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Una de las más grandes apuestas de esta administración es sacar este año el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que define la planificación urbana y rural de la ciudad por los próximos 12 años. No es una tarea fácil, pues los últimos dos alcaldes lo han intentado de forma fallida, y aunque Claudia López ha insistido en que se tomará lo mejor de las dos propuestas, hay temas que siempre serán complejos. La base principal será la protección de la estructura ecológica principal, es decir, tanto el río Bogotá y los cerros orientales, como los humedales y la reserva Van der Hammen. Esto, en temas urbanísticos y de vivienda, implica que se le restará protagonismo a la expansión para priorizar la revitalización, estrategia que, vale resaltar, a la fecha ha sido poco exitosa. Pero, ¿en qué consiste?
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El documento base indica que una de las deudas de la ciudad es la implementación de una estrategia que permita intervenir los espacios vinculando a las comunidades, así como al patrimonio, las dinámicas ambientales y culturales, “con estándares adecuados de espacio público, servicios dotacionales, redes de servicios, movilidad adecuada y mezcla racional de usos”, que eviten fenómenos de expulsión urbana de los más vulnerables. Es decir, la idea es poner en marcha un plan que permita renovar las zonas que se han deteriorado, pero evitando la gentrificación (desplazar a los residentes para construir viviendas más costosas) y, a partir de la participación ciudadana y la identificación de sus necesidades, sacar adelante un completo proceso de renovación urbana.
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Esta visión no quiere decir que se dejará de construir en áreas de expansión, sino que este POT priorizará zonas dentro de la ciudad, mientras que a nivel regional se promoverá la desconcentración urbana y se atenderá la conurbación, fenómeno a través del cual dos lugares poblados cercanos terminan creciendo hasta unirse, como ocurre en los límites de Bogotá con Soacha. La renovación, según el POT vigente, se puede hacer por reactivación, permitiendo construcción en altura donde hay equipamientos, espacios públicos y vías suficientes, o por redesarrollo, que requiere nuevas obras y una nueva norma urbanística que, por lo general, se tramita como planes parciales. No obstante, al respecto, Yency Contreras, profesora del Instituto de Estudios Urbanos de la U. Nacional, ha alertado que en esta materia han sido pocos los procesos exitosos.
Lo que ha pasado, explica, es que se ha dejado de lado la idea de revitalización (el reuso de edificaciones) y ha primado la reurbanización de grandes áreas. “Hasta ahora Bogotá se ha densificado a través de la renovación predio a predio (tumbando una casa para hacer edificios), lo que a menudo se acompaña de procesos de gentrificación”, señaló en un análisis publicado en El Espectador. A esto se le suman la desconfianza ciudadana, que se ha generado alrededor del tema, pues en los casos en que las constructoras no llegan a acuerdos con los habitantes se inician procesos de expropiación. En otros no se llegan a satisfacer por completo las necesidades viales, equipamientos o espacio público.
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Sobre esto Mario Avellaneda, experto en planeación urbana, dice que es importante que se den posibilidades técnicas, arquitectónicas y financieras a los habitantes para quedarse en sus entornos. Además, se deben fijar condiciones claras de la mezcla de actividades, los límites de alturas o incrementos de área construida, y las garantías para generar más espacio público y mejores condiciones en las zonas intervenidas. “Es clave decir que en la ciudad hay muchos barrios con edificios de hasta de tres pisos, en donde este tipo de gestión puede ser exitosa, diferente a las zonas con multifamiliares y edificios de más altura, en donde la estrategia de revitalización debe concentrarse en la revaloración urbanística de los edificios existentes”.
En este punto, la arquitecta Doris Tarchópulos, profesora de la U. Javeriana, indica que el POT debe apuntarle a contrarrestar el desequilibrio urbano como la falta de vivienda de interés prioritario y social (VIP y VIS) o el sector informal. “Se deben dar reglas de juego a los privados, porque ellos tampoco pueden perder. No hay que satanizar al constructor, es ponerse de acuerdo con algo que ya está inventado”. Los expertos concuerdan en que esto requiere un fortalecimiento del sector público, pero además de inversión, que busque mejorar las ofertas de vivienda VIS y VIP no solo en las periferias, sino en lugares donde se cuente con acceso a equipamientos, pues ya, de por sí, más de la mitad de los edificios que se construyen se hacen dentro de la ciudad.
Para Carlos Roberto Pombo, presidente de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, sumado a esto, se requiere prestarle más atención a la demanda efectiva de vivienda y que esté relacionada tanto con la salida de ciudadanos a municipios cercanos, la migración venezolana, los efectos de la pandemia, así como en la economía y en el crecimiento de la población. “El POT debería ser más realista y considerar los problemas, en especial, de las personas con menos ingresos que, al final, son las que más vivienda demandan”.
Dentro de estos factores falta por determinar los intereses y las posibilidades de los extranjeros de adquirir vivienda; la conformación de sus familias e intereses, así como un análisis de las consecuencias de la pandemia, pues desde el sector de la construcción ya se indica que el teletrabajo ha motivado la compra de vivienda en ciudades cercanas como Villavicencio. A esto se debe sumar que, según cifras de nacimientos reveladas por el DANE, estos se redujeron casi un 10 % en 2020, en comparación con el año anterior.
Tarcópulos considera que en este punto lo importante es no volver a centrar la discusión solo en los censos, como ocurrió con el POT del exalcalde Enrique Peñalosa. “Un plan territorial es tan complejo que no solo se debe abordar con las proyecciones de poblaciones. Hay cuestiones territoriales importantes, como el fenómeno regional o corregir los desequilibrios. No hemos logrado una cordura técnica, y a eso me refiero cuando hablo del modelo de ciudad futura”.
Lo cierto es que el Distrito trabaja a contrarreloj para tener listo el documento que se discutirá con la ciudadanía y se entregará para concertación a la CAR Cundinamarca, con la esperanza de que el proceso se complete en menos de tres meses, para abrir en julio los espacios de socialización y en el segundo semestre radicarlo en el Concejo. Por ahora, la Secretaría de Planeación quiere presentarle el plan a la ciudadanía resumido en siete objetivos, que le apuestan a la protección de la estructura ecológica, la recuperación del patrimonio, la integración regional y por una ciudad más compacta. Todo con el fin de que la información sea más clara y cercana.
Lo complejo en este punto es que esto sucederá en medio de la contienda preelectoral, por lo que seguro la discusión se politizará en esta última instancia. Al respecto, Tarchópulos insiste en que debe primar la solución a las problemáticas urbanísticas y al mejoramiento de la calidad de vida, “Por eso estoy haciendo una llamado a la cordura técnica, a la política de verdad y no populista”. Pombo, por su parte, cree que se debe blindar el proyecto e incluir revisiones cada tres años, pues está claro que tuvo que replantearse por la pandemia, pero hay temas que aún no se han terminado de analizar.