvó.
La práctica de pruebas de la Fiscalía relató cómo un patrullero externo al CAI fue quien terminó abriendo la celda, tras escuchar por radio que se necesitaban refuerzos. Él fue quien le quitó las llaves a su compañero y tardó solo cinco minutos en abrir la celda y evacuar a los detenidos, que ya estaban con heridas de gravedad.
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A la fecha, los policías imputados se encuentran en libertad, luego de que el Juzgado Sexto Penal Municipal de Soacha retirara la medida preventiva en centro carcelario, por vencimiento de términos, decisión que tomó a pesar de que eran tres los procesados, lo que duplicaba los tiempos procesales.
Según cifras del propio Inpec, solo entre 2012 y 2022 murieron en Colombia víctimas de incendios 83 personas privadas de la libertad, mientras que otras 178 resultaron heridos por esa causa.
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