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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) omitió este martes 13 de febrero, por tercera vez consecutiva, entregarle al Congreso de la República el informe que la entidad contrató con la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), en el que pedían estudiar diversas alternativas constructivas para la primera línea del metro.
La omisión causó molestia en la subcomisión encargada de dar seguimiento a las obras del proyecto férreo, lo que motivó una advertencia en contra de los funcionarios: esta actitud podría constituir una falta disciplinaria de la directora de la ANI, Carolina Barbanti.
Ante la actual situación, la representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, solicitó a la Procuraduría General de la Nación adelantar una investigación, no solo contra la directora de la ANI, sino también contra otros funcionarios, que podrían haber estado involucrados en la negativa de entregar este crucial estudio al Congreso, entidad encargada de ejercer control político sobre el Gobierno Nacional.
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Por medio de una entrevista de la congresista con RCN, esta mencionó: “Queda claro que este informe no es vinculante y que aquí hay una responsabilidad jurídica y financiera que recae no solo en el gerente del metro, también en los funcionarios y en la junta directiva del Metro de Bogotá”, aclaró Arbeláez. De igual forma, advirtió sobre las posibles implicaciones jurídicas y financieras de cualquier decisión que se tome respecto al cambio en el objeto del contrato.
Arbeláez expresó su pesar por la negligencia de la ANI al ocultar información pública y solicitó a los entes de control que investiguen las posibles faltas de los funcionarios involucrados. “Es lamentable que la ANI esté ocultando información que es pública”, mencionó.
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A la Procuraduría General de la Nación la invitaron a intervenir y a realizar investigaciones sobre posibles faltas disciplinarias de los funcionarios, que se resisten a entregar la información solicitada, incluso cuando existe una orden judicial, que exige la entrega del documento.
El senador David Luna ha planteado la posibilidad de que la directora de la ANI esté incurriendo en prevaricato, al no cumplir con la obligación de entregar el informe que el Congreso ha solicitado en repetidas ocasiones en las últimas semanas. La situación promete generar más tensiones y aumentar la presión para la rendición de cuentas.
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